El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó hoy una serie de planteos de nulidad y prescripción que habían realizado las defensas en el marco del juicio por el derrumbe dentro del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010. El hecho derivó en la muerte de Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y dejó heridas a más de 50 personas. En el debate, interviene el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, quien se había pronunciado el lunes pasado, en la jornada inicial, en contra de todos los planteos.

En el juicio se juzga lo ocurrido la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable Beara -ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz 1638- cuando los ex integrantes del grupo “Ráfaga” llevaban adelante un recital. Cerca de las 3.50, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes y las lesiones de los y las jóvenes que se encontraban esa noche. Entre los 17 implicados en el juicio están los responsables del boliche y del local de al lado, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas. La investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Andrés Madrea.

“El juicio es donde podemos evaluar si hay elementos suficientes para acusar o condenar”

Al final de la audiencia del lunes, las defensas habían manifestado una serie de cuestiones preliminares, que incluyeron pedidos de sobreseimientos, nulidades del requerimiento de elevación a juicio del MPF y planteos de falta de acción por prescripción por parte de Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, que trabaja actualmente dentro de la estructura del gobierno porteño.

En ese momento, el fiscal Ciruzzi explicó que la por entonces funcionaria, al seguir dentro del andamiaje administrativo -aun con menor responsabilidad- está alcanzada por la interrupción de la prescripción, que es establecida en las situaciones donde los imputados aún se encuentran bajo la órbita pública. En esa línea, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini recordaron que el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende “en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

Frente a planteos de la defensa, el tribunal indicó que dentro del requerimiento de elevación a juicio realizado por la fiscalía está “perfectamente delimitado” el objeto del debate y que todos los imputados conocen de qué hechos deben defenderse.

En respuesta a otro de los planteos, y tal como había considerado la fiscalía, remarcaron que no corresponde dictar en este momento ningún sobreseimiento. “Es el debate el lugar donde se van a analizar las pruebas: durante el juicio es donde podemos evaluar si hay elementos suficientes para acusar o condenar”, puntualizaron.

Los magistrados consideraron que dentro del requerimiento de elevación a juicio realizado por el Ministerio Público Fiscal está “perfectamente delimitado” el objeto del debate y que todos los imputados conocen de qué hechos deben defenderse. Sostuvieron también que no ha pasado aún el plazo de prescripción de la causa, en contra de lo pretendido por la defensa de uno de los implicados.

Indagatorias y próximas audiencias

Luego de resolver los planteos, el juez Noceti Achaval pasó a la etapa de indagatorias. De los 17 imputados, solo uno optó por declarar en el juicio mientras que otros tres eligieron que se lea lo que dijeron durante la instrucción del expediente. Matías Pantarotto, por entonces gestor de la empresa dueña de Beara, adelantó que declarará durante la próxima audiencia, que se llevará adelante el lunes 21 de febrero. El resto de los involucrados decidió no hablar en esta instancia y que se incorpore su declaración sin necesidad de que sea leída en la audiencia.

El ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas aseguró que no hizo nada incorrecto con respecto a la habilitación del lugar. “Eleve el expediente porque tenía toda la documentación necesaria para que se procediera al acto administrativo de elevación”, consideró.

En su exposición, explicó cuáles eran sus funciones dentro de la estructura del Gobierno de la Ciudad: “Mi misión era verificar que en el expediente no faltara ninguna documentación exigida dentro de la normativa”. “No había documentos que mencionaran un entrepiso, no estaba enterado, solo miraba documentos”, dijo Saikauskas y agregó: “No podría estar delante de ustedes si hubiera recibido un dinero, tengo la conciencia tranquila”.

Cerca de las 3.50 del 10 de septiembre de 2010, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes y las lesiones de los y las jóvenes víctimas.

Luego, se leyeron las declaraciones del arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; del encargado de Beara Agustín De Grazia y del ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano. El próximo lunes, tras la declaración de Pantarotto, se comenzará a escuchar a los testigos, que están divididos por grupos: policías que acudieron la madrugada del derrumbe, personas que fueron lesionadas o que estuvieron dentro del local, peritos, empleados de Beara, entre otros.

Los imputados

Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess eran socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado. Los tres llegaron a juicio acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”. Esa última imputación incluye el presunto pago de coimas de su parte para lograr la habilitación de Beara.

En esa línea, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio” y que se ocuparon del trámite de habilitación y de los presuntos pagos, están acusados por los mismos delitos que los socios. Dentro de la lista de acusados está el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación y que está imputado por los homicidios y las lesiones así como por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Por su parte, el co-organizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, está considerado entre los responsables por las muertes y heridos.

Por otra parte, el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, llega al debate acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real. En su caso, era el funcionario que intervino directamente en la habilitación de Beara y Caramel.

Con respecto al ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, se lo llevó a juicio por los mismos delitos que a Farrell aunque únicamente alcanzan al local Beara. Misma situación enfrentan el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky, y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. La ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, llegó a juicio acusada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado la situación.

Agustín De Grazia era encargado de Beara y se turnaba, de acuerdo a la acusación, para pagarle a los policías las coimas, por lo que se lo consideró partícipe de cohecho activo.

El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados responsables por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. De acuerdo a la acusación, los cuatro recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños de los locales Beara y Caramel.