"El resultado fue positivo porque gracias a la Embajada fuimos recibidos por referentes de máxima relevancia del Estado Francés", dijo hoy el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, en la conferencia de prensa que brindó ante medios nacionales e internacionales en la delegación diplomática argentina en Francia, como balance de las entrevistas que mantuvo esta semana en París con una fiscal, con legisladores republicanos y socialistas, con el titular del Banco de Francia y con el jefe antilavado de ese país, para requerirles colaboración en la investigación del caso que involucra a 22 ejecutivos y empleados de la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas en la fuga de más de 1000 millones de dólares de dinero de procedencia ilícita.

El fiscal adelantó que "los equipos de la Procelac ya están trabajando para activar los pedidos de información en esta causa", luego de que tanto la fiscal nacional financiera Eliane Houlette como el titular de la Tracfin, la agencia de inteligencia financiera francesa, Bruno Dalles, le informaran las distintas vías para acceder a información bancaria para el caso.

En efecto, Gonella explicó a los periodistas franceses, españoles y argentinos, que participaron de la rueda de prensa en la biblioteca de la Embajada, que hay dos vías para llevar adelante los pedidos de información: a través del convenio de cooperación judicial con Francia, que ya permitió la indagatoria por videoconferencia de los ciudadanos franceses imputados, y, por otro, el sistema Egmont, que comunica a las agencias de inteligencia financiera de más de un centenar de países del mundo. En este caso, la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina y la Tracfin francesa.

El Estado Francés tiene una base de datos con el registro de las cuentas bancarias de todos los usuarios del sistema financiero de ese país, explicó Gonella, citando a Dalles.

Ese punto es importante para el fiscal a cargo de la Procelac, pues fue a buscar a París la colaboración que le permita identificar a clientes argentinos que fugaron dinero entre los mil millones probados en la causa. Hasta el momento, sólo fue descubierta la titularidad de 22 cuentas, 12 de las cuales corresponden a ex y actuales funcionarios de los tres poderes del Estado y las restantes a particulares. "Podría haber miles", declaró.

Los periodistas quisieron saber si el fiscal había pedido reuniones con el BNP. "No sería una buena práctica reunirnos con el banco, pues está acusado, pero tampoco se han acercado representantes de la entidad para darnos alguna explicación", indicó.

Periodistas franceses, en tanto, preguntaron qué podría ocurrir con sus connacionales imputados. El fiscal explicó que, de arribar la causa a juicio oral y público, los imputados galos deberían comparecer ante un tribunal en Argentina y que, si no lo hicieran, una de las vías para que ello ocurriera podría ser un juicio de extradición. "Esperamos no tener que llegar a ese punto", señaló.

Por su parte, la embajadora María del Carmen Squeff, quien estuvo junto al fiscal Gonella, explicó que el tratado de cooperación firmado por los dos países incluye la extradición.

Gonella, en tanto, contó en líneas generales cómo está probada, para la Fiscalía, la asociación ilícita para el lavado de activos que se está juzgando en la causa. Esa prueba fue recogida durante un allanamiento al piso 25 del edificio de Alem 855, en la Capital Federal, donde operaba de forma clandestina la oficina de Banca Privada Internacional del BNP.

Habló de los correos electrónicos entre clientes y ejecutivos, y entre empleados de diferentes sucursales. Ejemplificó con el caso del agente porteño que consultó a la sucursal parisina si podían depositar en una cuenta cifrada, es decir, sin identificación real, entre 500 mil y un millón de dólares de un cliente argentino, y que la respuesta desde Francia fue positiva. También, citó la documentación, como los contratos del banco con clientes, y un manual “instructivo” de uso interno para los empleados de la entidad titulado “Productos Off-shore”, que fue descubierto durante otra investigación al BNP, en 1995. El documento describe al "cliente off shore" como "aquella persona física o jurídica que no desea declarar sus bienes (o parte de ellos) impositivamente".

Gonella explicó además que el dinero fugado podría ser en su mayor parte de evasión fiscal, pero que también "puede venir del narcotráfico y la trata de personas". "Al Estado francés no le viene bien que esto ocurra a través de sus bancos", aseguró.