El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, inauguró la “Primera Reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe”, organizada por la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre los días 22 y 23 de octubre en el salón auditorio de la Procuración General de la Nación, en la calle Tte. Gral Perón 667, en el microcentro porteño. El evento contó además con el apoyo de la Embajada Británica en la Argentina.

Por parte del Ministerio Público Fiscal, en el encuentro también participaron los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta -cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Raúl Pleé –titular de la Fiscalía General N°2 ante la Cámara Federal de Casación Penal-, Carlos Rívolo y María Paloma Ochoa y Alejandra Mángano –responsables de las Fiscalías Nacionales en lo Criminal Correccional Federal N°2, N°10 y N°12 de la Capital Federal, respectivamente-, María Andrea Garmendia Orueta y José Ipohorski Lenkiewicz –de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas-, Luis Arocena –prosecretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional, que encabeza Juan Manuel Olima Espel-, e Ileana Schygiel –del Área de Delitos contra la Administración Pública de la PROCELAC-.

La apertura estuvo a cargo del Procurador General interino quien, junto a Laura Alonso –Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción-, Daniel Raimondi –Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación- y Patrick Moulette –jefe de la División de Lucha contra la Corrupción de la OCDE- abordaron las observaciones preliminares al encuentro.

En la presentación, el procurador Casal dio la bienvenida a los presentes y destacó que este tipo de encuentros promueven una mejora sustancial en la lucha contra la corrupción transfronteriza en la región de América Latina y el Caribe.  Asimismo, añadió que “hemos decidido que el Ministerio Público Fiscal asuma un rol protagónico en el proceso de adecuación del marco legal e institucional del país para poder hacer frente al fenómeno de la corrupción local y transfronteriza de forma más eficiente”. Refirió también que el esfuerzo para la organización de esta reunión es un reflejo del empeño que viene realizando la Argentina, para cumplir y estar a la altura de los estándares de la Convención de la OCDE contra el soborno trasnacional y contribuir al acceso del país como miembro pleno de ese organismo.

Por su parte, la licenciada Laura Alonso destacó la importancia de “la redacción y la promoción de la sanción de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina”, mientras que, en esta misma línea, Raimondi resaltó que “la Argentina a través del trabajo conjunto con numerosos organismos del Estado y con participación de la sociedad civil ha logrado esfuerzos y avances” en dicha materia.  Finalmente, Moulette subrayó la importancia de “intercambiar las buenas practicas que enseñan a detectar los complejos sistema de soborno y por lo tanto llegan a responsabilizar a los delincuentes”.

Este evento, de dos jornadas, contó con la participación de más de 50 fiscales y autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Reino Unido y Uruguay; además de la presencia de representantes de la OCDE, la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Red de Fiscales Especializados contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Las diversas sesiones de la reunión se desarrollaron con una metodología de exposiciones realizadas y moderadas fiscales y autoridades especializadas en la materia. En ellas se abordaron aspectos centrales para la lucha contra la corrupción y el soborno trasnacional, como la cooperación internacional y la asistencia legal mutua, las técnicas especiales de investigación, la conformación de redes informales de cooperación, la responsabilidad de las personas jurídicas y las investigaciones corporativas, las investigaciones sobre lavado de activos vinculadas con hechos de corrupción, el uso eficiente de las herramientas de recuperación de activos.

Asimismo se compartieron buenas prácticas en investigaciones, a partir de las experiencias recogidas en casos reales en los distintos países, a la par de que se promovió la mejora de las capacidades de los profesionales participantes a partir del análisis de casos hipotéticos.

Además de promover el intercambio de experiencias y conocimientos este tipo de eventos favorecen al conocimiento directo y fomentan la confianza mutua entre autoridades de distintas jurisdicciones. Dado al desarrollo y a la forma en que evoluciona el crimen organizado trasnacional, en sus distintas modalidades, estos elementos como los que se han afianzado en estas jornadas resultan de esencial importancia para lograr una cooperación internacional más ágil y eficiente e investigaciones cada vez más efectivas.