El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -conformado unipersonalmente por Fermín Ceroleni- homologó los acuerdos de juicio abreviado celebrados entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, y condenó a Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz Delgado, a las penas de seis años de prisión. Ello, al considerarlos coautores de los delitos de usura agravada por la habitualidad, asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y como miembros de una asociación conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Además, los imputados deberán pagar una multa de veinte mil pesos cada uno. También, se ordenó el decomiso de los bienes utilizados para cometer los delitos.

La decisión se dio en línea con lo propiciado por el titular el titular y auxiliar fiscal de la Fiscalía General ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, que contaron con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que encabezan Laura Roteta y Diego Velasco.

El caso

La causa por la que fueron condenados Vargas Pedroza y Ortiz Delgado, tuvo su origen en otras tres investigaciones de las que surgió la existencia de una organización delictiva integrada por ciudadanos de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a la comisión de delitos de diferente índole, y con ramificaciones en todo el país.

Así, pudo establecerse que la organización, que operaba bajo la fachada de locales de venta de mobiliario para el hogar, ofrecía “micro préstamos” a personas con bajos recursos dentro de la localidad de Curuzú Cuatiá y zonas aledañas. Este tipo de créditos, denominados por la PROCELAC como “gota a gota”, consisten en préstamos con tasas de interés que pueden llegar a quintuplicar los de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales y con nulos requisitos de acceso.

En este contexto, cuando las personas que adquirían los préstamos, no podían cumplir con el pago de las cuotas pactadas, los miembros de la organización apelaban a amenazas e intimidaciones, entre otros delitos, para obtenerlos. Las ganancias obtenidas por la actividad usuraria eran giradas, por diversos medios, al extranjero.

De este modo se determinó la existencia de una estructura piramidal, en cuya cúspide se encontraban los “jefes” o “patrones”, entre los que se encontraba Vargas Pedroza. Asimismo, en una escala inferior de la organización estarían los encargados -uno de los cuales era Ortiz Delgado-, cobradores y las secretarias que cumplen diferentes roles en la cadena de préstamos. Ellos empleaban todo tipo de intimidaciones y presiones, para lograr el cobro de las acreencias, cuando los clientes no pueden pagar las cuotas, toda vez que serían, a su vez, presionados por los jefes para recuperar lo invertido, en un plazo determinado.

A través de la investigación, se determinó que los montos de dinero producto del delito de usura eran transferidos al extranjero. Así, en 2019, esa suma superó ampliamente los diez millones de pesos, más los bienes muebles registrables que poseían a su nombre o de terceros. También se estableció que la banda operó, al menos, desde 2011, año en el que comenzaron a llegar al país los jefes de la organización criminal, quienes reclutaron a otras personas, en su mayoría, de nacionalidad colombiana, venezolana y argentina, que operaban, principalmente, en distintas ciudades de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

La asociación ilícita fue desbaratada el 12 de noviembre de 2019, a raíz de una serie de allanamientos en los que se detuvo a más de setenta personas. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, que luego declinó competencia en favor de la Justicia Federal.

Las penas

En virtud del acuerdo celebrado, Vargas Pedroza y Ortíz Delgado reconocieron haber participado de una organización delictiva dedicada a cometer los delitos de usura y lavado de activos en forma habitual, en la modalidad de la concesión de micro préstamos.

En virtud de ello, el juez Cerolani los condenó a las penas de seis años de prisión, como coautores de los delitos de usura agravada por la habitualidad, asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y como miembros de una asociación conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Además, les impuso el pago de una multa de $20.000 cada uno, y las accesorias legales.

Finalmente, ordenó el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación, tales como dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y otros elementos.