05 de diciembre de 2022
05 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Avanza la investigación sobre el caso Carbón Blanco
Procesamientos y embargos de más de $1600 millones por lavado de dinero del narcotráfico
El abogado Carlos Alberto Salvatore, su esposa, su suegro, su hija, un abogado marplatense y un empresario de su confianza fueron procesados por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien se pronunció en línea con la petición del fiscal Sansserri y la Procelac.

La jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Zunilda Niremperger, dictó ayer el procesamiento por asociación ilícita y lavado de activos y fijó el embargo sin precedentes por un total de más de 1600 millones de pesos a los miembros de una organización dedicada a dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del narcotráfico, encabezada por el principal acusado del envío de cocaína a Europa en el caso conocido como "Carbón Blanco", el abogado Carlos Alberto Salvatore, de 58 años.

El procesamiento va en línea con lo requerido por el fiscal Carlos Sansserri y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. Además de la situación de Salvatore, a quien se considera jefe de la organización, el procesamiento comprende a su esposa, Silvia Susana Valles Paradiso (49), al empresario Ricardo Gassan Saba (55) y al jubilado -suegro de Salvatore- Santiago Valles Ferrer (72), quienes continuarán detenidos con prisión preventiva. También fueron objeto de la resolución el abogado, docente y funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mariano Jesús Castellucci (38) y la martillera pública -hija del principal acusado- Carla Yanina Salvatore D'Ursi (32), ambos excarcelados.

La jueza consideró acreditado que los imputados "habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo, (conforme a la conducta que se le reprochará en cada caso) desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias, etc., y que serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico".

Según se desprende de la investigación, el dinero obtenido del tráfico de drogas fue conducido hacia emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, en cambios, activos en Estados Unidos y empresas pantalla, entre otras maniobras.

Gonella señaló a Fiscales que "este es el caso más importante por lavado que tenemos y donde la fiscalía ha demostrado cómo el dinero obtenido del narcotráfico se aplica a inversiones inmobiliarias, entre muchas otras. Es dinero sucio que se ha introducido en el circuito formal".

"Estamos conformes con la resolución de la jueza, porque ha dictado procesamiento por los delitos que nosotros pedimos y fundamentalmente por el caudal que ha embargado, que es inédito en la historia judicial Argentina. Siempre, fijamos como un eje prioritario de trabajo la incautación patrimonial, por eso es paradigmático. Cuando se juzgue este hecho, ese dinero tendrá que regresar y ser aplicado a una finalidad social", indicó el fiscal general de la Procelac.

La organización

Los procesados fueron detenidos durante un operativo sin precedentes realizado el 19 de marzo pasado, que incluyó 39 allanamientos en 23 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires (principalmente en las zonas de Microcentro, Belgrano y Parque Patricios), cuatro en Mar del Plata, tres en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, seis en Santa Fe y dos en Santiago del Estero, divididos en casas particulares, domicilios de empresas, inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables.

La resolución de Niremperger es histórica no sólo por el avance de la investigación del narcotráfico sobre el lavado de la ganancia generada en la empresa ilícita, sino por los montos de los embargos dictados sobre los bienes de cada uno de los procesados, que suman más de 1600 millones de pesos: a Salvatore le embargaron 759.653.024 pesos; a Valles, 505.381.052; a Valles Ferrer, 81.401.720 pesos; a Gassan Saba, 264.816.296; a Carla Salvatore, seis millones; y a Castellucci, 16 millones.

"Se encuentra acreditado en autos que Carlos Alberto Salvatore, en su carácter de jefe, organizaba y conformaba distintas sociedades comerciales en las que sumaba a Silvia Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer en una primera etapa y posteriormente a Ricardo Gassan Saba, y sin que se descarten otros posibles integrantes que pudieran quedar a la luz en el devenir de la instrucción", indicó la jueza en la resolución de casi 400 carillas.

La jueza dio por acreditado que "existió una organización estable, que se mantuvo en el tiempo y que estaba destinada a la comisión indeterminada de delitos, donde Carlos Alberto Salvatore claramente asume un rol de liderazgo al ejercer la presidencia en la mayoría de las sociedades colocando en otras a su esposa Silvia o su suegro Santiago, reservándose en general, al menos el cargo de director suplente y traspasando este rol a Gassan Saba ante la inminencia de su detención [en 2012]".

Tras un pormenorizado análisis de movimientos bancarios, declaraciones juradas, libros societarios, operaciones bursátiles, correos electrónicos y otros elementos recogidos en la pesquisa, Niremperger sostuvo que la operatoria de lavado consistía en que "Salvatore adquiría bienes en el país y en el extranjero y creaba o tomaba con los imputados antes mencionados distintas sociedades comerciales muniéndose la organización de parte del paquete accionario, para luego controlarlas a través del directorio, quedándose con la mayoría o totalidad de la emisión del paquete accionario". La jueza completó la descripción indicando que "en forma concomitante o a posteriori aumentaba considerablemente el capital societario (sin el sustento patrimonial que amerita legamente), posibilitando de esa forma la emisión de nuevas acciones que eran consolidadas en cabeza de la organización".

Niremperger, que a lo largo de la resolución cita las consideraciones de la Procelac sobre el caso, remarcó que en varias de las sociedades involucradas aparece en el directorio el procesado Gassan Saba, quien "primeramente actuaba como administrador de los grupos y posteriormente ante la inminente detención de Carlos Alberto Salvatore (año 2012) pasa a integrar los directorios de las empresas del grupo". De esa forma, sostuvo la magistrada, la "maniobra de adquisición, conformación, mutación societaria en sus miembros y el engrosamiento del capital social con fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, que en el caso se derivarían del narcotráfico, eran introducidos en el sistema económico, financiero y legal, apareciendo disfrazadamente como el fruto de actividades lícitas".