El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -integrado por los jueces Víctor Alonso, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch- comenzó este lunes el debate oral y público seguido a 21 personas acusadas de integrar una asociación ilícita con división de roles, dedicada al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas, entre otros-, y contrabando de bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. Como entre sus miembros se encuentran acusados funcionarios aduaneros, también se juzgan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.

Por el Ministerio Público Fiscal interviene el titular de la Fiscalía General ante el TOF, Carlos Schaefer, y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, quienes cuentan con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En la parte acusadora también intervienen querellas que representan a la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y a la Unidad de Información Financiero (UIF).

En relación al delito de lavado de activos se encuentran imputados Leonel Elías Zappa, Ricardo Aguirre, Héctor Sebastián Gavarone, Ricardo Gustavo Aguirre, Pablo Martín Marsilli, Hector Marsilli, David Osmar Loza, Eduardo Matias Bravo, María Clelia Ramona Espada, José Antonio Acebal y Fernando Daniel Marticorena.

De acuerdo con la acusación, se trata de una organización, con división de funciones y roles, destinada a la realización de viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con presunta anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP-DGA.

En efecto, se encuentran acusados funcionarios de la sede de Paso de los Libres de la AFIP-DGA Carlos Martín Dubra, Miguel Horacio Banda, José Ángel Longhi, Jorge Luis Niveyro, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández, y los denominados “paseros” Fabián Alfredo Moreno y Raquelina Liliana Núñez, quienes llegaron acusados de traspasar mercaderías a través de la frontera entre Corrientes y Uruguayana.

El debate continuará durante varias audiencias de prueba hasta noviembre. Una vez concluidas, están previstos los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, y las defensas de los 21 investigados. Tras ello, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, darán su veredicto.

De acuerdo con la acusación, la organización se dedicaba a realizar viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero y mercaderías de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros.

La causa

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Aníbal Fabián Martínez, con la colaboración de la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena. De esa investigación se desprende otra causa que puso foco en el accionar de diecisiete personas en el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por el que fueran procesados el ex fiscal federal de esa jurisdicción, Benito Pont, y otros funcionarios.

De acuerdo a las pruebas recabadas, la fiscalía tuvo por acreditado que la banda desplegó las maniobras delictivas al menos desde septiembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre de 2017, oportunidad en que se realizaron una serie de allanamientos que permitieron el desbaratamiento de la organización, que estaba integrada por tres grupos.

El primero de ellos abarca al personal aduanero del Complejo Terminal de Cargas (Co.Te.Car) y aquellos que cumplían funciones en el Puente Internacional “Agustín P. Justo - Getulio Vargas”, que une Paso de los Libres con Uruguayana. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, habrían conformado una asociación ilícita que facilitó el contrabando de bienes a través de la frontera, para lo cual los imputados habrían incumplido sus deberes de funcionarios públicos, habrían cobrado coimas y se habrían enriquecido ilícitamente.

Por su parte, los “paseros” también están acusados de integrar una asociación ilícita que contrabandeaba mercaderías a través de los pasos fronterizos, para lo cual sobornaban al personal aduanero para contar con su anuencia.

Finalmente, el tercer grupo lo conforman empresarios y comerciantes correntinos, quienes también habrían integrado la asociación ilícita para lavar activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados. Esos crímenes serían trata de personas, narcotráfico y contrabando de divisas, y operaciones de cambio marginal. Los habrían realizado con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, y los habrían realizado en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal.

En noviembre de 2017, parte de los imputados fueron procesados por desarrollar maniobras destinadas a dar apariencia de licitud a los bienes de origen ilícito entre las que se cuentan la realización de inversiones, la constitución de sociedades -y los respectivos aportes de capital-, emprendimientos inmobiliarios, operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables, y utilización de cuentas bancarias para administrar bienes.

En relación a los funcionarios de la AFIP-DGA, fueron procesados en abril de 2018, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando, asociacion ilícita, y lavado de activos. El grupo de los denominados paseros fueron procesados por contrabando, cohecho activo y asociación ilícita.