09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba
Córdoba: pidieron penas de hasta 12 años de prisión y millonarias multas para trece personas por narcotráfico y lavado de activos
Fue en el marco de acuerdos alcanzados en las respectivas audiencias de juicio abreviado, los cuales aún deben ser homologados por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. También se solicitó el decomiso de veinte vehículos, dos motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas.

En el marco de una audiencia de juicio abreviado, el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOCF de Córdoba, Carlos Gonella, acordó con las defensas de 13 personas imputadas por narcotráfico y lavado de activos, la imposición de penas de hasta 12 años de prisión, multas de hasta 27 millones de pesos y el decomiso de veinte vehículos, nueve motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas. Los acuerdos fueron puestos a consideración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba -con una conformación unipersonal- para su homologación.

Los hechos

En la investigación, que comenzó en junio de 2014, se imputó a Mariano Martín y Andrés Hernán Rivarola, Gabriel Bossi y Cristián Fabián Ortiz –junto a otro hombre que falleció- el haber organizado y financiado, desde la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la obtención, transporte, almacenamiento, distribución y la posterior comercialización de cocaína y marihuana.

De acuerdo con la acusación, para ello se valieron de la colaboración de Cristian Andrés Berti, Franco Maximiliano Soffli, Jorge Luis Etcharren, Mariano Nicolás Peirano, Marcelino Samuel Mansilla, María Luz Montoya y Gustavo Osvaldo Oyarzabal, quienes desempeñaban distintos roles y tareas. Bertí se ocupaba de la adquisición y traslado de la droga, Soffli hacía tareas de vigilancia y custodia, al igual que Etcharren, quien también colaboró en el almacenamiento, fraccionamiento y redistribución de los estupefacientes junto a Mansilla, Peirano y Montoya. Por su parte, Oyarzabal, en su calidad de Jefe de la División de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de la Policía de la provincia de Córdoba, colaboró con la organización por cuanto no la denunció ni investigó, al tiempo que les proporcionaba información para que no fueran descubiertos.

La organización adquiría la droga a distintos proveedores ubicados en Bolivia y Paraguay; en las localidades bonaerenses de Avellaneda, José C. Paz, Tortuguitas, Pilar y Nordelta; y en las ciudades de Rosario, Clorinda, San Salvador de Jujuy y San Vicente (Misiones). Luego, transportaban los estupefacientes ocultos en distintos vehículos hasta Río Cuarto donde los almacenaban para luego distribuirlos en Córdoba, Puerto Madryn, San Luis, Buenos Aires y Chile.

También se les imputó a Mariano Rivarola y Cristián Ortiz la organización y financiación del traslado de 3.500 kilos de marihuana y 54,430 kilos de cogollos de marihuana desde la ciudad misionera de Oberá hasta Río Cuarto entre el 8 y el 18 de septiembre de 2017. Ortíz también fue investigado por tener en su poder un documento de identidad y una cédula de identificación automotor, las cuales eran apócrifas.

Por otra parte, la investigación estableció que Mariano Martín y Andrés Hernán Rivarola, Gabriel Bossi y Cristián Fabián Ortiz –junto a otro hombre que falleció- desarrollaron tareas tendientes a convertir, transferir, vender y/o disimular el dinero que generaba el comercio de drogas, para lo cual adquirieron inmuebles, vehículos y joyas, para darles apariencia de origen lícito. Para ello, contaron con la colaboración de Berti, Soffli, Etcharren, Tatiana Ayelén Gallo y Mario César Battistini, quienes inscribieron a su nombre bienes que fueron adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico, o actuaron como intermediarios comerciales.

La organización adquiría la droga a distintos proveedores ubicados en Bolivia y Paraguay; en las localidades bonaerenses de Avellaneda, José C. Paz, Tortuguitas, Pilar y Nordelta; y en las ciudades de Rosario, Clorinda, San Salvador de Jujuy y San Vicente (Misiones).

Juicios abreviados

En una audiencia celebrada ayer, donde los imputados estuvieron presentes de modo virtual, el fiscal general Gonella planteó la modificación de la calificación legal impuesta en la instrucción y postuló que debían ser juzgados por integrar una asociación ilícita destinada a realizar actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos, con distintos grados de participación. A su turno, las personas acusadas reconocieron los hechos imputados y solicitaron la realización de un juicio abreviado.

En dicho marco, el representante del Ministerio Público Fiscal acordó con las respectivas defensas que se condene a Martín Rivarola a la pena unificada de 5 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa de $8.113.600; a Gabriel Bossi a la pena, también unificada, de 5 años de prisión y multa de $5.261.800 (en forma solidaria con la impuesta a Gallo); y a Cristián Ortíz a 5 años y 2 meses de prisión y multa de $2.054.000. Los tres fuereron acusados como coautores miembros de asociación ilícita y autores del delito de lavado de activos agravado por su habitualidad, mientras que a Andrés Rivarola se le impondrán 4 años y un mes de prisión y multa de 27 millones de pesos como autor de lavado de activos. También se pidió una condena de 4 años de prisión y multa de $3.400.000 para Cristián Berti, como partícipe necesario de asociación ilícita y lavado de activos, y una pena de 4 años y 10 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial para integrar fuerzas de seguridad para Oyarzabal, como partícipe necesario de la asociación ilícita.

Por su parte, se consideró a Mansilla como partícipe necesario de asociación ilícita y se pidió una condena unificada de 12 años de prisión, al tiempo que Etcharren y Soffli recibirán condenas de 3 años de ejecución condicional y multas de $2.600.000 y $5.500.000, respectivamente, como partícipes necesarios de la asociación ilícita y autores de lavado de activos. Asimismo, se pidió 2 años y 6 meses de prisión en forma de ejecución condicional para Montoya y Peirano, como partícipes secundarios de la asociación ilícita, y 3 años -también de cumplimiento condicional-, para Gallo y Battistini, tras ser considerados participes necesarios del lavado de activos por el que además deberán pagar, respectivamente, las multas de $5.261.800 (solidaria con la aplicada a Bossi) y de $7.566.000.

Finalmente, se requirió el decomiso de diez automóviles, diez camionetas, dos motocicletas, tres viviendas, tres departamentos con sus correspondientes cocheras, siete relojes y dos anillos, y el dinero en efectivo de distinta denominación ($1.870.655, U$S 84.119, 20 euros, 10 reales, 21.000 pesos chilenos y 7000 guaraníes).

Los acuerdos fueron puestos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba para su homologación, conforme lo solicitaran la fiscalía y las defensas.