24 de septiembre de 2020
24 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Articulación de la Fiscalía Federal Nº1 con ATAJO y organismos públicos
Otro modo de investigar la narcocriminalidad: cómo es la intervención multidisciplinaria del MPF en la Villa 31 y 31 bis
Para la dependencia que encabeza el fiscal federal Jorge Di Lello es necesario trascender la persecución y juzgamiento de los delitos e implementar estrategias que aporten soluciones a la violencia que los “grupos criminales generan”. Tras una serie de procedimientos en 2016 se recuperaron espacios donde antes se comercializaban estupefacientes.

La clausura en la primera semana de este mes de una serie de “búnkeres” y pasillos en la Villa 31 y 31 bis, en el barrio de Retiro, fue un eslabón más en una serie de intervenciones interdisciplinarias que se vienen realizando desde 2012 hasta la actualidad con participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, además de las tareas propias de la investigación penal en delitos complejos como es la narcocriminalidad, coordina otras junto a organismos estatales para permitir el desarrollo de políticas públicas que suplan “la ausencia del Estado en sectores vulnerables, base del crecimiento del negocio y problema del narcotráfico”, según se señalara en un documento elaborado por la dependencia a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello. Esa labor parte de un enfoque integral que busca superar “una visión conservadora meramente punitiva de escaso éxito por la fungibilidad de la droga y los traficantes”, consigna ese mismo texto.

La recuperación de espacios antes destinados al acopio y comercialización de estupefacientes y su reemplazo por oficinas y bibliotecas públicas son sólo algunas de las expresiones del trabajo realizado, en especial desde 2016 en adelante, como forma de restablecer la presencia del Estado en contraposición a la disponibilidad operativa que su ausencia posibilita a las organizaciones de narcotráfico.

El origen de la intervención

La participación del MPF se inició con una denuncia anónima en agosto del 2012, que alertaba sobre la comercialización de estupefacientes en una porción del barrio y señalaba tres casas como las utilizadas para esa actividad.

La fiscalía apunta a superar “una visión conservadora meramente punitiva de escaso éxito por la fungibilidad de la droga y los traficantes”

La investigación recolectó gran cantidad de pruebas que demuestran que la actividad denunciada no se circunscribe solamente a los domicilios detectados, sino que abarca varios más. De acuerdo a la fiscalía, involucra “a una gran cantidad de personas que se organizan para dar continuidad” al negocio ilícito, lo que explica que se encuentren acumuladas a la causa originaria, por conexidad y tan solo hasta el momento, unas 80 pesquisas por diferentes delitos.

El desarrollo de los acontecimientos y el aumento de los homicidios fundamentó, a partir de principios del 2016, la realización de un centenar de procedimientos y la detención y juzgamiento de decenas de personas cuyas participaciones, en su totalidad, fueron elevadas a juicio oral. Luego se produjeron condenas, en algunos casos mediante juicios abreviados, y en otros se impusieron penas de seis años por su vinculación con otros delitos. También se investigó la comisión de seis homicidios, que permitieron la detención de los responsables, sus procesamientos y el envío de las causas a debate oral. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal Nº6 dictó condenas de 20 y 15 años de prisión en 2018 y 2019, respectivamente, por asesinatos cometidos por “ajustes de cuentas”. En ambos juicios intervino el fiscal general Diego Velasco.

El trabajo, en el marco de la causa que lo originó, continúa desarrollándose porque el material estupefaciente que se comercializa y las personas abocadas a ello resultan, a las organizaciones delictivas, “absolutamente fungibles”. En este marco, se reconoció -y parcialmente identificó- la existencia de dos organizaciones delictivas conocidas como “Los Sampedranos” y “Los del pueblo”, que se disputan el territorio y el monopolio del comercio, cuyo modo operativo busca evitar el control estatal sobre sus actividades y genera mutaciones que obstruyen la labor investigativa. En las pesquisas participaron, en el mismo plan de coordinación, la División Antidrogas Especiales de la Policía Federal Argentina y la Dirección General de Lucha contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas de la Policía de la Ciudad.

Otro modo de investigar. Recuperar espacios.

De acuerdo a la fiscalía de instrucción, que conformó un equipo especialmente abocado a este trabajo, las tareas de quienes integran las organizaciones no sólo están vinculadas a delitos propios de la narcocriminalidad, sino que se extienden en búsqueda de la dominación territorial mediante amenazas, intimidaciones, abuso de armas, usurpaciones y, como se señalara, homicidios, en perjuicio de quienes habitan el barrio.

El abordaje incluyó una aproximación sociológica, por la que se concluyó que a través de la violencia cotidiana a la que son sometidos los habitantes del lugar “se ha constituido un orden social detentado por una autoridad que funciona como una suerte de Estado paralelo, cuyo poder es ejercido por fuerzas vinculadas al narco crimen, quienes someten a aquellas poblaciones aprovechando la vulnerabilidad”.

Para el MPF el eventual secuestro de estupefacientes, detenciones y la retirada, lejos de dar una solución somete la acción de la justicia al “control de la oferta” y a los expedientes a “una dinámica similar al mito de Sísifo"

Desde la perspectiva de la fiscalía N°1 la incursión en el territorio, el eventual secuestro y detención de responsables y la retirada, lejos de dar una solución a la problemática expuesta, somete la acción de la justicia al “control de la oferta” y a los expedientes a “una dinámica similar al mito de Sísifo, pues se reinician una y otra vez sobre sus propias huellas, en un proceso repetitivo y eterno, donde el fin de una investigación es siempre seguido por el principio de otra que persigue el mismo objeto”.

Para la dependencia que encabeza Di Lello es necesario un tratamiento diferencial, en tanto el interés público “en estas circunstancias no se circunscribe a la mera persecución del delito que involucra a la comercialización del material estupefaciente, sino a solucionar la situación de violencia cotidiana que esos grupos criminales generan”.

Junto al desarrollo de un gran operativo en 2016 que incluyó allanamientos, la fiscalía -previo acuerdo con otras esferas estatales- solicitó el secuestro de domicilios usados para el desarrollo del negocio ilegal para instalar allí dependencias estatales,  útiles para la integración social de los vecinos que viven en el barrio. Junto a la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) que encabeza Julián Axat, también del MPF, y la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elaboraron proyectos de utilización de los lugares, que fueron entregados a organismos gubernamentales para la realización de la obras necesarias para tal fin.

Así, donde antes funcionaban puntos de venta y/o de almacenamiento de drogas prohibidas, hoy funciona una Biblioteca Popular de Derechos, entre otras acciones que forman parte del plan trazado.

Tras una serie de procedimientos, en 2016 se dispuso el secuestro de domicilios antes usados para el negocio ilegal y se instalaron espacios útiles para la integración social de vecinas y vecinos.

Por otro lado, el equipo interdisciplinario, coordinado por el secretario de la fiscalía Javier D’Elio, elaboró el documento “Pautas básicas a tener en consideración para la realización de un abordaje integral en barrios vulnerables”, un protocolo de actuación que recopila el espíritu de la intervención descripta. La herramienta tiende a la búsqueda de formas de procedimiento innovadoras contra el crimen organizado, que no solo se ocupe de los efectos del delito y su represión penal, sino que atienda sus causas, ayude a reparar sus efectos y, fundamentalmente, garantice que una vez finalizada la incursión judicial, la conductas ilícitas no se reproduzcan.

Sobre la Biblioteca Popular de Derechos “Carlos Mugica”

Inaugurada en agosto de 2016, la Biblioteca “Carlos Mugica” cuenta con un espacio interactivo, una computadora y una pantalla para la proyección de cortos y películas cinematográficas. Gestionada por ATAJO, convoca a todos los actores sociales comunitarios y operadores de las reparticiones estatales para incentivar aspectos culturales de derechos y proveerlos de libros, folletos, manuales, cuadernos y cuadernillos para la enseñanza y aprendizaje de nociones jurídicas básicas y de derechos humanos.

El lugar fue aprobado para su funcionamiento por sus condiciones óptimas de habitabilidad al momento de su allanamiento, con dos ambientes y un baño y una cocina en buen estado.

Por otro lado, cabe recordar que la Dirección General de Acceso a la Justicia cuenta con dos agencias territoriales fijas en la Villa 31 y 31 bis. Debido a la pandemia, la atención momentáneamente se realiza de manera virtual; los datos de contacto pueden consultarse a través de este enlace. En cuanto a la Biblioteca, las consultas sobre el material de lectura se hacen a través de las redes de ATAJO y luego vecinas y vecinos retiran los libros.