09 de agosto de 2020
09 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Finalizó el alegato del fiscal general Abel Córdoba y del auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset
Lavado de activos: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Báez y penas de hasta 9 años para otros acusados
El MPF solicitó también penas de prisión para Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Jorge Fariña y otros catorce acusados. Requirió la imposición de multas y el decomiso de bienes obtenidos por los ilícitos, y solicitó la absolución de otras siete personas juzgadas.

El titular de la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abel Córdoba, y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset concluyeron hoy el alegato en el juicio a Lázaro Báez y en el que también se juzga a Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi, Julio Mendoza y otros 21 imputados por el delito de lavado de activos. En su pedido más alto de pena, la fiscalía solicitó la imposición de doce años de prisión para Lázaro Báez y una multa de 2.121 millones de pesos.

Los representantes del MPF además solicitaron nueve años de prisión para Martin Báez; ocho para Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco; y cinco para Jorge Fariña, a quien raíz de su colaboración en la causa se le redujeron tres de los ocho que le hubieran correspondido. Todos ellos fueron considerados coautores “del delito del lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda para la comisión continuada de los hechos”.

La fiscalía solicitó también las siguientes penas de prisión por el delito de lavados de activos: seis años para Juan Alberto De Rasi y Julio Mendoza; cinco años para Fabian Rossi, Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zansot; y de cuatro años y seis meses para Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Bustos, Luciana Báez, Melina Báez y Carlos Molinari. En tanto, para Daniel Byn los fiscales requirieron la pena de tres años de prisión en suspenso.

Córdoba y Gaset solicitaron asimismo multas para los imputados y requirieron que se decomisen bienes obtenidos a través de los ilícitos, ente los que se encuentran dinero en efectivo, estancias, inmuebles y vehículos. Por otro lado, solicitaron la absolución para ocho imputados: Cristian Delli Quadri, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Pérez Gadín, Jorge Norberto Cerrotta, Santiago Carradori, Eduardo Larrea y Alejandro Ons Costa.

Cabe recordar que el juicio se enfoca en el lavado de un capital estipulado en 50 millones de dólares, presuntamente instrumentado por la sociedad entre 2010 y 2013, en la provincia de Santa Cruz.

El debate, que se realiza con la participación de las partes a través de la aplicación Zoom para cumplir con las medidas sanitarias de aislamiento por la pandemia de COVID-19, continuará el próximo martes 5 de agosto con el comienzo del alegato de las defensas de los acusados.

"Conductas típicas del lavado de dinero"

“La evaluación de estas conductas, una vez que la prueba acorde al tipo de delito está inserta en la causa penal, puede ser interpretada en su real significación con el enfoque adecuado, que es el enfoque de la especialidad del delito. En ese sentido derivamos en la conclusión certera que son conductas típicas del lavado de dinero. Todas y cada una de las que hemos repasado”, sostuvo la fiscalía ayer en la segunda parte de los alegatos, previa a la solicitudes de pena expuestas en la audiencia de hoy.

Los representantes del MPF señalaron en aquella oportunidad que el accionar de los imputados reflejó los indicadores establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la detección del lavado de activos: “En este caso se encuentran todos los indicadores. Se plasma el volumen de grandes sumas de dinero en efectivo, la triangulación de operaciones a través de financieras para la compensación, la utilización de cuentas bancarias extraterritoriales de sociedad constituidas en el extranjero, la intermediación de profesionales de la ingeniería del lavado que han gestionado de forma activa el movimiento internacional de los fondos, la detección de propiedades no transparentes de estructuras jurídicas”, enumeraron.

En este mismo sentido explicaron que a lo largo de la investigación “se han identificado estructuras internacionales sin ventajas comerciales, fiscales y jurídicas y operaciones relacionadas con bienes que no encajan con el perfil de las sociedades reales. También la falta de identificación transparente de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas extranjeras”.