En una jornada con interrupciones -debido a cortes de energía eléctrica que se sucedieron en el domicilio del juez Pablo Díaz Lacava y en el penal de Ezeiza, desde donde seguían el juicio cuatro de los imputados- el fiscal federal González Da Silva comenzó su alegato en el juicio conocido como “Bobinas Blancas”, en el que se juzga a siete integrantes de una organización narcocriminal que operaba a escala internacional.

De forma virtual, el representante del Ministerió Público Fiscal comenzó su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca destacando la importancia de este debate oral y público, por ser el caso de mayor secuestro de estupefacientes en el país a una organización internacional dedicada al narcotráfico y por ser el primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.

El fiscal además repasó las diversas dificultades que tuvo el juicio, por la gran documentación que se obtuvo en toda la investigación y los problemas a la hora de procesarla; y porque la causa debió ser juzgada en la jurisdicción de Campana, ya que ahí fue investigada la maniobra y allí se tomó declaración a los testigos.

Durante su exposición -que es la primera de tres y continuará mañana y el viernes- González Da Silva se centró en explicar cómo operaba la organización, en la sofisticada maniobra a la hora de esconder la droga y en el mecanismo del lavado de activos que realizó uno de los imputados a través de la moneda bitcoins.

La organización delictiva

En su alocución, el fiscal recordó que la causa comenzó en 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió dilucidar una organización narcocriminal muy sofisticada, integrada por los siete imputados –tres ciudadanos mexicanos y cuatro de nacionalidad argentina-, que recibían financiamiento desde México y que operaban en Argentina a través de la firma “Can Trade Connections”.

Los paquetes rectangulares de cocaína eran ubicados dentro de bobinas adecuadas para guardar la droga y repeler los métodos de detección a partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor.

En ese sentido, destacó que las órdenes en la organización las ejercían los mexicanos hacia los cuatro argentinos, dos de los cuales eran hermanos que se encargaban de administrarles los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los mexicanos. A su vez, otro de los argentinos colaboraba en la importación de equipos y maquinas para acondicionar los estupefacientes, en el encargo del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y en realizar los trámites de exportación de ese material. Mientras que el cuarto argentino se dedicaba al lavado de activos a través de las criptomonedas.

La ocultación de los estupefacientes

El fiscal describió de forma detallada cómo fue el método empleado por parte de la banda para camuflar los estupefacientes en los envíos que realizaban al exterior, y la meticulosa construcción, que consistía en paquetes rectangulares de cocaína ubicados dentro de las bobinas, adecuadas especialmente para guardar la droga y repeler todo posible método de detección a partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor.

En ese sentido, detalló que las estructuras parecían de acero normal, pero que estaban huecas, recubiertas por cintillas y láminas de acero, en las que colocaban los panes de cocaína y una batería entre estos para generar un campo electromagnético, que permitiese saltar los controles durante la exportación de los rollos.

Lavado a través de criptomonedas

Uno de los últimos puntos que abordó hoy el fiscal, al cual destacó por constituirse como un primer antecedente jurisprudencial en la materia, tiene que ver con el lavado de activos en criptomonedas que ejecutaba uno de los imputados de la organización.

Sobre el rol del imputado, el fiscal lo acusó de haber convertido, transferido y de haber colocado en el mercado financiero 468.400 dólares provenientes del tráfico de estupefacientes, desde marzo a junio de 2017. En este aspecto, detalló que el imputado aportó sus conocimientos y su experiencia que tenía en el rubro financiero, conocido como Fintech, para adaptarlo a un plan delictivo narcocriminal.

González Da Silva destacó que las operaciones fueron efectuadas fuera de los canales legales y convencionales para la transferencia bancaria internacional, con el objetivo de evadir la supervisión de los organismos públicos, como el Banco Nación, la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).  Por último, aclaró que el sistema de transferencias de criptoactivos es legal pero que su funcionamiento facilita la entrada de activos ilegales, ya que opera por fuera de los controles públicos.