En el marco de diversas investigaciones desarrolladas por la Unidad Fiscal Rosario y procuradurías especializadas, el Ministerio Público Fiscal presentó tres acusaciones contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial.

Las acusaciones fueron presentadas por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), fiscal general Diego Velasco; el fiscal federal coadyuvante de la Delegación Rosario de esa Procuraduría, Juan Argibay Molina;  el fiscal general de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, el titular de la  Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el fiscal federal Matías Scilabra, de la PROCUNAR Región NEA, y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Estas presentaciones por escrito —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituyen el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral, y las condiciones en las que se realizará.

En el caso que contiene la imputación de mayor entidad, se atribuyó a Bailaque la comisión de los delitos de prevaricato abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos y se estimó la pena cuya imposición se requerirá en el juicio, en  10 años de prisión, 5 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, 5 años de inhabilitación absoluta y multas.

Además, los fiscales solicitaron la unificación de los casos y el tratamiento de las acusaciones en un único juicio oral que posibilite la valoración conjunta de la prueba, por existir conexidad subjetiva entre varios de los hechos investigados.

Bailaque —quien se encuentra en la actualidad sujeto al régimen de prisión domiciliaria— también fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en una investigación originada en la demora en la tramitación de una causa de 2013 en la que era investigado el condenado por delitos de narcocriminalidad Esteban Lindor Alvarado, y por el desvió de fondos judiciales de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín.

Trama de corrupción

“Las circunstancias presentan una gravedad institucional excepcional. El imputado actuó desde el máximo nivel de poder estatal, utilizando su cargo de juez federal como herramienta delictiva, lo cual constituye una de las formas más lesivas de corrupción pública, ya que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho: quien debía garantizar la legalidad, la vulneró deliberadamente, poniendo la estructura judicial al servicio de un interés privado y delictivo”, expusieron los fiscales, al fundamentar su solicitud.

Agregaron que “las conductas atribuidas a Bailaque configuran un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial. No se trata de un acto aislado ni de un abuso funcional puntual, fue un plan delictivo prolongado en el tiempo que combinó extorsión, manipulación institucional y reciclaje de fondos provenientes del delito”.

Según una de las acusaciones, a partir de una compleja investigación impulsada por la PROCELAC, se lograron reunir elementos para atribuirle al exmagistrado tres hechos principales, en los que también quedaron involucrados el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Público local (AFIP, hoy ARCA), Carlos Vaudagna.

• Maniobra de extorsión: Según el MPF, desde mediados de 2019 y hasta el 22 de noviembre de 2024, Bailaque coordinó con el empresario Whpei, el escribano Busaniche y el entonces funcionario Vaudagna, una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios C.I. y J.O., con el objetivo dañar la reputación de I., y perturbar su carrera profesional en empresas del Grupo San Cristóbal. Para no perjudicarlo en una causa penal, a I. le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima entregó 160.000, entre octubre de 2019 y marzo 2022.
• Pagos encubiertos bajo contrato de alquiler: El segundo hecho atribuido a Bailaque abarca el período comprendido entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. En ese contexto, se lo acusa por haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos. Segú los fiscales, esos pagos estuvieron motivados en su condición de juez federal y fueron encubiertos mediante un contrato de locación de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Los ingresos fueron declarados como lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
• La compra de un lote con fondos ilícitos: En un tercer hecho, quedó vinculada la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion. Según los fiscales, en agosto de 2020, ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que una empresa constructora tenía sobre un lote ubicado en el complejo “Vida Barrio Cerrado” de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Para la adquisición, se pagaron 70.000 dólares en efectivo, monto que —según la acusación— resultaba inferior al valor real de mercado. Desde entonces, el matrimonio tomó posesión del terreno y lo administró.

Calificaciones legales y pedido de penas

De acuerdo a la ponderación global de los hechos investigados, para los representantes del MPF, las conductas de Bailaque encuadran en los siguientes delitos, en carácter de autor:

• Concurso ideal de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público.
• Concurso ideal de los delitos de extorsión y concusión.
• Recepción de dádivas.
• Lavado de activos de origen ilícito agravado por el carácter de funcionario público.

En función de las circunstancias del caso, la magnitud del daño institucional y la posición de poder del imputado, la fiscalía estimó la pena imponible a Bailaque en 10 años de prisión , 5 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, y absoluta por 5 años, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado, y a tres veces el de las dádivas.

Por su parte, Busaniche está acusado de haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público.

“Su intervención fue determinante para la consumación de los delitos. En su rol de operador, instigó a Vaudagna y a Bailaque para que abusaran de sus funciones para armar la causa penal contra C. I., y J.O., punto de partida para la ejecución del plan”, destaca la acusación.

Para el escribano, la fiscalía estimó la pena aplicable en 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y especial por 6 años para ejercer la profesión de escribano, y la inhabilitación para obtener otra función de la misma especie mientras dure la condena.

A su vez, Martínez Maulión fue acusada del delito de lavado de activos de origen ilícito agravado porque tratarse el autor de un funcionario público. “La conducta desplegada tiene su génesis en un delito grave como la extorsión, y las acciones que protagonizó junto con su esposo para disimular la incorporación de los derechos de un lote al patrimonio familiar; en especial, la forma escogida para llevar a cabo la operación inmobiliaria, para la que se valió de sus conocimientos profesionales del derecho”, describieron los fiscales.

Para la esposa de Bailaque, el MPF estimó la pena aplicable en 4 años y 6 meses de prisión, multa equivalente tres veces el monto lavado, y 3 años de inhabilitación especial para ejercer el empleo público, que actualmente desempeña, y la inhabilitación para obtener otro de la misma especie durante la condena. Asimismo, en este legajo, los fiscales pidieron el decomiso de dispositivos electrónicos, de los derechos de escrituración del lote en Funes y del inmueble en Caleta Olivia.

Además de realizar el ofrecimiento de pruebas con vistas a un debate unificado, el MPF solicitó el decomiso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de los requeridos a juicio, derechos de escrituración del lote del Barrio Privado Vida, y del inmueble en Caleta Olivia.

Las restantes acusaciones

En el marco de la investigación relacionada a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, Bailaque fue acusado por ser autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, en concurso real. Se le atribuyó, en su carácter de juez, haber tomado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, en las que ocultó deliberadamente su relación con Whpei, con el fin de favorecerlo.

Para la fiscalía, quedó acreditado que, en diciembre de 2020, dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que se registraban en las entidades bancarias pertenecientes a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios; y que el 11 de febrero del 2021 mantuvo la intervención de la cooperativa y firmó un decreto para rechazar la constitución como querellantes de los asociados de la cooperativa.

Además, el 23 de febrero del 2021, rechazó un planteo de los socios de la cooperativa que solicitaron se revoque la resolución por la cual se prorrogó la intervención; y el 13 de abril de 2021 firmó un decreto por el cual dispuso el desbloqueo de los fondos depositados en los bancos Macro, Coinag y Galicia pertenecientes a la cooperativa. Bailaque dispuso la autorización para liberar, primero 150 millones de pesos y luego, en abril de 2021, otros mil millones, a los fines de operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente era Whpei.

Al presentar la acusación, estimaron la pena aplicable en la de 2 años de prisión (la máxima contemplada para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público) y multa económica, inhabilitación especial por 4 años e inhabilitación absoluta perpetua. El fiscal Reynares Solari indicó que “todos los delitos fueron cometidos con dolo directo y con pleno dominio” por parte de Bailaque, quien “usufructuó su calidad de juez federal para llevar adelante su plan criminal”.

“La relevancia institucional que conlleva el rol que ocupaba Bailaque tornan a este caso de una gravedad inusitada sin precedentes en la jurisdicción, que deben operar como agravantes”, agregó.

Retardo en una causa sensible de narcocriminalidad

La restante acusación está relacionada con el accionar de Bailaque como juez en investigaciones a la organización criminal liderada por el condenado jefe narcocriminal Alvarado. Fue presentada en noviembre de 2025 y también comprende al contador Gabriel Mizzau. Allí se le atribuye haber dictado resoluciones contrarias a la prueba y a los impulsos fiscales entre 2014 y 2015, lo que provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exjuez y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.

Los delitos atribuidos en este caso son incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato, en concurso ideal, en carácter de autor. La acusación describe una actuación jurisdiccional direccionada que se apartó deliberadamente de los deberes de imparcialidad, legalidad y persecución penal que le incumbían como magistrado federal.

Por su parte, a Mizzau se le imputa el delito de lavado de activos agravado, en carácter de autor, por haber intervenido como contador y auditor externo de sociedades utilizadas para canalizar y legitimar fondos provenientes de actividades criminales. La acusación detalla su rol profesional dentro del entramado societario vinculado a Alvarado y su relación personal y funcional con Bailaque, que habría contribuido a sostener la operatoria ilícita.