El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó hoy con el juicio por las distintas responsabilidades que tuvieron 17 acusados en el marco de la causa por el derrumbe dentro del boliche Beara, en septiembre de 2010. El hecho derivó en la muerte de Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y dejó heridas a más de 50 personas. En el debate, interviene el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

Antes de la realización del juicio, el juez Alejandro Noceti Achaval encabezó una audiencia donde rechazó los pedidos de suspensión del juicio a prueba que realizaron siete de los implicados, en línea con lo que había planteado el fiscal Ciruzzi. El Tribunal lo completan los jueces Gabriel Vega y Gustavo Alterini y cuenta también con el magistrado Gustavo Rofrano en su rol de juez sustituto.

En el debate, se juzga lo ocurrido la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable Beara -ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz 1638- cuando los ex integrantes del grupo “Ráfaga” llevaban adelante un recital. Cerca de las 3.50, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes y las lesiones de los jóvenes que se encontraban esa noche. Entre los implicados en la causa están los responsables del boliche y del local de al lado, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas. La investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Andrés Madrea.

La discusión por las probation
Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess eran socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado. Los tres, a través de sus defensas, solicitaron la suspensión de juicio a prueba debido a que la sentencia que podría corresponderles sería de ejecución condicional y marcaron también su falta de antecedentes.

La defensa de Fliess marcó que realizaría un “esfuerzo económico” con la voluntad de “superar el conflicto” y ofreció pagar cinco millones de pesos para repartir entre las familias de las dos chicas que fallecieron y un millón de pesos a dividir entre los heridos graves y leves de aquellas noche. Por su parte, el abogado de Dobrila y Yun sostuvo que los dos hombres “están siendo probados desde hace 11 años y medio” y que ambos “brindaron explicaciones desde el primer día”. En esa línea, marcó que el proceso judicial se ralentizó “porque así es la justicia”, que no fueron los acusados los culpables de ello y ofreció el mismo monto de reparación que Fliess.

Por su parte, la defensa del entonces arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky ofreció una reparación de 120 mil pesos a pagar en cuotas durante un año mientras que el encargado de Beara Agustín De Grazia propuso donar 50 mil pesos a alguna institución que el Tribunal considere. El co-organizador del recital de aquella noche Maximiliano Fratino sostuvo que está dispuesto a “pedir ayuda a sus familiares” para poder cubrir una reparación de 700 mil pesos a pagar en cuotas. Por último, el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quién dio el aval para la habilitación del lugar, sostuvo que podría cubrir un monto de 50 mil pesos en dos cuotas.

Ante esto, las querellas que representan a las familias de las dos víctimas se opusieron a los planteos de las defensas. El presidente del Tribunal también le dio la palabra a la madre y al padre de cada una de las chicas fallecidas y a dos mujeres que estuvieron aquella noche y que resultaron heridas.

Luego de esas exposiciones, el fiscal Ciruzzi planteó el rechazo de todos los pedidos: explicó que por una cuestión de política criminal, este tipo de delitos deben saldarse en el debate. “En estas causas que tienen impacto social e incidencia grave, la Fiscalía sostiene la postura de que se deben realizar los juicios y deslindar allí cualquier responsabilidad”, señaló.

Luego, analizó cada uno de los planteos en forma particular para afirmar que, por más de que el Tribunal rechazara los pedidos de suspensión de juicio a prueba y las defensas recurrieran a Casación, esa decisión no debía interrumpir el trámite de la causa, o sea, el inicio del juicio. Aclaró, que en todo caso, si se deba esa situación, se debía dejar asentado que los tiempos de la prescripción se suspendían hasta la resolución de los recursos.

Tras un cuarto intermedio, el juez Noceti Achaval consideró entonces que para la concesión de una probation se debe contar con la aprobación de la Fiscalía en su rol de representante de los intereses de la sociedad. Sostuvo entonces que los argumentos desplegados por el representante del Ministerio Público fueron razonables y que su opinión estaba fundada. Ante un nuevo planteo de una de las defensas, el Tribunal con el voto de todos sus integrantes decidió que debía darse inicio al debate.

La audiencia de juicio
Al inicio, se leyeron las imputaciones que hay contra cada uno de los implicados. Yun, Dobrila Y Fliess llegaron a juicio acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”. Esa última imputación incluye el presunto pago de coimas de su parte para lograr la habilitación de Beara.

Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio” y que se ocuparon del trámite de habilitación y de los presuntos pagos, están acusados por los mismos delitos que los socios. Amaru -que dio el aval para la habilitación- está imputado por los homicidios y las lesiones así como también por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Por su parte, Fratino está considerado entre los responsables por las muertes y heridos.

El ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, está acusado por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real. En su caso, era el funcionario que intervino directamente en la habilitación de Beara y Caramel. Con respecto al ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, está imputado por los mismos delitos que Farrell aunque únicamente alcanzan al local Beara. Misma situación enfrentan el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano y el arquitecto Rasdolsky.

La ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, llegó a juicio acusada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado la situación. Por otra parte, De Grazia -encargado de Beara- se turnaba, de acuerdo a la acusación, para pagarle a los policías las coimas, por lo que se lo consideró partícipe de cohecho activo.

El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas, y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados responsables por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. De acuerdo a la acusación, los cuatro recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños de los locales Beara y Caramel.

Tras la lectura, las defensas de varios acusados plantearon una serie de cuestiones preliminares, que incluyeron pedidos de sobreseimientos, nulidades del requerimiento de elevación a juicio del MPF y planteos de falta de acción por prescripción por parte de Berkowski, que todavía trabaja dentro de la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de las exposiciones, el fiscal explicó que en el caso de la por entonces funcionaria, al seguir dentro del andamiaje administrativo -aun con menor responsabilidad- le alcanza la interrupción de la prescripción, que es establecida en las situaciones donde los imputados aún se encuentran bajo la órbita pública.

Consideró la Fiscalía que varios de los planteos eran reediciones de pedidos que ya habían sido resueltos por el Tribunal y sostuvo que los cuestionamientos contra el requerimiento de elevación a juicio tampoco tenían lugar. Destacó la importancia de avanzar en el debate y analizar los testimonios que justamente están reflejados en el requerimiento del MPF. Tras las exposiciones de las querellas, que también postularon su rechazo, el Tribunal comunicó que responderán a los planteos durante la próxima audiencia, que se llevará adelante el miércoles 16 de febrero.