El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a la pena de prisión perpetua al exoficial de inteligencia de la Armada, Jorge Luis Guarrochena, por delitos perpetrados en perjuicio de 400 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Los jueces Fernando Canero y Daniel Horacio Obligado y la jueza Adriana Palliotti declararon que los hechos abordados en el proceso constituyen crímenes de lesa humanidad, tal como lo requirieron en su alegato el fiscal a cargo de la Unidad que interviene en esa instancia en los procesos por violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la exESMA, Félix Crous, y la auxiliar fiscal de esa dependencia, Marcela Obetko. Durante la instrucción de la causa había actuado el fiscal federal Eduardo Raúl Taiano.

En la época de los hechos juzgados, Guarrochena se desempeñó en el Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) - Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN), fue enlace con el  Batallón 601 de Inteligencia del Ejército e integró posteriormente el Grupo de Operaciones Especiales (GOEA) de la ESMA.

El tribunal anunció que los fundamentos se darán a publicidad el 25 de junio próximo. El exmarino fue condenado en calidad de coautor de los siguientes delitos:

• Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometido por funcionario público y por mediar violencias y amenazas, perpetrado en forma reiterada en 70 ocasiones; y triplemente agravadas por haber sido por cometido por funcionario público, por mediar violencias y amenazas y por su duración de más de un mes, perpetrado en forma reiterada en 267 hechos;
• Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, en 308 hechos, y doblemente agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y por haber resultado la muerte de la víctima en un hecho;
• Homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas cometido en forma reiterada en 105 hechos, y doblemente agravado con el concurso premeditado de dos o más personas y por la utilización de veneno en un hecho;
• Sustracción, retención, y ocultamiento de un menor de diez años cometido en forma reiterada en 44 hechos;
• Abuso deshonesto agravado con el concurso de dos o más personas cometido en forma reiterada en 2 hechos;
• Violación agravada con el concurso de dos o más personas, cometida en forma reiterada en 4 hechos, y violación agravada con el concurso de dos o más personas en grado de tentativa en un hecho.

Entre los 400 casos de víctimas que integraron el objeto procesal, este juicio tuvo la particularidad de haber incluido los secuestros de niños y niñas privados de su libertad con sus padres, a raíz de lo cual permanecieron durante días o meses en un sitio como la ESMA.

El juez Fernando Canero lee el veredicto. La instancia fue transmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.

 “Parte indispensable del engranaje represivo”

En su alegato, el fiscal Crous y la auxiliar fiscal Obetko señalaron que Guarrochena “tiene relación directa con los crímenes ejecutados en el CCD ESMA" y detallaron que el acusado fue "parte indispensable del engranaje represivo". Describieron la organización de la Armada a los fines de la represión ilegal y la metodología utilizada por el grupo de tareas 3.3, dependiente de la Fuerza Tareas 3, que operaba en la ESMA para secuestrar, torturar y asesinar. Destacaron que la muerte de las víctimas fue el resultado más reiterado y que el procedimiento más utilizado fueron los denominados “vuelos de la muerte”.

En ese contexto, la fiscalía sostuvo que “no tuvo baches” la trayectoria del acusado, en los distintos estamentos de inteligencia por los que fue transitando.

Al respecto, repasó que el acusado había ingresado a la Armada en 1966 y que en la ficha de censo de 1973 obrante en su legajo, expresó que su anhelo era efectuar la capacitación en inteligencia del SIIN, que “estaba por encima de todo para completar su realización profesional”.

De acuerdo con la acusación, durante 1975 Guarrochena cumplió funciones en la Base Naval de Mar del Plata, donde desempeñó, entre otros cargos, el de jefe de Contrainteligencia de la Fuerza de Tareas Nº 6 PLACINTARA (Plan de Capacidades de la Armada). En 1976, en Ushuaia, acumuló los cargos de jefe de Contrainteligencia y de Inteligencia de la Fuerza de Tareas Nº 8. En este periodo sus calificadores lo elogiaron por su colaboración en la etapa previa al golpe de Estado, en el cual -valoró la fiscalía- “se desempeñó con suma eficiencia”.

Crous y Obetko remarcaron que, durante la mayor parte de los años de la dictadura, Guarrochena se desempeñó en los estamentos más altos de inteligencia, perteneciendo a un grupo selecto de la oficialidad que integró sus máximas estructuras en la Armada.

En esa línea, el y la representante del MPF valoraron que el desempeño profesional del ahora condenado fue ponderado por oficiales superiores totalmente involucrados en el terrorismo de Estado, quienes resultaron -en su mayoría- a la postre condenados o imputados por delitos de lesa humanidad.

Destacaron que se comprobó que en 1977 Guarrochena integró la estructura criminal del SIIN y de la JEIN que operó en la ESMA, y que luego se desempeñó como enlace y delegado de la Jefatura de Inteligencia de la Armada ante la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, “estructuras neurálgicas de la represión ilegal”. Añadieron que luego, formó parte de la jefatura del GOEA y ratificaron que, durante todos estos períodos, sus tareas específicas fueron las de inteligencia.

La fiscalía remarcó que, durante la mayor parte de los años de la dictadura, Guarrochena se desempeñó en los estamentos más altos de inteligencia, perteneciendo a un grupo selecto de la oficialidad que integró sus máximas estructuras en la Armada.

Por otro lado, la fiscalía valoró que las fotografías que tomó el sobreviviente Víctor Basterra mientras estuvo cautivo en la ESMA, que posteriormente aportó al Poder Judicial, resultaron de vital importancia para probar la responsabilidad de Guarrochena.

De acuerdo fue acreditado judicialmente, Basterra fue secuestrado junto a su pareja y su hija de dos meses en 1979 y fueron trasladados a la ESMA. Allí permaneció cautivo bajo distintas modalidades hasta el 3 de diciembre de 1983, pocos días antes del retorno del Estado de derecho y fue “controlado” por sus captores hasta mediados de 1984.

Mientras estuvo en cautiverio, Basterra fue obligado a trabajar a partir de enero de 1980 como mano de obra esclava de quienes lo tenían secuestrado, que aprovecharon sus conocimientos en artes gráficas para obligarlo a falsificar documentación que utilizaban los miembros de la Armada.

En ese contexto, Basterra aprovechó los descuidos de sus captores para ir retirando negativos de fotos y documentos, que escondió en su casa en las oportunidades en que lo dejaron salir temporariamente de la ESMA.

Con la restauración del Estado de derecho, Basterra se presentó en 1984 ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CoNaDep) y ante el Poder Judicial con las imágenes que había obtenido. Las fotos se constituyeron en una prueba judicial única, que permitió identificar los rostros y los apodos de varios de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA, destacó la fiscalía.

De acuerdo con la investigación desarrollada en la causa, Guarrochena actuó bajo el apodo de “Raúl” y el sosías “Carlos Alberto Encina”.

Pese al tiempo transcurrido, nada se sabía acerca de la persona fotografiada por Basterra y señada como “Raúl” por los sobrevivientes. Sin embargo, su nombre y apodo integraron un listado de represores aportado por otro imputado, el médico de la Armada Carlos Capdevila, en su declaración judicial en 2007 y 2009.  Capdevila indicó a Jorge Luis Guarrochena con el apelativo “Raúl”, como miembro de inteligencia y como uno de los máximos involucrados con el Grupo de Tareas de la ESMA. La fiscalía remarcó que esos datos se condicen con el tiempo en que el acusado figuraba formalmente desempeñándose como enlace del Batallón de Inteligencia 601 de Ejercito, entre 1979 y 1980.

A estas evidencias, la fiscalía sumó en la acusación los testimonios y reconocimientos contundentes efectuados por los sobrevivientes, quienes dieron cuenta de la presencia concreta de Guarrochena en la ESMA y el rol que le cupo, al igual que de los ya condenados que revistaron en el mismo destino, Pablo Eduardo García Velasco y Francisco Lucio Rioja, y de Oscar Lanzón y Miguel Ángel Benazzi, quienes estuvieron imputados y fallecieron antes de ser juzgados.