En línea con el requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, Andrés Madrea, la jueza María Gabriela Lanz, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°42, convocó a prestar declaración indagatoria a 16 personas por el vaciamiento de la empresa dedicada a la actividad petrolera OPS S.A.C.I., en perjuicio de sus acreedores. En la investigación colaboró la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que encabezan los fiscales Diego Velasco y Laura Roteta.

Para el 7 de junio próximo fue citado el presidente y dueño real de OPS, Mario Víctor Cifuentes, a quien se le imputa haber distribuido cargos a su esposa Mirtha Diana Sali y sus dos hijos, Pablo Andrés y Gustavo Adolfo Cifuentes, quienes deberán presentarse a declarar ante la jueza al día siguiente. En tanto, entre el 9 y el 22 de junio, deberán comparecer a prestar declaración indagatoria seis apoderados de la firma; dos síndicos; el presidente y director de la empresa desde septiembre de 2017; y otras tres mujeres que la fiscalía considera involucradas en la maniobra.

La investigación se inició por la denuncia que presentaron los apoderados de una de las firmas acreedoras, en la que indicaron que los responsables de la firma OPS S.A.C.I., dedicada a la actividad petrolera, habrían desviado y ocultado bienes, e insolventado económicamente, a fin de no enfrentar las deudas contraídas con la empresa proveedora de maquinaria pesada. Para ello, en agosto de 2016 solicitaron el concurso de acreedores de OPS, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°31.

En dicho marco, de acuerdo con la denuncia, al declarar sus activos OPS adujo tener en su poder menos maquinaria que la que tenía y que había adquirido a la firma acreedora, quien informó tal situación al juzgado comercial. La empresa concursada informó que no tenía esos bienes en razón de haberlos vendido previo al proceso concursal, aunque no aportó datos relativos a su destino ni los importes recibidos por las operaciones.

La fiscalía analizó la documentación recabada por la PROCELAC y aportada por los denunciantes, todo lo cual le permitió detectar una serie de maniobras desplegadas por los responsables de OPS y personas allegadas que tuvieron como fin distraer activos fraudulentamente, para evitar que los acreedores pudieran cobrar sus créditos.

Entre las maniobras se cuentan el ocultamiento de maquinarias viales -muchas de ellas ya abonadas en su totalidad pero con una deuda subsistente por compraventa de repuestos, servicios y alquileres de otras máquinas- y la creación de empresas satélites -integradas por algunos responsables de OPS o personas allegadas a ellos- para desviar capital e ingresos en su favor mediante ventas ficticias o procedimientos irregulares. Asimismo, se les imputa haber desviado fondos a través de aparentes prestaciones de servicios de intermediarios con pagos a dos empresas satélite de OPS las cuales figuraron como “convenios de asistencia financiera; al tiempo que utilizaron una cooperativa para el descuento de cheques y como agente de pago, para sustraer fondos y así perjudicar a la sociedad y sus acreedores", según indicó la fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que los imputados también simularon el pago de salarios y gratificaciones a personal que ya no se desempeñaba en la firma, pero que eran familiares o allegados de los integrantes del directorio, y el pago de cánones locativos sin causa a personas vinculadas a la firma. Finalmente, en base a un estudio efectuado en el marco del proceso concursal, la fiscalía determinó que los responsables de OPS habrían sustraído 267 bienes de uso y bienes no registrables por el equivalente al 52 por ciento de los activos de la empresa, y un predio situado en la provincia de Neuquén.

En función de esas conclusiones, el fiscal Madrea sostuvo que existía el grado de sospecha necesario para convocar a las dieciséis personas investigadas para que prestasen declaración indagatoria por las conductas investigadas.