Interviene la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción con colaboración de las oficinas especializadas en recupero de activos

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L  habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del Impuesto a las Ganancias.

El titular del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el embargo y el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa siderúrgica Triecsa S.R.L., de tres de sus directivos y de otras dos firmas relacionadas, en el marco de una investigación por evasión tributaria, simulación de cancelación de obligaciones fiscales e insolvencia fiscal fraudulenta. Además, el magistrado dispuso una serie de medidas sobre bienes ubicados en los Estados Unidos y el Reino de España.

La medida se dio en línea con el requerimiento del fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, que contó con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente.

El caso

La investigación se inició por la denuncia presentada, el 28 de noviembre de 2024, por la Dirección General Impositiva (DGI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que daba cuenta de una serie de irregularidades detectadas en el marco de un proceso de fiscalización a la empresa Triecsa S.R.L.

De acuerdo a la investigación, las personas responsables de la firma habrían evadido 503.287.465,50 pesos en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 699.890.923,50 pesos del Impuesto a las Ganancias, correspondientes al período fiscal 2021. Para ello, habrían presentado declaraciones juradas engañosas, omitido ingresos y computado créditos fiscales que no correspondían.

También, se verificaron operaciones de compra y giro de divisas al exterior por un monto estimado en 1.247.947.888 pesos, que no habrían sido registrados en la contabilidad de la empresa y que estarían vinculadas con inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos de América y en el Reino de España.

Además, se investiga la simulación de cancelación de obligaciones fiscales, a través de la generación de saldos fiscales ficticios, por una suma superior a 68.369.271 pesos.

Finalmente, en función de los elementos reunidos durante la investigación patrimonial y financiera, el juez valoró que también se habrían desplegado maniobras posteriores tendientes a frustrar la acción del fisco, entre ellas la disminución abrupta de la actividad comercial, la presentación de declaraciones sin movimiento, la generación de saldos fiscales ficticios y la transferencia de participaciones societarias en circunstancias consideradas atípicas. Todo ello permitió inferir la posible configuración de un proceso de insolvencia fiscal fraudulenta.

Medidas

Oportunamente, y previo al llamado a indagatoria de los tres responsables de la firma, la fiscalía fundamentó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, que incluyeron el embargo preventivo de los bienes identificados a nombre de los tres directivos, Triecsa S.R.L. y las firmas Trini S.R.L y la ST64 S.A. de servicios para la construcción, y el congelamiento de sus productos bancarios por el plazo de 90 días.

En ese contexto, la fiscalía y las áreas especializadas solicitaron dichas medidas cautelares para asegurar la conservación de los bienes que podrían constituir el producto o provecho de los delitos investigados, garantizar la eficacia del proceso penal y resguardar la posibilidad de decomiso.

El 18 de marzo pasado, el requerimiento fue resuelto de forma favorable por el juez Mirabelli que, en paralelo, dispuso la prohibición de innovar respecto del fondo de comercio de una de las sociedades involucradas y ordenó la anotación de litis sobre diversos inmuebles ubicados en el exterior.

A tal fin, se libraron exhortos internacionales a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América y del Reino de España, con el objeto de obtener información sobre la titularidad de los bienes, sus eventuales transferencias y la operatoria económica vinculada.