Los fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentaron un informe de colaboración mediante el cual se promovió la realización de medidas dirigidas a completar el cuadro de evidencias en una causa en la que se investigan irregularidades en la obra pública de la Provincia de Jujuy, en la que se encuentran imputados, entre otros, un ex ministro de Infraestructura y Planificación y un ex director de la Dirección Provincial de Vialidad por el presuntamente injustificado incremento de la previsión presupuestaria asignada a la “Duplicación de la Calzada de la Ruta Nacional N°9 en el tramo Puente Asunción del Paraguay – Yala”.

La pesquisa se inició tras una denuncia efectuada por diputados de la provincia de Jujuy, en la que se requirió la investigación de un grave fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ejecución de la obra -de sólo trece kilómetros de extensión- se inició en diciembre de 2010 sin que haya concluido hasta la fecha. Conforme los términos de la licitación, el costo de la ejecución se había estimado en casi 300 millones de pesos, pero en 2010 el presupuesto se incrementó en 44 millones de pesos (equivalente al 14,19% del presupuesto asignado) y, en 2013, en 251 millones de pesos (equivalentes a un 73 % del último presupuesto), lo que da una suma de 595 millones de pesos aproximadamente.

Por otra parte, ni las condiciones de la licitación ni la ampliación de los montos contractuales fueron giradas a la Legislatura de la Provincia de Jujuy, a fin de dar cumplimiento a los artículos 123 inc. 34 y 137 inc. 7, de la Constitución provincial, pese a que tal falencia fue señalada oportunamente por el Tribunal de Cuentas provincial.

Las medidas propuestas por la Procelac procuran, por un lado, completar el cuadro de evidencias colectado hasta el momento, que plantea como hipótesis la existencia de sobreprecios, y, por otro, la adopción de las medidas necesarias para reparar los posibles perjuicios causados al erario público y promover la recuperación de los activos. A los fines de brindar una eficiente colaboración al fiscal federal del caso, Domingo José Batule, la Procelac y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) han articulado y coordinado la intervención otorgada.