El titular de la Fiscalía General N° 2, Abel Córdoba, expuso ayer la primera parte de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el marco de la causa en la cual se juzga a Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otros 24 imputados por el delito de lavado de activos, estimados en 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz entre 2010 y 2013.

Se espera que la fiscalía complete su alegato en las próximas dos audiencias, a cuyo término se concretarán los pedidos de penas. El Ministerio Público Fiscal adelantó ayer que sostendrá las acusaciones para Báez, Fariña, Elaskar, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, entre otros.

Prueba e indicadores del delito

En su exposición, Córdoba señaló que la acreditación lograda por el Ministerio Público Fiscal expresa “una contundencia inédita para este tipo de delitos” y que “no hay dudas de los ilícitos, a partir de los documentos bancarios acreditados con despliegue transnacional. Los hechos están al descubierto, solo queda interpretarlos del modo adecuado". En ese sentido, la fiscalía consideró que los delitos precedentes al lavado de activos -fraude en la obra pública y evasión fiscal-, conforme se habían descripto en el requerimiento de elevación a juicio, se encontraban acreditados con la suficiencia que exige una investigación de estas características, según la valoración que se efectuó del estándar exigido por la norma.

En esa línea, el representante del MPF señaló a “Báez como cabeza de la organización criminal”. Entre los indicadores que apuntan al delito enumeró “la posesión de activos no consignados en la declaración juradas impositivas, el poner a familiares como beneficiarios en sociedades offshore, los movimientos en efectivo fuera del mercado financiero, explicaciones inconsistentes, proveedores no transparentes o no identificables, falta de documentación e informalidad financiera”.

"Los hechos están al descubierto, solo queda interpretarlos del modo adecuado", señaló la fiscalía en la primera jornada de su alegato.

La fiscalía advirtió que el blanqueamiento de capitales del 2010 a 2013 “se ramificó hasta al presente”, a través de la intentos de obstaculizar el embargo de dinero por parte de los imputados, intentando desplazarlos a paraísos fiscales. “Los acusados han cometidos delitos frente a las narices del Tribunal”, aseveró el titular de la Fiscalía General Nº2.

Asimismo, Córdoba destacó que al principio del debate los imputados negaron “las sociedades pantallas”, pero con el avance de la presentación de prueba “admitieron la existencia de los fondos”.

Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el TOF Nº 4 lleve adelante un cronograma de tres audiencias por semana, bajo el cumplimiento de las medidas dispuestas para la prevención sanitaria frente a la pandemia.