El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, encabezó este miércoles, junto al fiscal general Hernán I. Schapiro y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de esa jurisdicción, una inspección ocular en las instalaciones de la firma Molinos Ríos de La Plata Sociedad Anónima en Avellaneda, actualmente en desuso, en el marco de la causa que investiga la responsabilidad empresarial en la desaparición de trabajadores de esa firma durante la última dictadura cívico militar.

La medida fue propuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y contó con la participación de los representantes de ese organismo y de ex trabajadores propuestos por las partes, para consultarlos durante el procedimiento. Asistió también el secretario de Derechos Humanos del Municipio, Claudio Yacoy, e integrantes de la Agrupación HIJOS.

Un antecedente a la inspección realizada ayer fueron los allanamientos y secuestros de documentación efectuados en 2014 a pedido de la Unidad Fiscal de La Plata en instalaciones de la firma en Victoria y Avellaneda. La información obtenida con aquella medida fue importante para la causa, pues permitió reconstruir el estado financiero de la empresa en la época de los hechos, su organigrama y los nombres de quienes contaban con niveles de decisión.

Según detallaron desde la Unidad Fiscal, el sentido de la inspección fue “identificar con claridad los sectores que mencionan los trabajadores en reiteradas ocasiones” y “poder recrear lo que los ex trabajadores fueron declarando en las testimoniales”. Sobre todo,  haciendo hincapié en uno de los ingresos donde los empleados y testigos señalaron la desaparición de uno de sus compañeros. La investigación se centra sobre un universo de 31 víctimas individualizadas en dos requerimientos de instrucción.

La planta fabril donde se realizó la medida está en Avellanada, en la calle Dean Funes al 90, a unos metros de la vera del Riachuelo. Cuando funcionaba tenía dos ingresos, uno ubicado sobre Dean Funes y otro sobre Espinosa.

Para el MPF "la persecución sistemática llevada a cabo por la dirección de la Empresa Molinos Río de La Plata a los trabajadores con actividad política-sindical se vio reflejada en las tareas de inteligencia e infiltración desplegadas por los directivos".

Durante el recorrido los ex trabajadores relataron el momento en que Francisco Fernández fue secuestrado en el ingreso a su turno laboral. Según detallaron los testigos, cuando entraba a la planta las autoridades le sacaron la tarjeta de ingreso y allí fue visto por última vez. Además, describieron los lugares donde funcionaban las distintas secciones en las cuales se desarrollaba la producción alimenticia y contaron también que las asambleas se hacían bajo vigilancia interna.

En esta misma investigación testigos relataron que, el 7 de julio de 1977, integrantes de fuerzas armadas efectuaron un operativo en la planta y que ingresaron con la lista de nombres de trabajadores, a quienes detuvieron y subieron a un camión del Ejército.

“El más bajo costo laboral”

"La persecución sistemática llevada a cabo por la dirección de la Empresa Molinos Río de La Plata, a los trabajadores con actividad política-sindical, se vio reflejada en las tareas de inteligencia e infiltración desplegadas por los directivos de la firma dentro de las plantas de producción, delegada en las fuerzas armadas y de seguridad, tareas por medio de las cuales se confeccionaron listados de trabajadores que posteriormente fueron detenidos y que en la mayoría de los casos permanecen desaparecidos al día de la fecha", explicó la Fiscalía al impulsar la acción penal en 2015.

Además, el MPF añadió: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

La denominada causa “Molinos” comenzó el 11 de junio de 2013, tras la denuncia de familiares de tres empleados desaparecidos, quienes solicitaron que se investiguen los secuestros y la responsabilidad que le cupo a los administradores, gerentes, directivos y propietarios de la compañía.