13 de junio de 2024
13 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La exposición de los fiscales Snopek, Amad y Sivila
Salta: la Fiscalía inició el alegato en el juicio a seis acusados por secuestros, desapariciones y homicidios
Tras un año y medio de audiencias entró en su etapa final el juicio que aborda crímenes contra 32 víctimas en Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Metán y Salta, la mayoría desaparecidas. Los acusados son ex miembros del Ejército, la Gendarmería y la Policía provincial.

Los fiscales generales Francisco Snopek y Carlos Amad, y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, comenzaron este lunes el alegato en el juicio por delitos de lesa humanidad que tramita desde hace un año y medio y cuyo objeto procesal reúne ocho expedientes que suman los casos de 32 víctimas, por las que están siendo juzgados seis acusados. Los representantes del Ministerio Público culminarían la exposición el próximo lunes 3 de abril.

El alegato llegó tras 42 audiencias, que comenzaron a celebrarse el 5 de octubre de 2015 y a lo largo de las cuales declararon 114 testigos. Están siendo juzgados tres ex integrantes del Ejército (el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Héctor Luis Ríos Ereñú, y los ex jefes de la Policía provincial, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz); uno de la Gendarmería (el ex jefe del Escuadrón 20 de Orán, Diego Alejandro Varas); y dos de la policía provincial (el ex director de Seguridad, Joaquín Guil, y el ex comisario a cargo de la seccional de Embarcación, Arturo Madrigal).

En la primera jornada de alegatos de la Fiscalía, Amad y Snopek se refirieron al contexto general de los hechos y al despliegue en particular del plan sistemático de represión ilegal en la provincia de Salta. Luego, analizaron dos de los casos que forman parte del objeto procesal, que tuvieron como víctimas a Miguel Ángel Arra y a Juan de Dios Ortiz.

Los casos llegados a juicio comprenden 27 hechos de homicidio. Sólo en tres de esos casos los cuerpos de las víctimas fueron encontrados (uno fue inhumado como NN en una fosa común y luego desapareció). También se juzgan cinco casos de privación ilegal de la libertad, tres de imposición de tormentos y un hecho de violación. Las víctimas participaban de organizaciones políticas, gremiales o sociales, o bien habían expresado, de alguna manera, su disidencia con el régimen de poder vigente, caracterizó la Fiscalía.

Aquellos hechos ocurrieron en las ciudades de Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Metán y Salta en el período comprendido entre junio de 1975 y octubre de 1976, con epicentros temporales marcados por operativos desplegados en los meses de junio, agosto y septiembre de 1976. Seis hechos se registraron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Desde el 5 de octubre de 2015 se realizaron 42 audiencias y declararon 114 testigos.

Homicidio, explosivos y desaparición

La exposión de Amad y Snopek dio inicio este lunes con el caso de Miguel Ángel Arra, militante del PRT-ERP, quien fuera secuestrado el 24 de junio de 1975 por un grupo de la Policía salteña y cuyo cuerpo apareció desmembrado por el efecto de explosivos al día siguiente en el paraje "El Pacará". Los restos del cadáver fueron inhumados sin las precauciones investigativas y la pertinente intervención judicial, en un lugar no precisado del Cementerio Municipal de la Santa Cruz, lo que imposibilitó su posterior identificación y entrega a sus familiares, explicaron los fiscales.

Amad y Snopek remarcaron que la investigación de la Oficina de Derechos Humanos del MPF en Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba y de Sivila, logró probar durante la fase de instrucción que aquellos restos encontrados eran los de Arras. Para ello, narraron, la Fiscalía sometió a cotejo las fotografías del rostro mutilado hallado en la escena del crimen -incluidas en un sumario policial sobre un "NN", en el que había sido fraguada la fecha de hallazgo- con las aportadas por los familiares de la víctima. Ese estudio "morfológico facial forense", que arrojó resultado positivo, fue realizado por el Gabinete de Inspección Ocular y Rastros del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de la provincia de Salta.

Los fiscales acusaron por el crimen a Gentil y a Guil. Contextualizaron su asesinato en una serie de operativos conjuntos realizados entre las policías Federal y de Salta entre el 18 y el 25 de junio de 1975 en contra de militantes del PRT-ERP, y en ese sentido, remarcaron que el caso de Arras "no fue un hecho aislado, sino que respondía a una orden común emanada de las cúpulas del aparato organizado de poder imperante en la provincia de Salta durante el terrorismo de estado".

Durante la investigación se logró identificar el destino de uno de los desaparecidos mediante un peritaje que comparó la fotografía de un rostro mutilado con las imágenes familiares que guardaban sus seres queridos.

El soldado que se negó

El otro caso expuesto este lunes por los fiscales estuvo referido al secuestro y desaparición de Juan de Dios Ortiz el 20 de marzo de 1976. La joven víctima fue retirada violentamente de su casa de San Ramón de la Nueva Orán en la noche de aquella jornada y nunca más se supo de su paradero.

Los fiscales Amad y Snopek acusaron por el caso a Ríos Erenú, en su carácter de jefe del área militar. Consideraron probado que Ortiz fue secuestrado tras ser considerado desertor, luego de negarse a una reincorporación al Servicio Militar Obligatorio con el que había cumplido. El joven había presenciado graves crímenes durante la conscripción.

En base a relatos de testigos, los fiscales indicaron que Ortiz, como soldado del Regimiento 28 dirigido por Ríos Ereñú, había sido enviado el año anterior a la Zona de Operaciones de Tucumán, en el marco del Operativo Independencia, donde había presenciado la comisión de graves delitos y había sido obligado a cometerlos, aunque se habría negado. En particular, destacaron la declaración de uno de los testigos que mencionó que Ortiz contaba que “iban a un paraje de gente pobre, y las acusaban de extremistas y violaban a la gente, a las mujeres, los hacían desaparecer, los mataban como perros”.

Por ese motivo, Ortiz era llamado "cobarde" por sus superiores. Los fiscales remarcaron que al regresar de Tucumán Ortiz había contado que a raíz de las situaciones vividas había tenido “cruces” con las autoridades militares. Una vez concluido el período de su servicio militar, Ortiz fue nuevamente convocado por el regimiento y se negó a ello, por lo que fue considerado desertor. Poco tiempo después fue secuestrado y desaparecido por fuerzas represivas del Ejército, narraron los fiscales.

En ese sentido, concluyeron que Ortiz fue víctima "por haber sido considerado opositor al régimen de poder imperante y para garantizar la impunidad de los responsables del accionar criminal de las fuerzas armadas durante la denominada 'lucha contra la subversión' en la denominada Zona de Operaciones de Tucumán".