31 de octubre de 2020
31 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Informe sobre el funcionamiento del sistema acusatorio durante la pandemia
Más de 600 audiencias penales fueron celebradas en Salta y Jujuy durante la crisis sanitaria
Desde su implementación, el sistema acusatorio superó diversos inconvenientes previstos e imprevistos, como la actual pandemia de COVID-19: el número de audiencias, tanto de formalización como de juicio, nunca disminuyó.

Con un promedio de cien audiencias por mes, desde marzo a septiembre y en plena vigencia de las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, las distintas fiscalías de las unidades de Salta y Jujuy mantuvieron el nivel de eficiencia alcanzado con la implementación del sistema acusatorio.

El número principal del registro de audiencias acumuladas durante los seis meses con medidas sanitarias vigentes indica un total de 518 audiencias de formalización y trámites de investigaciones penales en curso e iniciadas entre marzo y septiembre.

A esta cantidad, se suma un promedio de entre 90 y 100 audiencias más correspondientes a juicios que se llevaron adelante y a otros actos procesales que la Fiscalía de Transición lleva adelante en el marco de causas que se tramitan bajo el sistema mixto.

Los números surgen de los registros de la unidades fiscales de Salta y Jujuy como de la Oficina Judicial, y corresponden a actuaciones llevadas adelante por las distintas áreas de especialización conformadas a partir de la implementación del Código Procesal Penal Federal el 10 de junio de 2019 en Salta y Jujuy, en lo que significó el primer paso para su posterior aplicación en todo el país.

Hasta marzo pasado, transcurridos nueve meses desde su puesta en marcha, los operadores del sistema, tanto en Salta y Jujuy, lograron adaptarse al nuevo modelo y comenzaron a obtener resultados en cuestión de semanas, como por ejemplo la apertura, trámite y cierre de casos, con sus respectivas condenas.

Hubo resoluciones arribadas a través de acuerdos plenos, conciliaciones, y aplicación de probation y de criterio de oportunidad. También se utilizaron con éxito herramientas procesales como la entrega vigilada o el agente colaborador, entre otras.

El MPF destaca la disposición de los jueces de garantías, de revisión y de juicio en todas las jurisdicciones de Salta y Jujuy, y la labor del equipo de trabajo de la Oficina Judicial en la coordinación y asistencia tecnológica de los medios virtuales.

Al respecto, el fiscal Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, se refirió a un juicio llevado recientemente en el Tribunal Oral Federal. “La mayor parte del debate seguido contra cinco imputados fue presencial, aunque cuando se necesitó acudir a medios virtuales para avanzar con el juicio, no hubo ningún inconveniente”, explicó.

Asimismo, resaltó que “las audiencias, al igual que otra que iniciamos en estos días en el TOF 1, se llevaron adelante bajo todas las medidas de seguridad sanitarias implementadas en el marco de la pandemia”. “Este nuevo modelo cambió no sólo nuestra manera de trabajar, sino también reactivó el compromiso de los operadores judiciales, lo que se evidencia claramente en las estadísticas alcanzadas, las que hablan por sí solas”, sostuvo el fiscal Villalba, a cargo del distrito.

El decomiso y disposición directa de mercadería en beneficio de entidades locales fue una de las herramientas procesales aplicadas.

Desafío

Frente a la pandemia, las fiscalías se adecuaron a la crisis sanitaria e implementaron nuevos protocolos. En la Unidad Fiscal Salta, el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, titular de las áreas de Investigación y Litigación de Casos Complejos, No Penal y de Víctimas, dirigió esta tarea junto a su equipo de auxiliares a fin de velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno nacional.

En esa tarea, la actuación no se limitó solo al mero trámite de infracciones, pues en muchos casos, como sucedió con la actividad minera, la fiscalía tuvo una mayor intervención a fin de garantizar la protección y sanidad de muchos trabajadores.

La supervisión del transporte aéreo y el contacto con otros operadores sanitarios, entre otras actividades, expuso a fiscales y auxiliares que, igualmente, llevaron adelante las distintas tareas. Esas labores posteriormente encontraron un mejor camino al combinarse esfuerzos con la justicia provincial, solución prevista por el Código Procesal Penal Federal.

En ese contexto, una vez adoptadas las medidas de seguridad higiénica, las audiencias de persecución penal contra el narcotráfico y otros delitos graves siguieron su curso.

El 22 de marzo, dos días después de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el fiscal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, imputó el delito de transporte de estupefaciente a dos hombres que, a bordo de una camioneta, ingresaron desde Chaco con una carga de 20 kilos de cocaína.

La audiencia, de la que también participó el auxiliar fiscal, Rafael Lamas, mostró a los operadores con tapabocas y una rutina que aún se mantiene en las audiencias presenciales. Asimismo, el uso de medios tecnológicos pasó a tener una mayor gravitación, pues en esta audiencia el juez federal de garantías, Carlos Martínez Frugoni, comprendido dentro del grupo de riesgo, dirigió el acto procesal desde su domicilio.

El MPF destaca la disposición de los jueces de garantías, de revisión y de juicio en todas las jurisdicciones de Salta y Jujuy, y la labor del equipo de trabajo de la Oficina Judicial.

Réditos

Durante los meses subsiguientes, las unidades fiscales de Salta y Jujuy realizaron cientos de audiencias, muchas de las cuales derivaron en fructíferos acuerdos plenos, otra herramienta que llegó con el sistema acusatorio: se realizaron importante acuerdos con donaciones de dinero por sumas millonarias, mercadería y, en especial, elementos de higiene a cientos de entidades de ambas provincias.

En Salta, el fiscal general Francisco Snopek, titular de las áreas de Flagrancia e Investigación y Litigación de Casos Sencillos y de Ejecución Penal, logró más de 1,6 millones de pesos en concepto de donaciones de dinero a entidades que combaten la pandemia, todo ello a partir de acuerdos plenos logrados con personas imputadas por delitos de encubrimiento de contrabando, en su mayoría.

El decomiso y disposición directa de mercadería en beneficio de entidades locales, en tanto, fue otra de las herramientas procesales aplicadas. Así, por ejemplo, el 28 de abril, entre numerosos casos, el fiscal Federico Zurueta, de la Unidad Fiscal de Jujuy, obtuvo el decomiso de un camión repleto de mercadería, valuada en alrededor de 840 mil pesos, la cual llegó a dos instituciones de bien público que atienden a 500 personas, muchas de ellas adultas mayores.

El accionar de las fiscalías en ningún momento se vio disminuido y tampoco se advirtió retardo en su función, pues se dio respuesta inmediata a cada caso. Eso se pudo apreciar en la inmediata detención de un imputado que, a menos de seis horas de ser beneficiado con el arresto domiciliario, fue sorprendido en otro domicilio y en plena violación de las medidas sanitarias.

En este caso, el fiscal Villalba, titular del Área de Atención Inicial, llevó adelante la detención y le inició un nuevo proceso, por el cual fue condenado en menos de un mes. Desde la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, en tanto, se llevó adelante la primera acusación penal contra un infractor por el delito de propagación del virus por la sospecha de haber contagiado a ocho personas. Es uno de los hechos más graves de la provincia.

El registro de audiencias acumuladas durante los seis meses con medidas sanitarias indica un total de 518 audiencias de formalización y trámites de investigaciones penales en curso e iniciadas.

Narcotráfico y corrupción

La persecución penal del narcotráfico y hechos de corrupción, tampoco se vio resentida. Durante los seis meses distintas áreas, como Casos Complejos, Procunar Noa y Flagrancia y Casos Sencillos, entre otras, obtuvieron importantes condenas de casos que ya estaban en trámite, y de otros que se iniciaron y concluyeron dentro de los seis meses.

El 20 de abril, a un mes del inicio de las medidas sanitarias, la Procunar Noa avanzó con la detención e imputación de cuatro efectivos de la subdelegación Orán de la Policía Federal. En agosto pasado, a tres meses del caso, se arribó a la condena de tres de los policías, mientras que el cuarto llegará a juicio en los próximos días.

Dos días antes, el 18 de abril, el fiscal Villalba, desde el Área de Atención Inicial, llevó adelante la investigación del primer hecho de secuestro extorsivo en Salta, por el cual fueron detenidas e imputadas cuatro personas, las cuales también resultaron con condenas.

En tres meses, entre mayo y agosto pasado, el mismo fiscal logró la detención de un chofer de la Dirección de Vialidad de la Provincia, quien transportaba droga del norte provincial hacia la localidad de Cobos, hecho por el cual fue imputado y condenado a cinco años y medio de prisión.

La imputación de 11 personas, entre empresarios de Mendoza y Buenos Aires, un intendente y su secretario de hacienda por el robo de caños del Gasoducto Nea, investigación dirigida por los fiscales Villalba, Romero y Bruno, fue otro de los casos resonantes, cuyo trámite tampoco cesó en tiempo de pandemia.

En otra investigación sobre corrupción, detectada en la localidad de Embarcación, la sede Fiscal Descentralizada de Orán llevó adelante la imputación de gran parte de la comisión directiva del club local de fútbol Central Norte, cuyo presidente, Jorge Moya, está acusado de haber montado una red de fraude en torno al cobro de beneficios sociales diversos que eran sustraídos a comunidades originarias de la zona.

La Fiscalía de Transición, a cargo de Carlos Amad, avanzó con varias causas, por lo general por delitos de lesa humanidad, tramitadas bajo el sistema mixto.

Fraude

La mayor investigación sobre corrupción está a cargo del fiscal Toranzos, quien desde el Área de Casos Complejos y No Penal, imputó por fraude al Estado a 17 concejales y un empleado de un organismo nacional por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una investigación que aún se encuentra en sus albores.

El 2 de agosto pasado, y como resultado de otra investigación de la misma área, se logró desbaratar una red de narcotráfico presuntamente liderada por el ex jefe de la barrabrava del equipo de fútbol Godoy Cruz, de Mendoza, quien dirigió el transporte de cinco kilos y medio de cocaína. Para su imputación, se empleó el recurso procesal de la “entrega vigilada”, una herramienta que el fiscal Toranzos utilizó con éxito en otro caso anterior que concluyó con cinco condenas.

Al respecto, y entre otras sentencias relevantes, el 10 de junio pasado, el fiscal Snopek logró la condena de siete años y medio de prisión de Dimas Nicolás Huanca Cruz, responsable del mayor transporte de droga bajo el sistema acusatorio. Fue detenido con una carga de 430 kilos de drogas en la puna salteña.

Snopek también obtuvo la condena de otros tres hombres a penas de siete años de prisión por el transporte de 79 kilos de cocaína en Cafayate, hecho por el cual luego fueron detenidos otros dos integrantes de la organización, por lo cual el caso aún sigue en trámite.

Asimismo, la Fiscalía de Transición, a cargo de Carlos Amad, avanzó con varias causas, por lo general por delitos de lesa humanidad, tramitadas bajo el sistema mixto. Entre ellas, la indagatoria del empresario local, Marcos Levín y del ex juez federal, Ricardo Lona.