El titular de la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba y fiscal coordinador de ese Distrito, Enrique Senestrari, reformuló y amplió el requerimiento de instrucción respecto a dos de los hechos que forman parte de la mega-causa conocida como “CBI Cordubensis”, que investiga la comisión de un abanico de delitos contra el orden económico y financiero desplegados a partir de la estructura brindada por esa financiera, la cual contaba con dos locales comerciales de acceso público y claramente reconocidos en la ciudad de Córdoba.  En febrero pasado, el titular del Juzgado Federal n°3, Miguel Vaca Narvaja, procesó a 23 de los acusados por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado de activos, además de establecer embargos millonarios y restricciones a la libertad ambulatoria para algunos de los principales imputados.

Entre las distintas actividades delictivas llevadas a cabo por la firma sobresale la intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente, es decir, del Banco Central de la República Argentina, principalmente el descuento de cheques con fondos propios y de terceros y depósito posterior de los mismos en cuenta bancaria propia o de otros terceros. Esa operatoria permitió que entre 2009 y 2013 circularan a través de CBI cheques por más de mil millones de pesos, los cuales fueron monetizados a través de distintas cuentas, todas ellas con una particularidad en común: por distintas razones se encontraban exentas del impuesto a los créditos y débitos.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal reformuló el hecho nominado primero en el requerimiento de instrucción original luego de advertir un error involuntario al consignar la fecha de apertura de la cuenta corriente de la firma Jotemi S.A., ya que debió decir 8 de agosto de 2012 en lugar de 8 de agosto de 2013. En consecuencia, requirió instrucción contra Miguel Postacchini, Daniel Ricardo Bender y Pedro Zurko. Además, amplió los hechos primero y segundo en contra de la imputada María Pía Requejo.

De acuerdo a la imputación del fiscal, en el marco de la asociación ilícita algunos de los acusados constituyeron la firma Jotemi S.A. -cuya actividad asignada era la venta al por mayor de diarios y revistas, rubro exento del impuesto a los ingresos brutos, a los débitos y créditos bancarios- y generaron a nombre de la misma una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina para depositar cheques adquiridos en el contexto de la actividad de intermediación financiera ilegal llevada a cabo por CBI Cordubensis. Para ello, los imputados habrían acordado sucesivamente con Postacchini, Bender y Zurco (todos ellos gerentes del banco público) la apertura de la cuenta corriente en cuestión, sin para ello requerir la documentación respaldatoria relativa a la situación patrimonial, económica y financiera.

De manera similar, en el segundo hecho descripto los imputados habrían constituido la firma HALABO S.A., dedicada a la recaudación de cobranzas propias –actividad también exenta del pago de impuestos- cuya cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina habría sido utilizada para depositar cheques adquiridos en el marco de la asociación ilícita desplegada por CBI Cordubensis.

“Así las cosas, mediante la operatoria descripta supra, se habría disimulado el verdadero origen de los cheques mencionados otorgándole la apariencia de tener uno lícito –recaudación de cobranzas propia, de terceros o asociada a terceros-; todo ello por un monto que supera a la suma establecida por el art. 5 de la Ley 26.683, el cual deberá ser determinado con mayor precisión a través de la instrucción de la presente causa”, consignó Senestrari.