El fiscal a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar Ciruzzi, llevará adelante el próximo 25 de abril su alegato en el juicio por el derrumbe dentro del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010.

El debate comenzó en febrero de este año. Aborda lo ocurrido la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable -ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638- cuando los ex integrantes del grupo “Ráfaga” llevaban adelante un recital. Cerca de las 3.50, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes de Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y las lesiones de los y las jóvenes que se encontraban esa noche. Durante el juicio, declararon personas que asistieron aquella noche, peritos y ex empleados de Beara.

Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini dispusieron que el mismo día en que la fiscalía expondrá su alegato, también tendrán que hacerlo las querellas que representan a las familias de las dos jóvenes fallecidas, y establecieron que a partir del 2 de mayo expondrán las defensas de los 17 acusados.

Los imputados

Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess eran socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado. Los tres llegaron a juicio acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”. Esa última imputación incluye el presunto pago de coimas de su parte para lograr la habilitación de Beara.

En esa línea, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio” y que se ocuparon del trámite de habilitación y de los presuntos pagos, están acusados por los mismos delitos que los socios. Dentro de la lista de acusados está el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación y que está imputado por los homicidios y las lesiones así como por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Por su parte, el co-organizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, está imputado entre los responsables por las muertes y heridos.

El exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, llegó al debate acusado de los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real”. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, realizado por el fiscal Andrés Madrea, fue el funcionario que intervino directamente en la habilitación de Beara y Caramel.

Con respecto al ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, se lo llevó a juicio por los mismos delitos que a Farrell aunque únicamente alcanzan al local Beara. Misma situación enfrentan el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. La exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, llegó a juicio acusada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado la situación.

Agustín De Grazia era encargado de Beara y se turnaba, de acuerdo a la acusación, para pagarle a los policías las coimas, por lo que se lo consideró partícipe de cohecho activo.

El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados responsables por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. De acuerdo a la acusación, los cuatro recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños de los locales Beara y Caramel.