14 de agosto de 2022
14 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
La mayoría de los imputados cumplió o está por cumplir tres años detenidos
La Cámara de Casación pidió apurar la causa y fijar una fecha para juzgar "Carbón Blanco"
El máximo tribunal penal pidió celeridad en el marco de un incidente de prisión preventiva, en el que redujo las prórrogas dictadas por el TOCF de Resistencia. El fiscal Federico Carniel viene reclamando la producción de prueba y el inicio del debate.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió "urgir el trámite de la causa" que tiene procesadas a cinco personas en Chaco por el contrabando de cocaína a Europa -conocida como "Carbón Blanco", dado que se hacía en contenedores de carbón vegetal- "a fin de estar en condiciones de fijar audiencia de debate a la brevedad". Los jueces coincidieron con la petición de la fiscalía a cargo de Federico Carniel, que ante cada pedido de libertad de un acusado ha requerido "la resolución de admisibilidad de la prueba y la fijación de la fecha del debate" porque "estos actos dotarán de previsibilidad fundamentalmente al imputado, quien es el que sufre el encierro".

La decisión del máximo tribunal penal, firmada el 5 de marzo por la jueza Ana María Figueroa, el juez Gustavo Hornos y el subrogante Luis María Cabral, fue en el marco del incidente de prisión preventiva de los acusados, la mayoría de los cuales cumplieron o están a punto de cumplir tres años en esa condición.

Los cinco imputados fueron detenidos durante 2012: el empresario Patricio Daniel Gorosito, el 13 de marzo; el comerciante Rubén Félix Esquivel, el 15 de marzo; el empresario Carlos Pérez Parga, el 13 de abril; el comerciante Héctor Ángel Roberto, el 18 de mayo, y el abogado -cabeza de la empresa ilegal- Carlos Alberto Salvatore, el 11 de diciembre. A todos ellos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia les había prorrogado por ocho meses la prisión preventiva a partir del 9 de septiembre pasado, salvo en el caso de Salvatore, a quien comenzaría a correr el nuevo plazo a partir de los dos años de su detención.

Ante este esquema, la Cámara de Casación hizo notar que en los casos de los tres primeros detenidos las prórrogas "superan el término establecido por la ley 24.390". La norma fija el plazo de la prisión preventiva en dos años, con la posibilidad de prorrogarla uno más "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado".

El máximo tribunal penal le recordó al TOCF su jurisprudencia en torno a las prórrogas de las prisiones preventivas, donde señala que su dictado "depende de la existencia concreta de riesgo de frustración de los fines del proceso por parte del imputado", lo cual implica que "se deberá justificar la medida en cuestión en el marco de las circunstancias actualmente existentes".

Por ese motivo, resolvió tomar nota de las prórrogas dictadas por el TOCF y reducir aquellas que superan tres años "al vencimiento del plazo legalmente previsto". La Cámara ordenó al TOCF "efectuar una evaluación de los riesgos procesales que pudiesen existir y que eventualmente autoricen el sostenimiento del encierro provisorio que vienen sufriendo los procesados".

La fiscalía pide fecha de juicio

El 6 de marzo, el TOCF ordenó la "inmediata libertad" de Esquivel. Los jueces entendieron que "la prolongación de la prisión preventiva ha devenido en irrazonable por su enorme desproporción" respecto de la responsabilidad atribuida a Esquivel, en este caso el último eslabón de la cadena, y ponderaron que "carece de recursos económicos para darse a la fuga". Además, destacaron que hace dos años y medio que está en condiciones de afrontar el juicio oral, porque su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Resistencia en septiembre de 2012.

Entretanto, el fiscal Carniel se pronunció en contra del cese de la prisión preventiva solicitada también por la defensa de Gorosito, que fue concedida en las última horas por el TOCF. En su caso, indicó previamente el fiscal, "se dan dos de los elementos escenciales para rechazar el pedido de cese de prisión que son el peligro de fuga y el entorpecimiento en la investigación".

"Basta analizar los informes relacionados con la situación económica del encartado incorporado a la causa para poder llegar a la conclusión que recursos para profugarse le sobran", precisó el representante del Ministerio Público, teniendo en cuenta que Gorosito es uno de los principales acusados del contrabando.

"Respecto al entorpecimiento en la investigación también es importante tener en cuenta que Gorosito cuenta con relaciones personales que pueden facilitarle el acceso y disponibilidad a medios de prueba que constituyen materia de juzgamiento, y además porque los hechos que se investigan en los autos principales fueron ejecutados por un número importante de personas lo que habla a las claras de una organización internacional con la capacidad operativa suficiente e indicativas que permiten trazar presunciones subjetivas de entorpecimiento del trámite de la causa en las que se los investiga por narcotráfico a gran escala, de hecho el imputado fue detenido en España, lugar donde presumiblemente dirigía el curso del accionar delictivo", añadió Carniel.

No obstante, el fiscal señaló que si bien esos motivos expuestos "alcanzarían para satisfacer los estándares fijados por la Cámara Nacional de Casación Penal", lo que "evitaría definitivamente cualquier tipo de planteo es la resolución de admisibilidad de la prueba y la fijación de la fecha del debate, estos actos dotarán de previsibilidad fundamentalmente al imputado quien es el que sufre el encierro".