El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera, decidió suspender por problemas técnicos -en el uso de la aplicación Zoom y el corte de energía eléctrica en el domicilio de una defensora- el comienzo del alegato del fiscal federal Gabriel González Da Silva en el juicio conocido como “Bobinas Blancas”, en el que se juzga a siete integrantes de una organización narcocriminal que operaba a escala internacional, de los cuales seis imputados ya reconocieron en la audiencia inicial haber participado del hecho investigado.

En muy poco tiempo y antes de los inconvenientes técnicos, González Da Silva pudo manifestar la relevancia y la importancia jurídica, jurisprudencial y social que tiene el caso, ya que “se trata del mayor secuestro de estupefacientes concretado por una banda internacional de narcotráfico, que implementó una maniobra peculiar para sacar cocaína del país, en un accionar propio de una película de cine”.

A su vez, el fiscal destacó que, a partir del estudio pormenorizado que surgió de la investigación realizada, la importancia de la causa también radica en que “es el primer antecedente jurisprudencial en el país sobre lavado de activos con criptomonedas".

Luego de la breve alocución, y ante los inconvenientes surgidos, el juez Pabló Díaz Lacava dispuso que se posponga la audiencia y que el alegato de la fiscalía, que estaba pensado para realizarse en dos partes -hoy y en la próxima audiencia, a realizarse en dos semanas- culmine directamente el miércoles 21 de abril.

La causa

La causa comenzó en 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que advertía una operación de narcotráfico en Argentina, referida a actividades de exportación de estupefacientes camufladas en el envío de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá.

Según la investigación de la fiscalía, la estructura criminal estaba conformada en la cúpula por un ciudadano de origen canadiense, que lideraba la firma “Can Trade Connections” y tenía sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y Argentina. La segunda línea jerárquica la ocupaba un ciudadano mexicano que residía en Canadá, que se encargaba de tomar las decisiones económicas a nivel Argentina y a quien le respondían cuatro imputados mexicanos, que operaban con dos grupos empresariales constituidos, uno en la ciudad de Mendoza y otra en Bahía Blanca.

Además, a través del trabajo mancomunado que se realizó entre distintas dependencias del Ministerio Publico Fiscal, se llegó a dilucidar el modus operandi de la organización, que consistía, por un lado en armar sociedades gerenciadas por personas argentinas de recursos bajos o medios para luego cometer el ilícito, y por otro lado, de colocar en el mercado financiero, a través de la moneda virtual “bitcoins”, dinero de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.