El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, quien falleció en 2019. En el debate, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.

Los acusados

Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Los dos primeros están acusados de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.

“Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.

Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.

Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.

El ya fallecido abogado Carlos Salvatore en la casa del barrio porteño de Belgrano R donde cumplió prisión domiciliaria. Foto de archivo: Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.

“Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.

En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024.

Carbón Blanco

En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.

En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.

Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.

En el juicio oral por lavado intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).