El fiscal de la Procuración, Horacio Azzolín, pidió ayer a la Cámara Federal de Salta que agrave la situación procesal del ex juez federal Ricardo Lona, procesado actualmente como encubridor del homicidio del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y el homicidio de un testigo y las heridas a otra testigo, y que cambie su calificación a partícipe de los hechos. El tribunal dará a conocer su resolución el próximo lunes.

Azzolín expuso ayer oralmente ante los camaristas Enrique Jimenez Montilla, Juan Carlos Reynaga y María Alejandra Cataldi en la instancia de revisión de los recursos interpuestos por las partes contra la resolución del juez de primera instancia, Fernando Poviña.

Durante la audiencia, Azzolín volvió a rechazar el pedido del imputado para que se lo aparte a él y a los fiscales Jorge Auat y Javier de Luca de la causa. Lona considera que los tres fiscales son "foráneos", es decir, extraños a la jurisdicción. Su pedido es una reedición de solicitudes formuladas que nunca prosperaron en otras causas e instancias.

El fiscal volvió a explicar ayer que su designación y la de sus colegas respondieron a sucesivas excusaciones, por lo que "no había fiscales de la jurisdicción que pudieran entender en las presentes actuaciones" y se debió recurrir a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar a los reemplazantes.

En cuanto a la participación de Lona en los hechos de la causa, Azzolín -que estuvo acompañado por el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila y el fiscal general Francisco Snopek- señaló que Lona intervino "en colaboración" con lo autores de los hechos, para quienes se constituyó en "una garantía de impunidad", y no fue encubridor sino un partícipe.

El fiscal recordó los hechos de la causa y las deliberadas irregularidades que tuvo la posterior investigación judicial llevada a cabo por Lona, entonces único juez federal de Salta. El médico Ragone, por entonces ya ex gobernador de la provincia, fue interceptado alrededor de las 8:00 del 11 de marzo de 1976 cuando conducía su Peugeot 504 poco después de dejar su casa. Los captores abordaron su automóvil, lo inmovilizaron y luego, desvanecido, lo tiraron en la parte posterior del vehículo. Mientras todo ocurría, la empleada de comercio Margarita Martinez y el comerciante Santiago Arredes, propietario de un almacen, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes, incluso, salió en defensa de Ragone. Pero los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes e hirieron a Martínez.

Entre otras acciones y omisiones, Lona no tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, Margarita Martínez; entregó el cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976 sin ordenar ninguna medida de prueba, apenas doce días después de haber recibido las actuaciones en el juzgado. El expediente fue llevado a la sede judicial por la policía, luego de que esa fuerza hubiera instruido la investigación.

El entonces juez -que convalidó la actuación policial- tampoco solicitó información a la justicia de Santiago del Estero, que investigaba hechos conexos, ni la colaboración de otras fuerzas para la realización de peritajes, ni convocó a los dueños de los vehículos robados que fueron utilizados en el procedimiento y ni siquiera buscó elementos para fundar la competencia federal que se arrogó para tomar la investigación, en el marco de la ley 20840, que perseguía "delitos subversivos".

Los camaristas también recibieron ayer las posiciones del defensor de Lona, Nicolás Ortiz, y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -representada por Martín Ávila- y la hija de Ragone, Clotilde.

Además del caso Ragone, Lona se encuentra procesado por su participación necesaria como juez federal en la Masacre de Las Palomitas, episodio en el que once presos políticos fueron ejecutados durante un traslado -ordenado por él mismo-  el 6 de julio de 1976. Poviña consideró que el entonces magistrado dio la orden de traslado con "la clara intención de allanar el camino hacia la producción del resultado del hecho del autor, esto es: el homicidio de las once víctimas, sobre la base de un plan común concertado en forma previa".