Los fiscales de Casación Javier de Luca y Ricardo Wechsler solicitaron ayer a la Sala IV de ese tribunal que rechace las pretensiones de las defensas y confirme los procesamientos del presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y del ex administrador de la firma, Alberto Enrique Lemos, procesados en dos causas por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, en Ledesma, Jujuy, durante la última dictadura cívico militar.

Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi escucharon los pedidos de la fiscalía y la defensa, y cuentan desde hoy con 20 días para decidir las cuestiones planteadas, que se dividieron en dos momentos, uno para cada causa: la causa "Aredez", donde se investigan los secuestros de Luis Ramón Aredez y Omar Claudio Gainza, que se efectuaron el 24 de marzo de 1976, y de Alberto Melián, a quien no pudieron hallar en ese momento y fue capturado unos días después. Y la causa de "Burgos", en la que se investigan una veintena de secuestros, tormentos y homicidios durante la denominada "noche del apagón".

En primer lugar, De Luca se refirió al planteo de la defensa para que se declare ilegal la actuación del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Luego, al pedido de nulidad de la intervención de ese funcionario en la causa y finalmente a los recursos de las defensas y de la fiscalía contra los autos de procesamiento. El Ministerio Público había recurrido en la instancia anterior la falta de mérito dispuesta sobre los imputados por las violaciones de los domicilios y las torturas sufridas por las mismas víctimas privadas de la libertad.

Respecto de la validez y legalidad de la actuación de Pelazzo, el fiscal De Luca afirmó que la cuestión ya había sido tratada previamente y que la resolución se encontraba firme, al tiempo que insistió en que el caso del fiscal ad hoc es diferene al denominado caso "De Martino" en el que intervino la Corte Suprema -invocado por la defensa- dado que en ese precedente se abordó la situación de una representante del MPF subrogante. De Luca también insistió en "la falta de perjuicio" para los imputados y señaló que sus abogados solicitaron "la nulidad por la nulidad misma". En ese sentido, recordó que "históricamente nunca se cuestionó las facultades ni la legalidad de los fiscales ad hoc".

Las querellas, por su parte, resaltaron la necesidad de dejar de lado cualquier obstáculo procesal que se oponga al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, mientras que la defensa de Blaquier y Lemos insistió con su petición de apartar a Pelazzo por falta de imparcialidad y con su reclamo de anular sus actos en la causa.

Respecto de los procesamientos de Blaquier y Lemos, De Luca resaltó que la empresa Ledesma "mantenía un gran señorío sobre el territorio y todos los habitantes de la zona, por lo que cualquier hecho ilícito allí ocurrido, debió necesariamente contar con la aquiescencia del Sr. Blaquier". El fiscal de Casación puso en contexto los hechos de la causa y recordó que directivos de otras empresas también están siendo investigados por crímenes similares.

Los defensores, por su parte, negaron el hecho hasta ahora acreditado en la causa de que la empresa aportó camionetas para los secuestros de las víctimas.

El fiscal Wechsler argumentó contra la declaración de falta de mérito por los delitos de violación de domicilio y torturas de las 26 víctimas de las dos causas, y de los homicidios de aquellos que permanecen desaparecidos.