Uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, que lleva dos años y nueve meses de audiencias, comenzará mañana a transitar su fase final: las querellas comenzarán a alegar en el debate oral y público de la denominada causa "La Perla - La Ribera", que incluye a 716 víctimas -la mayoría de las cuales estuvo en cautiverio en aquellos centros clandestinos- y la responsabilidad de 47 acusados en los crímenes.

Los fiscales Facundo Trotta, Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona iniciarán su exposición luego de que lo hagan los querellantes, a quienes podría insumir por lo menos un mes esa tarea, a razón de tres jornadas por semana. Ese es el ritmo de trabajo implementado durante todo el proceso por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, integrado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu (el cuarto Juez es Carlos Ochoa).

"Avanzamos en dar respuesta en un número importantisimo de casos y abarcamos también un año anterior al golpe de Estado, desde marzo del '75. Es muy positivo que en un estado de derecho podamos formar parte de un juicio con todas las garantías que tienen los acusados de ejercer su derecho de defensa", valoró Trotta a Fiscales. En ese sentido, consideró que "el balance es sumamente positivo, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final de una megacausa en la que vamos a poder dar respuesta a más de 700 hechos".

El juicio comenzó en diciembre de 2012 y fue, por entonces, el fruto de la unificación de 16 causas que durante la instrucción tramitaron por separado. Luego, durante el transcurso del debate -a principios del año pasado- se incorporaron otras cinco causas elevadas cuyos objetos estaban emparentados con los abordados en el proceso.

Trotta aseguró que "el volumen del juicio nos permite comprender el terrorismo de Estado en Córdoba en su máxima expresión. Se está juzgando el arsenal más importante que el aparato del Estado tenía para la violación sistemática de los derechos humanos. Sin dudas, están acusadas las personas con mayor responsabilidad en Córdoba".

En más de dos años de juicio, murieron siete acusados y otros tres fueron separados del proceso por razones de salud. De los 47 que transitan esta etapa final, hay 23 detenidos en la cárcel cordobesa de Bower, 16 con prisión domiciliaria y ocho excarcelados.

El fiscal Trotta aclaró: "Estas personas que están hoy acá no son las únicas" y recordó que a lo largo del debate "surgieron complicidades de civiles e intervención de otras fuerzas, sobre los cuales pedimos que se continúe investigando en cada caso" .

"Un juicio revelador"

Trotta señaló que "el juicio fue absolutamente revelador" y remarcó que "la prueba ha sido contundente para dar respuesta a cada una de las víctimas y para explicar el funcionamiento del sistema represivo". En efecto, más de 550 testigos prestaron declaración en los casi tres años de audiencias, a la que se suma un importante caudal probatorio documental.

Consultado por aquellos momentos que consideró "hitos" del juicio, el fiscal reparó en "la crudeza del relato de las víctimas del terrorismo de Estado". Al respecto, explicó que "es muy duro escuchar el relato de una víctima de la tortura, entendida en un sentido bien amplio. No solamente es duro escuchar cómo a la víctima se la sometió a picana eléctrica o se le hizo submarino [asfixia por sumersión en agua u obstaculización de las vías respiratorias], sino además del relato de ellas mismas de ver cómo sufrían los compañeros. Tenemos 13 casos de víctimas que murieron en los brazos de sus compañeros sin recibir asistencia".

También, puso de relieve "el relato del familiar esperando que la justicia le dé una respuesta", o "el relato de un hombre que era niño, y que está esperando que su padre vuelva".

En el mismo sentido, señaló que durante el juicio se trataron casos de "víctimas menores de edad, que con 14 años han sufrido los mismos padecimientos que los mayores". "En una entrevista, dije que uno puede dejar de sorprenderse después de un año, pero en este caso hasta el último día de testimonios no dejamos de sorprendernos", añadió Trotta.

Por otro lado, el fiscal remarcó que durante el debate "los acusados han declarado en varias oportunidades, han dado su punto de vista. Ha sido demasiada repetitiva la posición de ellos respecto de que esto fue una guerra y de presentar a las víctimas como colaboradores de ellos".

Ese, explicó, es "un concepto que han creado ellos y que aparece en los documentos que estudiaban. Uno de sus objetivos era que, apenas secuestrada, la víctima que forme parte brindando información". En definitiva, describió Trotta, "el campo [de tortura y exterminio] se alimentaba de personas. Y a través de la tortura se conseguía otra víctima que servía para seguir alimentando el campo. Quedó muy claro a lo largo de este juicio".

Finalmente, el fiscal puso el acento en la "crudeza" que adquirió la represión ilegal en Córdoba: "Creo que tiene una explicación histórica, porque era a la vista a nivel nacional un pueblo resistente complicado, con antecedentes como el Viborazo, el Cordobazo, y que se había llevado puesto al dictador [Juan Carlos] Onganía. Sabían que a Córdoba había que ir con todo. Y eso se sintió en el modo en que actuó la represión sobre la ciudadanía".