El Tribunal Oral Federal N°2 llevó adelante una nueva audiencia virtual, a través de la plataforma Zoom, del juicio oral sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Intervienen el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola. A su vez, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son parte del proceso como querellantes. En las audiencias de debate se juzga la presunta responsabilidad de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, junto a otros doce imputados, entre empresarios y ex funcionarios públicos y provinciales.

En la audiencia de hoy, el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso continuó con la etapa de producción de prueba en la cual declararon los testigos Silvina Paula Maiorana y Guillermo Bartoli, quienes ofrecieron su testimonio sobre los mecanismos de pagos a los contratistas de la obra púbica, según su experiencia como empleados de la Dirección Nacional de Vialidad. Es de destacar que hacia el final del juicio se espera la participación de 180 testigos.

El primero en declarar fue Bartoli, quien relató que trabajó durante 25 años en el organismo, al cual entró como pasante. Afirmó que durante su trayectoria en el organismo pasó por diversas áreas. Expuso sobre su tarea en la División Presupuestos y relató que la dependencia era la encargada de “formular el presupuesto para los años siguientes y de consolidar la información que era enviada desde las áreas técnicas”.

El testigo habló sobre su rol como coordinador de las distintas áreas encargadas en los pagos de las obras y aclaró que los expedientes no pasaban "físicamente" por esa oficina pero que su tarea estaba vinculada a la coordinación de esas tareas. En este mismo sentido, Bartoli profundizó en los mecanismos administrativos vinculados a los pagos anticipados y dijo conocer “de la existencia de la resolución del administrador general en la cual se había fijado un procedimiento para ejecutar pagos anticipados ante requerimiento de algunas empresas”.

Por su parte, Maiorana relató que ingresó a trabajar en el organismo en el año 1998, como pasante en el área de Control Legalidad y pasó luego a la División Liquidaciones de la Gerencia de Administración. La testigo sostuvo que su tarea no era la de controlar los convenios. Sin embargo, señaló que creía que los pagos anticipados, llamados formalmente convenios de pronto pago, debían estar motivados “por causas de fuerza mayor”, según se señalaba en la resolución que los implementaba. A su vez, la testigo mencionó a empresas del Grupo Austral, de las cuales recordaba que había requerido la modalidad mencionada de los pagos anticipados.

Tras la declaración de los testigos, el tribunal convocó a cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del martes 16 de marzo, en la cual se espera que presten declaración testimonial Celso Álvarez, Roger Botto, María del Carmen Albarracín y Lucia Lacunza.

Acusaciones

Entre los acusados se encuentran el ex ministro nacional de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; los ex titulares de la Dirección Nacional de Vialidad y de la secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner, respectivamente; el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala; y el empresario de la construcción Lázaro Báez.

También se encuentran apuntados de haber integrado parte de las maniobras: Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están señalados por defraudación al Estado y en el caso de Fernández, Báez, De Vido, López, Periotti y Kirchner, por el delito de asociación ilícita.