La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, presenta la tercera edición de su Dossier de Jurisprudencia sobre la Aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos - Ley N°27.372. En esta oportunidad, el documento incluye una selección de decisiones judiciales tomadas entre julio de 2019 y el primer semestre de 2020.

El propósito de esta publicación es difundir las iniciativas judiciales destacadas para poner en conocimiento el estado actual de las discusiones jurisprudenciales en relación a la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Desde la sanción de la norma en junio de 2017, la DOVIC elaboró una serie de documentos que tienen como propósito divulgar sus alcances y auxiliar en su aplicabilidad.

El nuevo documento se suma al volumen I, que compila las decisiones judiciales desde el dictado de la ley hasta fines de 2018 y hace hincapié en el impacto de la nueva legislación en el proceso penal; y al volumen II, que recopila los decisorios dictados entre julio de 2018 y el primer semestre de 2019, cuando se advirtió una mayor profundidad en la aplicación de ley, especialmente en lo relacionado a reducir el impacto negativo y los índices de revictimización que el propio servicio de administración de justicia puede generar.

Los avances reflejados en el dossier

En esta tercera publicación se señalan dos circunstancias que impactaron en la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos: por un lado, la aplicación de algunas disposiciones procesales del Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones del país y, por el otro, la situación de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.

En relación a la entrada en vigencia de algunas disposiciones del CPPF, se destacan los artículos 80 y 81, que regulan y garantizan los derechos y facultades de las víctimas en el marco de la aplicación de aquellos institutos, tales como la garantía de contar con un adecuado asesoramiento técnico, la forma en que les corresponde intervenir en el proceso, el derecho a ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, entre otros. En esta línea, se destacan una serie de decisiones judiciales que ponderaron la participación de las víctimas en acuerdos conciliatorios con la persona imputada para delitos patrimoniales y no violentos, como también en las audiencias de suspensión del juicio a prueba.

El trabajo ofrece jurisprudencia sobre la intervención de la víctima frente a cambios y morigeraciones en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad y en el encarcelamiento preventivo de personas condenadas e imputadas.

Asimismo, la situación sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19, decretada en marzo de 2020, obligó a la adopción de una serie de medidas para que la prestación del servicio de justicia sea compatible con la preservación de la salud de las personas que lo brindan y de aquellas que concurren a recibirlo. Con esos objetivos, desde la DOVIC se elaboraron una serie de pautas para garantizar la participación de las víctimas en los actos procesales realizados de manera remota. El nuevo volumen también incluye las resoluciones judiciales adoptadas en sintonía con esas recomendaciones.

La emergencia sanitaria también generó la solicitud de cambios y morigeraciones en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad y en el encarcelamiento preventivo de personas condenadas e imputadas, por lo que en esta entrega se ofrece un conjunto de providencias en las que la intervención de la víctima en esas incidencias ha sido garantizada por imperio de la ley Nº27.372.

Finalmente, este tercer dossier presenta un universo de sentencias en las que se profundiza el avance de derechos de carácter procesal de las víctimas de delitos, lo cual permite comprender el contexto en el que se desarrolla el estado actual de las discusiones jurisprudenciales en relación con la aplicación de la norma a tres años de su sanción.

El rol del Ministerio Público Fiscal

El MPF ha tenido un rol fundamental en el proceso de aplicación de la ley Nº27.372 a través de numerosas acciones, tendientes a impulsar la participación de la víctima en el proceso penal y remover los obstáculos para el efectivo acceso a la justicia.

La compilación de recursos jurídicos responde a una de las líneas de trabajo de la DOVIC, en el marco de su función encaminada a garantizar sus derechos a las víctimas de cualquier delito y a brindar información general desde el primer contacto con la institución y a lo largo de todo el proceso penal.