La Cámara Federal de Corrientes rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. De este modo, ratificó la resolución del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, que había ampliado los procesamientos por el delito de organización criminal (artículo 210 ter del Código Penal), además de los ya confirmados por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se trata de una investigación llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y Tamara Pourcel, de la Unidad Fiscal Corrientes; el fiscal federal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.

El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” —vinculada al Tren de Aragua—, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Policía Federal (PFA) en la provincia de Corrientes y está detenido bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó su extradición a su país, donde se lo requiere para ser juzgado por los delitos de extorsión agravada, homicidio intencional calificado, terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio. Sin embargo, ese trámite está suspendido a la espera de que sea juzgado en nuestro país en el marco de esta causa.

El venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, al ser allanada su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Policía Federal

Las otras 12 personas procesadas —identificadas por sus iniciales— son E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A.

En septiembre del año pasado, los 13 imputados —11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino— habían sido procesados por los tres delitos. Sin embargo, el 22 de diciembre siguiente, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos únicamente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y declaró la nulidad parcial respecto de la imputación por organización criminal, al considerar que no había sido debidamente notificada al momento de las indagatorias.

A raíz de ello, el 6 de enero pasado los representantes del MPF solicitaron la ampliación de las indagatorias, que se realizaron entre el 13 y el 21 de ese mes. En esas audiencias se puso en conocimiento de los imputados que la acusación completa comprendía, en esta etapa preliminar, los delitos previstos en los artículos 210 ter (organización criminal), 303 inciso 1° (lavado de activos) y 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal.

En febrero pasado, el juez Fresneda amplió los procesamientos de los 13 acusados por los tres delitos, decisión ahora ratificada por la Cámara.

La resolución de la Cámara

Al confirmar la decisión apelada, las camaristas Mirta Gladis Sotelo y Fermín Amado Ceroleni sostuvieron que la prueba reunida permite sostener, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, “la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas”, así como “la intervención funcional de cada imputado”. Los jueces también señalaron que los agravios de las defensas no lograron desvirtuar “la razonabilidad jurídica del pronunciamiento recurrido” ni los elementos probatorios que sustentan los procesamientos.

La Cámara sostuvo que la investigación permitió reunir elementos que, en esta etapa procesal, permiten considerar acreditada la existencia de una organización asentada en el país, con “capacidad operativa, logística y económica”, integrada por distintos imputados que habrían cumplido funciones diferenciadas dentro de una estructura estable y coordinada.

Los camaristas señalaron que, a partir de intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, análisis patrimoniales y financieros, levantamiento del secreto bancario, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos, documentación, dinero y bienes registrables, se detectaron maniobras compatibles con lavado de activos y financiamiento del terrorismo canalizadas mediante sistemas informales de transferencia de dinero, cuentas bancarias, billeteras virtuales y operaciones realizadas a través de un local comercial ubicado en el barrio porteño de Colegiales.

Computadoras, máquinas contadoras de billetes, dinero en efectivo de distintas divisas y documentos secuestrados en el local de Western Union allanado en Colegiales. Foto: Policía Federal

La resolución también remarcó que la organización se encontraba dividida en dos células operativas que mantenían comunicación permanente con Boscán Bracho y ejecutaban directivas impartidas por él incluso durante su detención. Para la Cámara, los elementos reunidos permiten considerar que la estructura poseía permanencia temporal, distribución funcional de tareas, coordinación interna y proyección transnacional, características compatibles con la figura de asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, prevista en el artículo 210 ter del Código Penal.

La imputación fiscal

En el dictamen que dio sustento a los procesamientos, los representantes del Ministerio Público Fiscal atribuyeron a los 13 acusados haber integrado una organización criminal transnacional liderada por Boscán Bracho, cuyo funcionamiento en la Argentina se encuentra acreditado, al menos, hasta el 28 de mayo de 2025 y que estaba orientada al desarrollo de maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas. Los fiscales señalaron que la estructura contaba con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso relativamente breve.

También destacaron la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes adquirieron bienes muebles e inmuebles de considerable valor pese a no registrar actividad laboral formal ni ingresos compatibles con esas operaciones. Asimismo, indicaron que, según información de organismos extranjeros e internacionales, el grupo constituiría una facción del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que expandió sus actividades a distintos países de la región y que fue incorporada en febrero de 2025 al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET).

El caso

La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención de Boscán Bracho efectuada por parte de personal del Departamento INTERPOL de la Policía Federal (PFA), en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. El venezolano tenía pedido de captura internacional por una serie de delitos y por sus vínculos con el Tren de Aragua. Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes.

Su detención dio lugar a una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC, que permitió desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada.

El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo del año pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.