Tras la exposición de los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Delegación Rosario de esa dependencia, el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz prorrogó la prisión preventiva domiciliaria del exmagistrado federal de Rosario, Marcelo Bailaque hasta el 25 de marzo de 2026. La decisión se tomó en el marco de las múltiples investigaciones en curso por la comisión diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

En la audiencia celebrada el martes 16 de diciembre, en la que además participó el auxiliar fiscal Esteban Venditti (en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas), Argibay Molina expuso los fundamentos y antecedentes para solicitar la prórroga de la medida cautelar.

“Hay elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la existencia del hecho y la participación del imputado en él, lo que entendemos está sobradamente satisfecho con las audiencias de formalización de cargos que tuvieron lugar en la causa sobre la compra de un lote en el country Vida”, indicó. A ello le añadió las acusaciones que el MPF presentó en los casos conexos (“Cooperativa” y “Mizzau”) que “robustecen o refuerzan la teoría del caso oficial sobre la mayor certeza en cuanto a la existencia de los hechos atribuidos y la participación de Bailaque”.

Riesgos

De acuerdo con la postura planteada por los fiscales, la detención cautelar es aún la única alternativa para neutralizar los riesgos procesales ya que Bailaque cuenta con medios económicos suficientes para abandonar el país. De hecho, Argibay Molina señaló que el exmagistrado registró diversos viajes al exterior según informó la Dirección Nacional de Migraciones. 

Además, marcó la naturaleza y las circunstancias de los hechos que le fueron imputados en los procesos en trámite. Además, destacó la imposibilidad de que la condena que eventualmente recaiga como consecuencia de un juicio oral y público pueda ser de ejecución condicional debido a que la escala de los delitos presuntamente cometidos oscila entre los 5 y los 50 años de prisión.

Además, los representantes del MPF sostuvieron la existencia de ciertos indicios que avalan la hipótesis de que el exmagistrado va a entorpecer la investigación en caso de recuperar su libertad, ya que el eje principal de una de las imputaciones fue su intervención en una causa judicial que tuvo asignada. A ello le agregaron que, si bien dejó de ser funcionario público, eso no neutraliza su cercanía con la prueba y con el avance de las investigaciones en curso a través de contactos con los funcionarios y/o empleados que, aunque ya no dependan funcionalmente de él, integran las oficinas judiciales que están llevando a cabo las investigaciones.

Medidas pendientes y un teléfono inaccesible

El MPF expuso que restan realizar una serie de entrevistas tendientes a corroborar las versiones exculpatorias de algunos imputados y las declaraciones de los imputados colaboradores. Además se esperan resultados de medidas dirigidas a diversos organismos públicos.

El fiscal Argibay Molina marcó que todavía no se logró acceder a la información contenida en el teléfono celular marca Apple, modelo Iphone A2882 propiedad de Bailaque, porque estaba bloqueado y no fue siquiera posible un análisis combinacional para obtener el PIN del dispositivo debido a incompatibilidades del software forense y el dispositivo. Advirtió también que el imputado intentó borrar toda la información del teléfono.

Por otra parte, el titular de PROCELAC Rosario hizo foco en la configuración del peligro de reiterancia delictiva como pauta de entorpecimiento de la investigación, ya que las conductas imputadas fueron cometidas por Bailaque con al menos 3 personas más y que no se incremente conforme el avance de la pesquisa en curso.

Destacó la importancia y extensión del daño causado a las víctimas (con un perjuicio económico directo de 200.000 dólares), fruto de la extorsión en la que Bailaque intervino activamente, y que debieron afrontar los damnificados de uno de los hechos imputados.

Cabe recordar que, en el marco de las investigaciones formalizadas al exjuez, en la audiencia del 30 de abril de 2025, el juez Da Cruz le decretó la prisión preventiva por 90 días, resolución confirmada parcialmente el 19 de mayo por la Cámara Federal de Rosario, que la transformó domiciliaria, ejecutada el 1° de julio de este año tras habérsele aceptado la renuncia a su cargo como juez federal. Por último, el 25 de septiembre se prorrogó la medida por 90 días hasta el 25 de diciembre de 2025, domiciliaria que ahora volvió a extenderse hasta el 25 de marzo de 2026.