En línea con lo planteado por el MPF

Rosario: el exjuez Marcelo Bailaque será juzgado en un único debate oral por tres investigaciones sobre hechos de corrupción

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso la unificación de los tres legajos en función de la conexidad entre los hechos atribuidos al exmagistrado. En su acusación, la fiscalía anticipó que prevé solicitar una pena de 10 años de prisión. Además, se prorrogó por seis meses su arresto domiciliario.

A instancias de la Unidad Fiscal Rosario, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió que las tres acusaciones que tienen como imputado al exjuez federal Marcelo Bailaque sean debatidas en un único juicio oral y público. La decisión se adoptó luego de que concluyeran las audiencias de control de la acusación de los tres casos en los que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuye distintos hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función judicial.

En la misma resolución, a requerimiento del MPF y en función de la gravedad de los hechos y los riesgos procesales, los jueces prorrogaron el arresto domiciliario que cumple Bailaque -con monitoreo electrónico-, por seis meses o hasta la apertura del juicio oral, lo que ocurra primero.

De acuerdo con la estimación efectuada por el MPF, el exmagistrado enfrentará un pedido de pena de 10 años de prisión además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. Entre los delitos atribuidos se encuentran los de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.

En las investigaciones intervinieron el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), fiscal general Diego Velasco; el fiscal federal coadyuvante de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; el fiscal general de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el fiscal federal Matías Scilabra, de la PROCUNAR Región NEA; y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Un único debate oral

Los jueces de revisión Elida Vidal y Aníbal Pineda dieron a conocer el jueves pasado la resolución que dispuso la unificación de las tres acusaciones formuladas contra Bailaque en un único juicio oral y público. La decisión se conoció luego de que finalizaran las audiencias de control de la acusación en investigaciones que tramitaron en tres diferentes legajos del MPF.

La fiscalía había solicitado que las  imputaciones fueran tratadas conjuntamente desde la audiencia de formalización de la investigación realizada en noviembre de 2024. En febrero de 2026, una vez concluidas las pesquisas y presentadas las acusaciones, reiteró el planteo para realizar un único debate para que la prueba sea valorada de manera conjunta por existir conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados.

El exjuez federal Marcelo Bailaque (de espaldas y saco azul) durante la audiencia de formalización en noviembre de 2024. Foto de archivo: Claudio González / MPF

Al fundamentar la decisión, el juez Pineda señaló: “Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”.

Consideró que correspondía unificar los tres legajos en un único acto de apertura a juicio, en función de la “estrecha vinculación subjetiva, fáctica y procesal” entre ellos y de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, concentración y celeridad que orientan el sistema acusatorio.

Por su parte, la jueza Vidal señaló que la unificación resultaba conveniente por razones de economía procesal y celeridad. “Es la misma persona investigada en tres legajos, debe existir una comunidad de análisis de los elementos que conforman la investigación. Se debe respetar la unidad de reacción penal, porque el proceso es el vehículo para aplicar la norma penal”, destacó.

Prórroga de la prisión preventiva

Los jueces también resolvieron prolongar la medida coerción que cumple Bailaque desde que fue imputado: arresto domiciliario con vigilancia mediante un dispositivo electrónico de monitoreo.

La prórroga fue dispuesta por seis meses o hasta la apertura del juicio oral, lo que suceda primero. Entre los fundamentos se ponderaron los riesgos procesales señalados por la fiscalía, en particular la necesidad de resguardar a testigos, algunos de ellos empleados judiciales y otros vinculados con el coimputado Santiago Busaniche.

Además, los jueces tuvieron en cuenta que, de acreditarse la acusación, la pena en expectativa inevitablemente será de efectivo cumplimiento.

Las extorsiones

En el legajo impulsado por la PROCELAC se investigan tres hechos de extorsión y recepción de dádivas. En esa investigación también están involucrados el escribano Busaniche, el financista Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente ARCA, Carlos Vaudagna.

Según la acusación fiscal, desde mediados de 2019 y hasta noviembre de 2024, Bailaque coordinó con Whpei, Busaniche y Vaudagna una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y administrativas contra los empresarios identificados como C.I. y J.O con el objetivo de perjudicar la reputación del primero y perturbar su carrera profesional. Además, para evitar que resultara perjudicado en una causa penal, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales entregó 160.000.

Otra de las imputaciones comprende el período entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando Bailaque se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. En ese período, se lo acusa de haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos.

En el tercer hecho quedó vinculada la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion. De acuerdo con la acusación del MPF, en agosto de 2020 ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones sobre un lote ubicado en un barrio cerrado de Funes. Para concretar la operación habrían abonado 70.000 dólares en efectivo, un monto inferior al valor real de mercado.

El desvío de fondos de una cooperativa

La segunda de las imputaciones que llegará a juicio está vinculada con su accionar como magistrado en la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. En este caso, la fiscalía le atribuyó a Bailaque haber adoptado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho y haber ocultado deliberadamente su relación con el empresario Whpei, con el propósito de favorecerlo.

Según la acusación, en diciembre de 2020 el entonces juez dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que la cooperativa tenía en distintas entidades bancarias para su posterior colocación en mutuales sobre las cuales el financista tenía control. En febrero de 2021 mantuvo la intervención judicial y rechazó la constitución como querellantes de los asociados.

Posteriormente, en abril de ese año, firmó un decreto mediante el cual ordenó liberar los fondos de la cooperativa depositados en entidades bancarias. En una primera instancia autorizó la liberación de 150 millones de pesos y luego de otros 1.000 millones, para realizar operaciones financieras con el Grupo Unión S.A. y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, entidades ligadas a Whpei.

Demoras en investigaciones sobre narcotráfico

La tercera acusación, presentada en noviembre de 2025, está relacionada con el desempeño de Bailaque en investigaciones sobre la organización narcocriminal liderada por el condenado Esteban Lindor Alvarado. En este caso también está imputado el contador Gabriel Mizzau.

De acuerdo con la tesis del MPF, entre 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como juez federal, Bailaque dictó resoluciones contrarias a lo que en derecho correspondía conforme las pruebas reunidas y las propuestas de la fiscalía. Esa conducta provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exmagistrado y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.

Calificaciones legales y pedido de pena

En función de la valoración conjunta de los hechos investigados, el MPF atribuyó a Bailaque, en carácter de autor, los siguientes delitos:

  • Concurso ideal de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público.
  • Concurso ideal de extorsión y concusión.
  • Recepción de dádivas.
  • Lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.

Por el conjunto de las conductas, la fiscalía estimó las penas aplicable en 10 años de prisión, cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco años de inhabilitación absoluta y multas equivalentes a cinco veces el monto de la operación de lavado atribuidas y a tres veces el valor de las dádivas percibidas.