El fiscal Federal de Córdoba Enrique Senestrari y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, abordan por diferentes flancos el trabajo de la causa en la que se investigan maniobras ilegales a través de la financiera CBI Cordubensis, de la ciudad de Córdoba. Los representantes del Ministerio Público, que tienen a su cargo la investigación, requieron la detención del principal acusado, el presidente y gerente general de la firma, Eduardo Daniel Rodrigo, luego de que comprobaran que ingresó al país burlando los controles fronterizos y, en paralelo, recusaron al juez federal Ricardo Bustos Fierro, cuando se hizo pública una foto en la que aparece junto a uno de los empresarios sindicados como parte de la trama delictiva.

El magistrado rechazó ayer la recusación y ahora será la Cámara Federal de Córdoba la que defina si el juez debe aparterse de la causa. El pedido de separar al juez se dio en el contexto de la continuación de la declaración indagatoria de Rodrigo -que se prolongó por diferentes jornadas- quien fue acusado por los fiscales como el jefe de una asociación ilícita que operaba desde la financiera dedicada a estafas, lavado de activos, fraude fiscal y evasión tributaria.

En ese marco, apareció en medios de comunicación una fotografía que muestra abrazados a Bustos Fierro y el empresario Euclides Buglioti en lo que parece ser una fiesta, "posando con accesorios de cotillón", informó a Fiscales la Procelac. El apartamiento del juez, fundó el fiscal Senestrari, es "a fin de preservar la garantía de imparcialidad del representante del Poder Judicial en la investigación".

Buglioti es uno de los empresarios mencionados en maniobras ilícitas en la supuesta carta póstuma dejada por el segundo de la firma CBI Cordubensis, Jorge Suau, cuyo cuerpo fue hallado el mes pasado en Alta Gracia.

En tanto, el pedido de detención de Rodrigo fue fundado por la Fiscalía "en el grave riesgo que implica para el desarrollo del proceso el mantenimiento del mismo en libertad, en virtud de que se comprobó a través del sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones", que el 14 de febrero de 2014 a las 16.35 dejó el país por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú (Misiones). El imputado no volvió a registrar ingreso al territorio argentino, "no obstante lo cual se presentó el 26 de marzo en los tribunales Federales de Córdoba, lo que evidencia que burló el sistema de control migratorio y que su ingreso se materializó de manera ilegal", indicó la Procelac.

El horizonte de la investigación

El fiscal Senestrari, junto a Gonella y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Pedro Biscay, comenzarán a analizar la posibilidad de ampliar las imputaciones, por más hechos y responsables. Para ello, solicitaron al juzgado que "ponga a disposición de la Fiscalía la totalidad de la documentación secuestrada en los 29 allanamientos en los que participó personal técnico de la Procelac, ya que actualmente se encuentran bajo la custodia del juzgado".

Hasta el momento, el expediente cuenta con nueve imputados, encabezados por Rodrigo. La fiscalía, que describió en su primera presentación trece hechos delictivos, los acusa de "actividades de intermediación financiera no autorizada"; distintas violaciones al régimen penal tributario "en el marco de las actividades financieras ilegales y de la evasión del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias - Impuesto al Cheque-"; "lavado de activos a través de la puesta en circulación en el mercado bancario, financiero y bursátil de sumas de dinero que estarían originadas en hechos de evasión de impuestos y en hechos de corrupción que captaban de particulares y empresas diversas"; y estafas.

Esas imputaciones responden al material secuestrado en los primeros nueve allanamientos en la causa.

Entretanto, los fiscales requirieron a la Municipalidad de Córdoba el contrato de concesión y "todos los antecedentes documentales" que vinculan a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Siemmens-Atos con el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros cordobés, denominado "Red Bus".

También, requirieron los informes de auditoría y la identificación de todos los funcionarios municipales responsables de la ejecución del contrato, del cumplimiento de las políticas de auditoría y rendición de cuentas, y del proceso recaudatorio. Los fiscales además incluyeron en el pedido, para el que otorgaron el plazo perentorio de 24 horas, la identificación de las cuentas bancarias que vinculan a la UTE con "Red Bus".

A partir de la carta dejada por Suau antes de morir, la Fiscalía sigue la pista de una supuesta vinculación de estas empresas con la financiera CBI, que habría manejado el dinero de la recaudación del sistema de transporte de la ciudad capital de la provincia.