La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ratificó la competencia de la justicia ordinaria para continuar con la investigación del lavado de más de mil millones de dólares que involucra a ejecutivos argentinos y franceses y a empleados del banco BNP Paribas, y le indicó al juez Osvaldo Rappa que debe "resolver la situación procesal de las personas acusadas y formalmente indagadas hace ya varios meses".

La resolución, fechada el 18 de mayo pasado, fue firmada por los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimoldi, y va en línea con la postura del fiscal Sandro Abraldes y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De esta forma, el tribunal de apelación revirtió el pronunciamiento del juez Rappa, quien se declaró incompetente por segunda vez desde que tiene a su cargo la causa. En esta última oportunidad lo hizo, incluso, cuando aún estaba pendiente de resolución la situación procesal de los 22 ejecutivos y empleados imputados que indagó entre julio de 2014 y agosto de 2015.

"El pretendido pase a la justicia federal de un caso en el que la competencia ya ha sido planteada y resuelta en ambas instancias y tras una compleja investigación, sólo importaría una privación de justicia en desmedro del principio de economía procesal y de la estabilidad de las decisiones judiciales como presupuesto ineludible para la seguridad jurídica", indicaron los camaristas.

En esa línea, pusieron de relieve "los años que han transcurrido desde una decisión a otra, a lo que cabe agregar ahora los años de tramitación del expediente -2009-, y que en poco tiempo se está por cumplir un año desde la última audiencia indagatoria, sin que hasta la fecha se haya resuelto la situación procesal de los imputados".

"Previo a revisar la competencia -insistieron los camaristas- el señor juez de grado debió haberse expedido por el fondo del asunto".

En efecto, los fiscales Paula Asaro, Horacio Azzolín y la Procelac habían reclamado el 28 de septiembre pasado el procesamiento de los 22 imputados.

Al declararse incompetente, el juez Rappa sostuvo que había sospechas fundadas de que el dinero lavado a través de servicios financieros clandestinos prestados por la oficina de Banca Privada del BNP en Buenos Aires provenía de la evasión fiscal y que las causas por ese delito contra cada uno de los clientes del banco estaban siendo investigadas -en razón de la materia- en el fuero federal. Por esa razón, indicó, el caso de lavado debía continuar su tramitación en ese fuero.

El argumento es el mismo que el magistrado empleó en 2011 para desprenderse del caso y la Cámara hizo notar esa situación en su resolución: "Advertimos que los motivos ahora expuestos no han variado sino que, por el contrario, la investigación desde sus inicios tuvo el mismo rumbo, avanzando progresivamente las diversas etapas del proceso".

En efecto, la Cámara reiteró en su resolución que no se puede atar el destino de esta causa al resultado de otras radicadas en otro fuero, pues "lo contrario importaría una dependencia del resultado de esta con aquella, que no resiste el menor análisis".

Servicio clandestino

En la causa se ha consolidado la hipótesis de que el banco le vendía a sus clientes el servicio clandestino de colocar y administrar en el exterior sus divisas no declaradas a través de sociedades extranjeras que operaban con el BNP, que oficiaban como "cuentas de paso", para que el dinero culminara su ruta en las sucursales de la entidad de capital francés en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas. Allí, los fondos no estaban al alcance del control de las autoridades públicas en materia fiscal de la Argentina.

Esas maniobras se concretaban a través de la oficina de Clientela Privada Internacional del BNP Paribas Buenos Aires, que estaba situada en el piso 27 del edificio ubicado en Leandro N. Alem 855. Ese recinto funcionaba por fuera de la órbita de control del Banco Central y del resto de los organismos del sistema financiero.

Se estima que entre 2000 y 2008 desde esa oficina se lavaron más de mil millones de dólares. Sólo en 2005, el banco ganó 1,8 millones de euros en concepto de comisiones por la administración de esos fondos.