La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, admitió las pruebas ofrecidas por la fiscalía federal y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), a través de una resolución del pasado 8 de marzo, en el marco del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, que comenzará el próximo 19 de abril para abordar los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos. Además, la jueza fijó el cronograma de audiencias testimoniales y alegatos y estableció la inscripción de manera virtual para quienes deseen presenciar las audiencias, dando prioridad a las comunidades indígenas.

La inscripción será a través de un formulario virtual para el público que desee asistir, así como también para la prensa. Podrán hacerlo desde hoy y hasta el viernes 18 de marzo, ingresando en el siguiente enlace: https://forms.gle/rbR59oUqeVqsdTNZ8

La resolución aclara que los cupos son limitados y que serán asignados en base al aforo de la sala de audiencias, con criterio dinámico y en base a los protocolos sanitarios vigentes, distribuidos de modo que exista participación equilibrada de distintos estamentos de la sociedad y priorizando a los miembros de comunidades indígenas.

El cronograma

De acuerdo a la resolución de la jueza, la audiencia de apertura será en la Casa de las Culturas de Resistencia el 19 de abril a las 8.00. La fecha elegida para el comienzo del debate coincidirá con el “Día del Aborigen Americano”, debido a la realización en México en 1940 del 1° Congreso Indigenista Interamericano, cuando los estados americanos suscribieron al Documento de Pátzcuaro.

"Solicitamos una sentencia de un juez federal y que se fije un antecedente histórico de reconocimiento y reparación histórica. Que se establezca claramente qué fue lo paso, quiénes fueron las víctimas y cuál fue la responsabilidad del Estado”, declaró el fiscal Carniel.

En esa primera audiencia se realizarán los alegatos de apertura y se reproducirán registros audiovisuales del historiador Qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grilo.

En el debate intervendrá la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.

El 26 de abril, en el mismo lugar, se reproducirán las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara. A su vez, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero .

El 27 de abril, también en la Casa de las Culturas de Resistencia, se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez .

El 3 de mayo, en la Casa de las Culturas de Machagai, declararán los descendientes de sobrevivientes de la Masacre: Matilde y Salustiano Romualdo, Sabino Irigoyen, Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Enríquez y Guillermo Ortega; y los investigadores indígenas Qom y Moqoit Raúl Fernández, Raquel Esquivel, Gustavo Gómez, Viviana Notagay, Juan Carlos Martínez y Florencio Ruiz .

Luego, se realizarán dos audiencias en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el espacio por la Memoria de la exESMA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serán el 10 y 11 de mayo. En la primera declararán los investigadores Marcelo Musante, Nicolas Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo. En la audiencia del 11 de mayo lo harán: Silvina Turner, Valeria Mapelman, Carlos Salamanca, Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton y Eugenio Zaffaroni.

Finalmente, el 19 de mayo serán los alegatos de la fiscalía y las querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia, provincia de Chaco.

En una reciente entrevista para el canal de Youtube del Consejo de la Magistratura de la Nación, el fiscal general Federico Carniel sostuvo: "Tomamos como precedente en la justicia federal los juicios por la verdad cuando estaban las leyes de punto final y obediencia debida y el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad estaba vedado. En este marco, creímos necesario volcar de manera oral en audiencias públicas todo el material recolectado desde el año 2014 en nuestra investigación. Se trata de muchísima información, de excelente calidad y de un estricto rigor histórico. Solicitamos una sentencia de un juez federal y que se fije un antecedente histórico de reconocimiento y reparación histórica. Que se establezca claramente qué fue lo paso, quiénes fueron las víctimas y cuál fue la responsabilidad del Estado”.