La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) encabezó, durante dos jornadas, una actividad conmemorativa del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, denominada “Prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos vinculado con la criminalidad organizada. Tendencias consolidadas y emergentes en economías criminales”.
El encuentro reunió a más de 150 fiscales, jueces, funcionarios y especialistas de la Argentina y de la región, y se enmarcó en el proyecto de apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), brindado por UNODC e INL. La propuesta buscó fortalecer las capacidades para iniciar y profundizar investigaciones financieras y patrimoniales, aprovechar la información de inteligencia financiera y robustecer la cooperación internacional e interinstitucional frente a las amenazas emergentes del lavado de activos.
La apertura institucional
La apertura estuvo a cargo del titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez; el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora y representante de la Corte Suprema de Justicia en el Comité Antilavado del Ministerio de Justicia, el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte; y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Verrier.
También participaron el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, Ignacio Yacobucci; el director de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para Argentina y Uruguay, Adam Weise; y el coordinador de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, Ignacio García Sigman.
Durante las exposiciones, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos del Estado y de actualizar las capacidades de investigación frente a la constante mutación de los delitos complejos.
En ese sentido, remarcaron la importancia de colocar el lavado de activos en el centro de la persecución penal, de impulsar investigaciones financieras y patrimoniales, de aprovechar la información de inteligencia financiera y de profundizar la cooperación internacional e interinstitucional entre los distintos actores del sistema.
Velasco subrayó que el encuentro buscó combinar una perspectiva teórica con el análisis de casos y actividades prácticas aplicables a investigaciones concretas, y advirtió sobre la necesidad de anticiparse a las nuevas modalidades delictivas. “Este tipo de delitos mutan y, para estar a la altura de las investigaciones, nos tenemos que anticipar y capacitarnos respecto de lo que ocurre en otros países y también acá”, expresó el fiscal general.
Por su parte, Verrier sostuvo que el lavado de activos es el elemento que conecta a las distintas organizaciones criminales y planteó que cada investigación debe incorporar una dimensión patrimonial. Por su parte, Alvarez afirmó que “una lucha eficaz contra el lavado de activos representa la mejor estrategia que tienen los Estados para combatir el crimen organizado”, y propuso desarrollar una inteligencia financiera proactiva, traducirla en investigaciones concretas y orientar la persecución penal hacia los lavadores profesionales.
En la misma línea, Yacobucci remarcó la importancia de avanzar en la capacitación, la obtención de condenas y la recuperación de activos, mientras que García Sigman subrayó la necesidad de impulsar el desfinanciamiento de las organizaciones criminales y de profundizar la cooperación internacional.
Lavado de activos provenientes de la narcocriminalidad
La primera jornada comenzó con una sesión dedicada al lavado de activos proveniente de la narcocriminalidad. Tomando como referencia la investigación desarrollada en el caso Bilbao, la exposición se enfocó en la investigación patrimonial y en las estrategias de persecución del lavado de los activos de una organización narcocriminal con base en Rosario.
Participaron el fiscal federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad Noroeste (PROCUNAR NEA), Matías Scilabra; el auxiliar fiscal de la PROCELAC, Andrés Carro Rey; la jefa de gabinete de la UIF, Ángela Gutiérrez Giraudo; la directora nacional de Investigaciones del Narcotráfico del Ministerio de Seguridad, Macarena Percibaldi; y el extitular de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional, José María Valdez.
Panel dedicado al lavado de activos proveniente de la narcocriminalidad, se abordó la investigación patrimonial y las estrategias de persecución del lavado. Foto: M. Pellón
Los expositores coincidieron en que estas investigaciones requieren una mirada integral e interjurisdiccional, que permita reconstruir la estructura patrimonial de las organizaciones y detectar los activos de origen ilícito. En ese marco, se destacó la conformación de equipos interdisciplinarios que aborden en simultáneo el delito precedente y el lavado del dinero que genera, y se describieron las herramientas utilizadas para reconstruir el patrimonio de las personas investigadas, como el relevamiento de bienes registrables, movimientos financieros, seguros y servicios contratados.
Desde la UIF se señaló que una de sus funciones es la producción de información de inteligencia que sirve para orientar las investigaciones, y se explicó el rol del lavador profesional, que presta servicios a distintas organizaciones sin participar necesariamente del delito que da origen a los fondos.
Convergencia entre criminalidad organizada y financiamiento del terrorismo
La segunda sesión analizó la convergencia entre criminalidad organizada y financiamiento del terrorismo, mediante la presentación del caso Boscán Bracho, vinculado con la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua. Expusieron el secretario del Área Operativa de la PROCELAC, Nicolás Eichenbaum; el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Ramiro García Martínez; el cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), Armando Antao Cortez; el director nacional de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad, José Pereyra; y Gonzalo Gallo, del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina. La moderación estuvo a cargo del jefe del Departamento de Análisis de la UIF, Leandro Ariel Fernández.
La segunda sesión analizó la convergencia entre criminalidad organizada y financiamiento del terrorismo, presentaron el caso Boscán Bracho, vinculado con la organización Tren de Aragua. Foto: M. Pellón
Los panelistas describieron cómo se entrelazan las estructuras criminales de fin económico con las de fines políticos o ideológicos, e identificaron distintas modalidades de relación, desde alianzas transitorias hasta el intercambio de conocimientos y la integración de estructuras. También remarcaron el cambio de paradigma en la investigación del delito complejo, orientado a seguir el dinero y los datos, y la necesidad de precisar la calificación de terrorismo, que constituye un agravante en la legislación argentina.
Fraudes, estafas y lavado de activos: sistema preventivo, investigación penal y cooperación internacional.
El abordaje de los fraudes y las estafas, una de las amenazas emergentes de mayor crecimiento, ocupó dos sesiones de la primera jornada. La primera estuvo dedicada al sistema preventivo, la investigación penal y la cooperación internacional, con la participación de la asesora de Presidencia de la UIF, Agustina Dulce; la intendenta de Inteligencia Financiera de la UIF del Perú, Verónica Boza Santaolalla; y el director de Análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes del Paraguay (UIF-SEPRELAD), Juan Patricio Vallejos. La moderación estuvo a cargo de la directora de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF, Fabiola Columba.
Las exposiciones hicieron centro en las tendencias emergentes de fraude, con la presentación del caso Wenance. El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de San Isidro, Federico Iuspa, explicó que esa fintech, dedicada al otorgamiento digital de microcréditos, comenzó a captar inversiones mediante fideicomisos y contratos de mutuo con la promesa de elevados intereses, en un esquema que derivó en una operatoria de tipo Ponzi y que ya motivó la elevación a juicio por 527 hechos de estafa.
Por su parte, el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin, describió las modalidades que actualmente son detectadas, las que son cada vez más sofisticadas, desde plataformas de inversión y apuestas ilegales hasta fraudes que, mediante software malicioso o la suplantación de empresas conocidas, inducen a las propias víctimas a transferir sus fondos a través de una compleja infraestructura destinada a recibir y distribuir el dinero.
También intervino el director de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad, Francisco Calcagno, quien expuso la estrategia de abordaje del fenómeno criminal que se está implementando desde ese Ministerio. La sesión fue moderada por el auxiliar fiscal de la PROCELAC, Cristian Lelardoux.
Juego clandestino, apuestas ilegales y lavado de activos
La segunda jornada comenzó con una sesión sobre juego clandestino, apuestas ilegales, investigación financiera y patrimonial y persecución penal del lavado de activos, tomando como investigación de referencia la desarrollada en el caso Zuco.
Participaron el secretario del Área Operativa de Lavado de Activos de la PROCELAC, Jorge Rodríguez Ponte; el titular de la Fiscalía Federal de Hurlingham, Santiago Marquevich; el auxiliar fiscal de esa dependencia, Eduardo Suárez; el representante de la Unidad de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional, Alejandro Ramón Orué; y el fiscal penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Juegos de Azar, Juan Rozas. La moderación estuvo a cargo de Francisco Calcagno.
Los expositores resaltaron que, en este caso, a partir de una investigación coordinada lograron detectar la existencia de una red que administraba y ofrecía la participación en juegos de azar en línea que no contaban con autorización estatal para funcionar, mediante distintas plataformas web que eran promovidas en redes sociales como Telegram, WhatsApp, Instagram y Facebook.
El encuentro reunió a más de 150 fiscales, jueces, funcionarios y especialistas de la Argentina y de la región. Foto: M. Pellón
Las ganancias obtenidas a partir de esa actividad ilegal se canalizaban luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de hecho por los líderes de la organización, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para poder justificar esos movimientos, lo que permitía disfrazar la titularidad de los fondos y dificultar su rastreo.
El esquema de lavado de las ganancias ilícitas incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias para de este modo evitar los controles automáticos del sistema financiero, retiros de dinero en efectivo, compras de bienes inmuebles y otros bienes registrables, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.
Rozas expuso los avances del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires en las investigaciones sobre apuestas ilegales y ludopatía en menores de edad, e informó que se imputó a influencers por promocionar plataformas de casinos virtuales y que se alcanzaron acuerdos de reparación del daño.
Lavado de activos proveniente de delitos ambientales
Otra sesión abordó los riesgos de lavado de activos vinculados con los delitos ambientales, la estructura patrimonial de las organizaciones criminales y las estrategias de respuesta penal. Intervinieron el auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Arci; la representante de la Wildlife Conservation Society (WCS), Laila López Goudard; y el comisario del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, Diego Novoa.
Arci presentó el caso Noya, en el que se detectó la actividad de una red internacional de caza ilegal y tráfico de fauna que comercializaba paquetes turísticos de entre 900 y 50.000 dólares para capturar especies protegidas en la Argentina y Bolivia. Al moderar el panel, el fiscal Velasco advirtió que la percepción social de este fenómeno incide en la escasa cantidad de investigaciones patrimoniales sobre estos delitos y señaló que, en la región, el tráfico de oro vinculado a la minería ilegal puede resultar más redituable que el de cocaína, lo que ubica a los delitos ambientales entre las principales fuentes de ganancias ilícitas en algunos países de América Latina.
El trabajo práctico y la mesa de cierre
El tramo final estuvo dedicado a una actividad práctica grupal. Los asistentes analizaron dos casos hipotéticos a partir de los cuales elaboraron hipótesis y líneas de investigación patrimoniales y financieras, orientadas a identificar flujos financieros ilícitos, evaluar desafíos probatorios y formular estrategias de persecución penal, de identificación, rastreo y aseguramiento de activos con miras a un eventual decomiso, las necesidades de coordinación entre las agencias competentes, y el diseño de una estrategia de cooperación internacional, que luego se compartieron en una puesta en común.
El titular de la PROCELAC, Diego Velasco, y el presidente de la UIF, Matías Alvarez. Foto: M. Pellón
La mesa de cierre estuvo integrada por el titular de la PROCELAC, Velasco; el presidente de la UIF, Alvarez; y el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin. Velasco agradeció la participación de las autoridades y destacó que el éxito de las investigaciones depende de la coordinación entre los organismos y de que cada uno cumpla adecuadamente su función. Alvarez enfatizó la necesidad de consolidar la articulación institucional y la cooperación permanente entre las unidades de inteligencia financiera y el resto del sistema, y se destacó que la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI representa un cambio clave en la forma de auditar a los países en el cumplimiento de los estándares globales de prevención y lucha contra el lavado de activos.
Por último, Fullin señaló que el recupero de activos y el combate del ciberfraude concentran hoy buena parte de los esfuerzos globales, y recordó que actualmente solo se recupera alrededor del 5 por ciento de los bienes de origen ilícito, lo que vuelve indispensable fortalecer los canales formales de cooperación internacional. En esa línea, destacó la existencia de una comunidad internacional comprometida con acompañar los esfuerzos de los países de la región frente a estas modalidades delictivas.