10 de diciembre de 2019
10 de diciembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación conjunta de los fiscales de Tierra del Fuego y el titular de la Procelac
Malvinas: impulsaron la investigación por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos
El escrito apunta contra la actuación de seis empresas transnacionales que estarían operando en la Plataforma Continental Argentina y contra otras sociedades que directa o indirectamente prestarían colaboración.

El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport; el fiscal general coordinador de Distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, requirieron hoy la investigación de las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

La presentación, formulada ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, constituye el impulso de la acción penal de la denuncia presentada ante la Procelac por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Hector Timerman, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, con el patrocinio de la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

Los fiscales remarcaron en su presentación que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta quince años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio, como también el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar-, a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona. Y recordaron que la ley prevé que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".

En su presentación, Rapoport, García Lois y Gonella precisaron que, al mismo tiempo, la actividad ilegal "produce una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional".

Asimismo, requirieron verificar "la comisión de acciones mediante las cuales, utilizando residuos peligrosos, se contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera, o el ambiente en general, y si las actividades ilícitas de exploración y explotación podrían significar contrabando por importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país, al sustraer del contralor aduanero, el ingreso de bienes necesarios para la realización de aquellas actividades y el eventual egreso del producido de las mismas".

En el foco de la pesquisa, también se encuentran diferentes sociedades que, directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos; Desire Petroleum p.l.c., que habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino, reseñaron los fiscales.

Las infracciones

El requerimiento de instrucción fiscal retoma la denuncia realizada por los ministros de la Nación y refiere que FOGL "habría llevado a cabo durante el curso del año 2013, de acuerdo a los comunicados de la empresa, actividades de exploración, consistentes en al menos tres campañas de prospección sísmica 3 D", con la subcontratación de otras empresas denunciadas.

"FOGL ha destacado que el análisis de los datos sísmicos recolectados en dichas campañas facilitaría la realización de un mapeo detallado de las áreas promisorias y permitiría determinar la localización de los pozos para el programa de perforación que ya se encontraría en curso según comunicados de prensa fechados el 3 y el 5 de marzo de 2015", precisaron los fiscales, y pusieron de relieve que "a partir del programa realizado, la empresa espera que la próxima ronda de perforación se enfoque en recursos brutos potencialmente recuperables de más de mil millones de barriles de petróleo".

Al respecto, los fiscales también reseñaron que, de acuerdo a la denuncia, "en la cuenca al sur de las Islas Malvinas -donde FOGL tendría una participación del 52.5 %- se realizarían dos perforaciones operadas por Noble Energy Inc., mientras que en la cuenca norte –donde la participación de dicha empresa sería del 40%- se llevarían a cabo otras dos perforaciones operadas por Premier Oil plc. Asimismo, FOGL tiene programada también la perforación de un quinto pozo en un localización a definir a resultas de los datos 3 D recabados durante las campañas de 2013".

Los representantes del Ministerio Público subrayaron que la concreción de las actividades ilícitas incluyen la participación del resto de las operadoras denunciadas. En ese sentido, remarcaron que de acuerdo a los planes hechos públicos por las empresas, "se prevén perforar seis pozos como mínimo durante un período estimado en 260 días a partir del primer trimestre de 2015".

Cuatro de esos pozos están en la cuenca norte y serían operados por Premier Oil plc: "Uno para estimar la extensión, las reservas, la posible tasa de producción y las propiedades del petróleo en la fracción 'Zebedee' del yacimiento denominado 'Sea Lion', y los restantes se llevarían a cabo en áreas promisorias denominadas 'Isobel Deep', 'Jane East' y 'Chatham'".

Los otros dos yacimientos están en la cuenca sur en aguas profundos, y serían operados por Noble Energy Inc: "el primero en 'Humpback' y el restante se habría definido a finales de marzo de 2015".

De acuerdo con la denuncia que impulsaron Rapoport, García Lois, y Gonella, "la secuencia de perforación sería de dos pozos en la cuenca norte, seguido de uno al sur de las Islas Malvinas, luego dos pozos más en la cuenca norte y el último pozo nuevamente en el sur".

Para los fiscales, "existen sobradas evidencias que permiten aseverar que, al menos desde el mes de diciembre del año 2013 y hasta el presente, las nombradas empresas se encuentran realizando actividades relativas a la búsqueda y también extracción de hidrocarburos, de la Plataforma Continental Argentina, sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competente de este país".

Soberanía

En la presentación, los representantes del MPF remarcaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional que refiere la ratificación "legítima e imprescriptible" de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", cuya recuperación, "respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho internacional", constituye "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

También, recordaron el artículo 4 de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que instó a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales sobre la región.

En el requerimiento, los fiscales recordaron que la Secretaría de Energía de la Nación declaró ilegales en 2012 las actividades desarrolladas en la plataforma continental argentina por-entre otras empresas- FOGL, Desire Petroleum plc y Rockhopper Explortion plc y que durante 2013 incorporó a la lista a Premier Oil plc e inhabilitó a todas por 20 años para desarrollar actividades en el país. En el mismo sentido, reseñaron las actuaciones administrativas realizadas por la autoridad local respecto de las restantes empresas vinculadas a las maniobras de exploración y extracción.

Por esos motivos, Rapoport, García Lois y Gonella sostuvieron "las personas físicas responsables de las empresas que llevan adelante la exploración y explotación de hidrocarburos en la región, tienen conocimiento de la ilegalidad para el Estado Argentino de las maniobras que están llevando a cabo, no obstante lo cual han decidido deliberadamente continuar con la ilicitud de sus conductas".