El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, propuso la creación de una mesa de trabajo interdisciplinaria con la integración de distintos organismos del Estado para abordar el fenómeno del contrabando de mercaderías a través de la frontera con Bolivia en la zona de Puerto Chalanas, provincia de Salta. El foco está puesto en la situación que se registra en el paso que une, a través del río Bermejo, las localidades de Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia).

La propuesta de Gonella se dio en el marco de un cónclave desarrollado el jueves 14 en la Procuración General de la Nación al que fueron invitadas autoridades de la Aduana, el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería Nacional, la Cancillería y la Dirección Nacional de Migraciones.

En el encuentro, el fiscal Federal de Orán, José Luis Bruno, expuso ante los funcionarios presentes los alcances de una investigación preliminar que decidió abrir luego de recibir en la Fiscalía una presentación de la División de Aduana de Orán, efectuada en el mes de julio.

En la presentación, el organismo aduanero hizo una descripción del escenario de la zona, destacando la circulación de embarcaciones bolivianas y argentinas durante las 24 horas del día, lo que "implica el transporte de personas y bultos que ingresan y egresan de territorio argentino ilegalmente".

El informe de Aduana remitido al fiscal agrega que el ingreso de mercaderías se efectúa en distintos vehículos por pasos no habilitados, "donde los tripulantes descargan los bultos y son cargados al 'hombro' por personas que circulan eludiendo los controles". Esas personas ingresan luego a "caminos o senderos interiores de las fincas aledañas" y egresan quinientos metros después sorteando el puesto de control, sobre la ruta nacional 50, "donde acopian las mercaderías para luego trasladarlas en los mencionados vehículos hacia las diferentes playas de la ciudad de Orán, lugar en el que posteriormente se embarcarán en colectivos que viajarán a distintos puntos del país".

Durante el encuentro en la Procuración General, el subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior, César Balceda, explicó que las personas que realizan este pase de mercaderías por caminos no habilitados son más de 3000 y se refirió al fenómeno en el marco de un contexto “socio-cultural”. "Hacer un procedimiento puede generar una pueblada", indicó. Y, en ese sentido, explicó que en diversos casos se ha secuestrado mercadería pero "los depósitos no dan abasto".

Al respecto, los funcionarios de Gendarmería y de la Aduana indicaron que cada uno de los denominados "paseros" ingresan al país la mercadería en mochilas, que pueden llegar a pesar hasta 80 kilos.

La situación tiene la particularidad de que el límite natural entre ambos países, el río Bermejo, ha cambiado su cauce, de manera tal que en algunas zonas la vía fluvial ha quedado integramente de lado boliviano. Eso deriva en que los desembarcos puedan realizarse sobre tierra firme, aún del lado del vecino país, y dificulta los controles, indicó el fiscal Bruno.

Por su parte, representantes de la Gendarmería Nacional explicaron que la mercadería atiende las demandas de mercados informales de distintos puntos del país. Balceda agregó que se ha detectado el ingreso de "productos de buena calidad que pueden encontrarse aquí", en la Capital Federal, por lo que se especula que "parte de la actividad se financia desde acá".

El fiscal Diego García Yomha, a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, explicó que "hacer secuestros aislados no sirve", por lo que propuso hacer un diagnóstico general de la problemática, a fin de delinear una estrategia de actuación integral.
Tras las explicaciones de los funcionarios de las diferentes áreas y la conclusión de que el contrabando en la zona es una de las principales tareas de sustento económico de la población, el fiscal Gonella propuso que "todas las instituciones designen un representante para conformar una mesa de donde salgan sugerencias".

La medida fue muy bien recibida por el representante de la Aduana y por la directora de Límites y Fronteras de la Cancillería, Mónica Dinucci, quienes destacaron que fuera el Ministerio Público Fiscal el que se pusiera a la cabeza de la búsqueda de soluciones integrales.

En la reunión también participaron por la Procelac el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Mateo Bermejo, y las funcionarias Soledad Maldini y Mariela Palese. También estuvo presente el fiscal coordinador de distrito de Salta, Eduardo José Villalba; el subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Silva, y funcionarios de la misma dependencia; el director de Investigaciones de la AFIP-DGA, Pablo D´ Errico; y funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Gendarmería Nacional.