Son 73 los prófugos por delitos de lesa humanidad con orden de captura y buscados por diferentes fuerzas de seguridad, según el relevamiento actualizado a diario por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que reúne los reportes de todos los fiscales federales que intervienen en los procesos judiciales en donde se juzgan los delitos del terrorismo de Estado.

El número se mantuvo estable en los últimos cuatro meses, cuando Fiscales publicó la estadística, aunque los prófugos no son los mismos. La contracara de esa cifra es la que indica que en los últimos 10 años casi 100 procesados fueron capturados, entre ellos el ex juez federal Otilio Romano, recientemente extraditado de Chile.

Por otra parte, tal como se informó oportunamente se registraron en este año imputaciones y órdenes de detención masivas en la provincia de Mendoza, que sigue siendo la jurisdicción con más prófugos del país, lo cual elevó el número casos.

Y, en lo que va del año se produjeron varias fugas, como las de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central, y la más reciente de Alejandro Lawless, cuando era trasladado a los tribunales de la calle Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires. Antes, en mayo, se fugó poco antes de comenzar a ser juzgado en un proceso oral y público en Bahía Blanca el ex militar Carlos Alberto Arroyo, quien gozaba de la excarcelación. Una situación idéntica ocurrió en Formosa en julio pasado con el militar Ángel Ervino Spada.

Las cifras

Más de la mitad de los 73 prófugos, 45, eran integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras que los restantes revistaban en fuerzas de seguridad o eran civiles.

La mayoría de los militares, 38, pertenecían al Ejército, otros seis actuaron en la Armada, uno en la Fuerza Aérea y cinco prestaban funciones en la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI).

De las prófugos ex integrantes de fuerzas de seguridad, doce eran policías federales, cuatro policías provinciales y uno, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En tanto, cinco de los prófugos son civiles.

La nómina se completa con 6 militares uruguayos, un número significativo que pone de relieve el alcance que tuvo el “Plan Condor”.

El mapa

La jurisdicción federal Mendoza, conformada por esa provincia junto a San Juan y San Luis, es la que más imputados por delitos de lesa humanidad tiene en condición de prófugos. Son 21 los “rebeldes” sobre un total de 73 en todo el país.

Las jurisdicciones que siguen en cantidad de prófugos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con quince; Rosario, con siete; y Mar del Plata y Bahía Blanca, con seis cada una.

La nómina se completa con San Martín (una), Comodoro Rivadavia (una), Córdoba (tres), La Plata (cuatro), Paraná (una), Posadas (una), Resistencia (dos), Salta (tres) y Tucumán (tres).

La excepción está dada por las jurisdicciones de las cámaras federales de General Roca y Corrientes, cuyos tribunales no registran prófugos en la actualidad.

La sumatoria de los números aquí expuestos es 74, es decir, uno más del registro total. Sucede que uno de los prófugos está rebelde de jueces de las jurisdicciones de Salta y Tucumán, y por ese motivo está sumado dos veces en la desagregación por jurisdicción.

El registro también revela que 11 de los 73 prófugos tienen órdenes de captura libradas en más de una causa judicial.