La titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Cristina Elisabeth Pozzer Penzo, dispuso el procesamiento -sin prisión preventiva- de once personas acusadas de conformar una organización dedicada al lavado de activos de origen delictivo. La medida tiene lugar en el marco de una causa derivada de la investigación por la cual se encuentra procesado el ex fiscal federal de esa jurisdicción, Benito Pont, junto a otros funcionarios, sospechados de brindar protección a una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Fabián Aníbal Martínez, lleva adelante la pesquisa con la colaboración del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal Laura Roteta -cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena. En tanto, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, interviene en las causas conexas (vinculadas a la red de trata), lo mismo que el fiscal general de Corrientes Carlos Schaefer.

En una extensa resolución de más de 400 páginas, la magistrada -que además decretó embargos millonarios para cada uno de los imputados- convalidó la hipótesis delictiva trazada por el MPF en cuanto a que los acusados habrían conformado una asociación ilícita que funcionó al menos entre abril y el 10 de noviembre de 2016 (cuando se produjeron los allanamientos), período durante el cual desplegaron una serie de maniobras destinadas a encubrir el origen de los activos generados por delitos tales como la trata de personas y el tráfico de estupefacientes. De hecho, algunos de los recientemente procesados por lavado –como es el caso de Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y María Clelia Ramona Espada- se encuentran actualmente imputados en causas donde se investigan los delitos de trata y narcotráfico.

Entre las maniobras destinadas a dar apariencia de licitud a los bienes de origen ilícito se cuentan la realización de inversiones, la constitución de sociedades -y los respectivos aportes de capital-, emprendimientos inmobiliarios, operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables, y utilización de cuentas bancarias para administrar bienes.

"Se puede tener por acreditado la existencia de un grupo dedicado al cambio de divisas, introducción al mercado lícito de capitales fuera de los circuitos legales, en el período investigado al menos, donde los aquí indicados han cumplido roles y funciones diferentes, pudiéndose acreditar que no todos han trabajado de manera organizada, sino algunos cumplían un rol dentro del eslabón consecuente para lograr el fin, desestabilizando las instituciones propias de esta zona de frontera por los montos movilizados frecuentemente por parte de la organización investigada", consignó la jueza Pozzer Penzo.

Entre las maniobras destinadas a dar apariencia de licitud a los bienes de origen ilícito se cuentan la realización de inversiones, la constitución de sociedades -y los respectivos aportes de capital-, emprendimientos inmobiliarios, operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables, y utilización de cuentas bancarias para administrar bienes.

La investigación

La causa tuvo su origen en una presentación efectuada el 6 de abril de 2016 por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde la fuerza de seguridad puso en conocimiento la existencia de un grupo de personas que se habría asociado para, entre otros fines, poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello diversas estructuras jurídicas.

Posteriormente, la Procelac efectuó una presentación proponiendo diversas medidas de prueba, muchas de ellas enfocadas en la situación patrimonial de los imputados. Una vez producidas aquellas, el fiscal Martínez requirió la instrucción de la investigación respecto a los imputados Héctor Sebastián Garavone, Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, María Cleila Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa y Fernando Daniel Marticorena.

En ese contexto, el 10 de noviembre de 2016 se practicaron una serie de allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de una gran cantidad de documentos públicos relacionados con vehículos, dinero, valores y documentos privados de interés, los cuales constituyeron "pruebas categóricas del delito endilgado a cada uno de los imputados", de acuerdo a la valoración otorgada por la jueza.

Asimismo, el 18 de abril del corriente año, la procuraduría especializada presentó un informe de colaboración en el que identificó a otras personas como posibles miembros de la organización; dio cuenta, a su vez, de distintas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles registrables por parte de los investigados y se describieron diversas inconsistencias fiscales respecto de las personas físicas y jurídicas bajo investigación.  Todo ello motivó la ampliación del requerimiento de instrucción efectuada el 12 de mayo pasado, en el que se incluyeron las operatorias identificadas, así como los sujetos y firmas que formarían parte de la organización criminal investigada.

Sociedades fantasmas

El trabajo articulado entre la Fiscalía Federal y la Procelac puso de relieve que una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades "fantasmas"  o ficticias, a través de las cuales se adquirían vehículos de alta gama, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados. Además, algunos de dichos vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes para obtener divisas. Entre estas sociedades se destacan las firmas Gabac S.R.L –de recauchutado y renovación de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada –de transporte de cargas-, Marga SRL –dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL –de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales -según la hipótesis investigada- introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.

En cuanto a las sociedades Gabac S.R.L., Marga S.R.L. y Awkward Transporte Limitada, independientemente de no coincidir los rubros en los que se encuentran inscriptas, “resulta llamativa la coincidencia entre personas que integran las mismas, así como su domicilio social apartado”, que en los tres casos es la misma vivienda ubicada en Paso de los Libres.

Así, los imputados, junto a un grupo de personas, integrarían una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para luego llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas.

Embargos y peligros procesales

En junio pasado, la magistrada Pozzer Penzo ordenó una serie de medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de los imputados y de tres personas jurídicas, tendientes a asegurar el decomiso de los activos producto y/o provecho de los delitos investigados, como así también de aquellos activos utilizados como instrumento.  La medida incluyó el embargo de 14 inmuebles, 27 automotores y el congelamiento de 42 cuentas bancarias.

En la resolución que se conoció ayer, la jueza trabó embargo sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de 3.000.000 de pesos y, ante la presencia de “peligros procesales concretos”, reafirmó la necesaria vigencia y continuidad de las cautelares dispuestas sobre los bienes muebles e inmuebles de los procesados y sospechados. Para esto último, tuvo en cuenta que los investigados, “habiendo tomado conocimiento de la existencia del proceso penal en curso, se habrían desprendido rápidamente de sus bienes para que los mismos no resulten alcanzados en caso de ordenarse su decomiso”.

Calificación legal

La magistrada procesó a Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, María Cleila Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa Fernando Daniel Marticorena y José Gerónimo Acebal como presuntos coautores materiales penalmente responsables de los delitos de lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados pero vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisa, cambio marginal y realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, en concurso real con Asociación ilícita del artículo 303 inciso primero, 304, 55, 45, 210 todos del Código penal, quien será notificado, en función de los artículos 306 y 310 del CPPN.

A Pablo Martín Marsilli y Eduardo Matías Bravo se les endilgó, además, el presunto delito de tenencia injustificada de arma de fuego de guerra, tipificada en el artículo 189 bis del Código penal como autores materiales.