El Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, dispuso el procesamiento de una pareja por los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, medida que hizo extensiva a las dos sociedades anónimas implicadas en las maniobras, a quienes también trabó embargos por $100 millones a cada una. El magistrado respaldó así la hipótesis delictiva trazada por el Ministerio Público Fiscal -interviene la Fiscalía en lo Penal Económico n°1 a cargo de Pablo Turano- en cuanto a que, por un lado, los imputados D.G.N y L.I.A. realizaron actividades de captación y colocación de recursos financieros, operatoria que llevaron adelante con carácter habitual y permanente por fuera de la órbita del Banco Central. Y, por otro lado, que el matrimonio diseñó y ejecutó una operatoria destinada a integrar el dinero de origen ilícito al circuito financiero legal, mediante la capitalización de otra sociedad comercial -denominada "Finca Los Alamos", la compra-venta de bienes y transacciones con cuentas corrientes.

El caso se inició por denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta. En el marco de su asistencia a la Fiscalía, la procuraduría especializada produjo una serie de informes técnicos y participó de los correspondientes allanamientos.

De acuerdo a la investigación, para ejecutar las maniobras los imputados -ambos con formación académica en este tipo de actividades -se valieron de una sociedad de bolsa denominada "Access Prof S.A.", constituida en mayo de 2009 y con oficinas en pleno microcentro porteño (Sarmiento al 700). La captación y colocación de recursos se materializó a través de contratos de mutuo en pesos y dólares -principal fuente de fondeo de la sociedad-, títulos de créditos (fueron individualizados 95 pagarés entre 2010 y 2017 en moneda local y extranjera) y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas, que movilizaron importantes sumas de dinero, actividad que, como se dijo, se llevó adelante sin contar con la autorización de la autoridad competente, es decir, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).  Más aún, al ampliar el objeto social de la sociedad en 2013, sus representantes dejaron expresa constancia que la firma no realizaría actividades contempladas en la ley de Entidades Financieras ni ninguna otra que requiera concurso público.

Entre los elementos probatorios recolectados en la instrucción, el magistrado enumeró y detalló una serie de informes elaborados por los organismos de control -Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, por la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Argentina (PFA), documentación de valor secuestrada en los allanamientos y la transcripción de las intercepciones telefónicas ordenadas en el marco de la causa al teléfono del imputado, todo lo cual da cuenta de la dimensión de la operatoria ilegal desplegada.

"Por lo expuesto, de los elementos compulsados surge que, 'ACCESS PROF. S.A.' habría configurado un circuito financiero operativo, a través de la celebración de mutuos, pagarés, contratos de cesión de derechos y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas; dando lugar a la existencia de una captación general remunerada de recursos financieros", sostuvo el magistrado.

Circuito ficticio y lavado

Ahora bien, la investigación puso al descubierto una serie de operaciones que tuvieron como fin convertir e integrar en el circuito económico y financiero, formal y legal, los cuantiosos recursos obtenidos de la intermediación financiera no autorizada. En este sentido, Reportes de Operaciones Sospechosas elevados por entidades financieras a la UIF dan cuenta de transacciones por cerca de 62 millones de pesos a través de una misma cuenta corriente, operaciones que no tendrían respaldo ni justificación alguna. Según se constató en el expediente, Access Prof. S.A. ingresaba importantes sumas de dinero en el sistema financiero formal y legal mediante acreditaciones en sus cuentas bancarias (por ejemplo a través depósitos de cheques de remesa o depósitos en efectivo inter-sucursales desde distintas localidades); luego tenía lugar la transferencia de tales importes, entre sus propias cuentas y a favor de terceros para, finalmente, proceder al retiro del dinero.  Todo ello tenía como fin, por un lado, aparentar licitud en el origen de los fondos ingresados en las entidades financieras, y por otro, evitar la trazabilidad del dinero, producto de la actividad ilícita precedente.

En efecto, un informe emitido por la UIF en 2015 concluyó que la operatoria desplegada por Access Prof. S.A. encuadraba en la tipología de “cuevas financieras” estipulada por el organismo. “El volumen operado y la forma de operar dicho producto no se considera razonable, teniendo en cuenta la importante cantidad de depósitos en cheques y en efectivo que presenta y los retiros mediante cheques por ventanilla que se vieron incrementados en el último año.” (…) “la acreditación sucesiva de fondos por medio de cheques las transferencias datanet del mismo titular es seguida de importantes retiros de efectivo, que devienen en la imposibilidad del seguimiento de los fondos, ya que la ruta y/o destino del dinero se torna imposible de rastrear en esta instancia”, opinó el organismo.

La investigación identificó otra maniobra de lavado a través de la capitalización de la sociedad “Finca Los Alamos S.A.”, constituida en 2013. De sus registros contables surge que tiene créditos pendientes de cobro pagaderos por su accionista mayoritario, es decir, Access Prof S.A., en tanto de la contabilidad de ésta última no sólo no emerge tal deuda, sino que, por el contrario, figuran créditos a cobrar de la primera. “Es decir, ‘Finca Los Álamos’S.A. era acreedora, deudora y clienta, a la vez, de su propia dueña”, indicó el magistrado.

“Se comprendería que la constitución de esta sociedad (“FINCA LOS ALAMOS S.A.”), tuvo como único fin, crear un circuito financiero ficticio, que le permitiría a “ACCESS PROF S.A.”, respaldar ingresos y salidas de dinero, mediante la celebración de contratos de cesión de créditos, o aportes societarios, a los efectos de dar apariencia legal al dinero de origen ilícito", consignó el juez en su resolución. En la imputación por lavado figura además la adquisición de bienes muebles (entre los que se encuentra un automóvil BMW) e inmuebles.

Además de embargos de 100 millones de pesos para cada una de las personas físicas y jurídicas involucradas, el procesamiento dispuso la prohibición de salida del país de los imputados D.G.N. y L.I.A.