El fiscal federal Franco Picardi requirió que la ex esposa de Ibar Esteban Pérez Corradi, Liliana Raquel Aurehhuliu, sea citada a prestar declaración indagatoria. En el pedido realizado al juez Sebastián Casanello, el representante del Ministerio Público dio curso a una presentación realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF), vinculada a la causa por lavado de activos por la que ya se dispuso la elevación a juicio de quien estuviera prófugo hasta su extradición en julio de este año.

Tras analizar la presentación de la UIF, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dictaminó: “Se ha logrado verificar que, sin perjuicio de que el lazo matrimonial entre Ibar Esteban Perez Corradi y Liliana Raquel Aurehhuliu se encuentra finalizado, lo cierto es que el vínculo patrimonial no se habría interrumpido desde su disolución y, aparentemente, continuaría en la actualidad”. En ese sentido, señaló que la mujer “no solo figura como persona autorizada para el uso de vehículos cuya titularidad corresponde a Pérez Corradi con posterioridad a su divorcio, sino que -además- la nombrada tenía en su poder: el título de propiedad de un vehículo Audi A6, un poder general para la administración de los bienes de su ex cónyuge y una Dodge Ram”.

En particular, “se logró establecer la participación de Aurehhuliu en al menos tres operaciones inmobiliarias” vinculadas a un inmueble ubicado en la calle Ladislao Martínez al 1400, en la localidad de Martínez. A saber: su compra en agosto de 2009 en un millón de dólares, que habría intentado justificar por haberse acogido al “Plan de Blanqueo de Capitales”. Sin embargo, la AFIP le indicó a la UIF “que la citada contribuyente no registró ninguna presentación en el marco del régimen referido”; la segunda consistió en la venta de esa misma propiedad en septiembre de 2011 por un valor fiscal ligeramente menor al informado, a la COMPAÑÍA CENTRO OCCIDENTAL DE INVERSIONES S.A., constituida tan sólo dos meses antes de la operación. El aporte del capital lo hizo una persona de nacionalidad brasileña en una fecha que “resultaría inconsistente en relación a la fecha de constitución de la empresa”. La tercera fue la compra de otro inmueble sobre la calle Balcarce, también en Martínez, por 900 mil dólares.

De esa forma, las dos primeras operaciones se habrían realizado sin que pudiera acreditarse el origen lícito de los fondos. Así, la última propiedad “resulta ser subrogante de los fondos obtenidos por la venta del primer inmueble”.

El dictamen del fiscal federal da cuenta también de la existencia de otra causa “por incumplimientos tributarios” que tramita en la justicia federal de San Martín, y que aguarda por una resolución de la Cámara Federal de esa jurisdicción. Allí la adquisición del inmueble “se tipificó como un incremento patrimonial no justificado, siendo que el perjuicio fiscal total ocasionado mediante las maniobras fraudulentas perpetradas por la nombrada, alcanza la suma de $1.469.450”, reseñó Picardi. La hipótesis es que “la suma de dinero aplicada por Aurehhuliu para la obtención del plan [de blanqueo], habría provenido de operaciones que, en principio, podrían constituir maniobras de lavado de dinero”.

“En base a los elementos de prueba traídos a estudio por la Unidad de Información Financiera, a esta altura de la investigación no podría descartarse -teniendo en cuenta sus alcances provisorios-, la existencia de vinculaciones entre Ibar E. Pérez Corradi y Liliana Aurehhuliu”, concluyó el fiscal Picardi, por lo que entendió que se encuentran reunidos los presupuestos exigidos para la procedencia de la declaración indagatoria de la imputada.

Al momento de pedir la elevación a juicio de Pérez Corradi en julio, Picardi le imputó haber facilitado su caja de ahorro y cambiado cheques para “darle un viso de legalidad a dinero proveniente de maniobras delictivas” vinculadas a la “mafia de los medicamentos”.