En consonancia con lo dictaminado por el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, la Sala II del máximo tribunal penal resolvió que uno de los imputados en la causa CBI deberá volver a prisión. Se trata de Miguel Vera, quien es investigado en la investigación que lleva el fiscal federal Enrique Senestrari por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada y evasión impositiva. Vera, a su vez, es investigado por la muerte del vicepresidente de CBI, Jorge Suau. Esta mañana, fue detenido y trasladado a la cárcel de Bower.

Para los jueces Alejandro Slokar y Pedro David y la jueza Angela Ledesma, “de las testimoniales valoradas, deviene lógica la presunción de la Cámara respecto de que el imputado pueda obstaculizar la labora de la justicia en la investigación, tal como concluye al respecto: ‘Vera contaría con los medios suficientes para ello: podría montar todo un operativo para esconder a uno de los imputados en la presente causa (…) en otra provincia, o bien, borrar u ocultar proebas a través de distintos contactos…’, lo que tornaba razonable reencaminar el pronóstico de peligrosidad procesal”.

Para arribar a esa decisión, Slokar, David y Ledesma valoraron los testimonios brindados en el marco de la causa, en los que se detallan maniobras que habría intentado Vera para no dejar rastros sobre su actividad. En ese sentido, citaron el dictamen de De Luca al manifestar que “…la libertad del imputado, al que se le atribuyen hechos graves, de gran daño social…” podría facilitar la posibilidad de que recurra a estructuras de poder económico y de negocios “para eludir u obstaculizar la acción de la justicia”.