Los ministerios públicos fiscales de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron anteayer un convenio específico de colaboración que establece las bases para la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) en materia de narcocriminalidad. Los ECI se encuentran previstos en el artículo 123 del nuevo Código Procesal Penal Federal y permiten abordar conjuntamente investigaciones respecto de los distintos eslabones de una misma cadena de tráfico, en virtud de la adhesión de la CABA a la ley de desfederalización en materia de drogas.

Se apuntará así a evitar “dispendios jurisdiccionales traducidos en conflictos de competencia”, y desarrollar “acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal respecto de la investigación de hechos ilícitos vinculados a la narcocriminalidad que impacten en los procesos en los que intervengan los/las fiscales federales y/o nacionales del MPFN y los/las fiscales del MPF CABA”.

El acuerdo se suma a los firmados anteriormente con el Ministerio Público Fiscal de Salta y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en abril de 2019  y septiembre de 2018, respectivamente, y al Convenio Marco entre ambos ministerios públicos celebrado en el 2018.

Las iniciativas se enmarcan también en la ley 27.502, que entre otros aspectos contempló la conformación de mesas de intercambio de información integradas por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la ley 23.737 y sus modificatorias, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

El acuerdo fue suscrito por el procurador general interino Eduardo Casal y el titular del organismo de la acusación porteño Juan Bautista Mahiques. Las partes acordaron que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Secretaría de Política Criminal y Asistencia a la Víctima serán quienes suscriban las actas para la creación de los ECI y, eventualmente, coordinarán con las demás fiscalías o dependencias las acciones necesarias. En dichos instrumentos también deberá constar la constitución y conformación del ECI, los/las fiscales a cargo, objeto, integrantes, el período de funcionamiento y demás circunstancias pertinentes. El documento dispone además que los ECI serán conformados de acuerdo a los recursos humanos y materiales disponibles.

El convenio también prevé que los ECI intercambien información criminal en materia de narcocriminalidad y sus delitos vinculados, que impacten simultáneamente en las competencias federales y locales transferidas. Para ello deberán realizarse reuniones periódicas que permitan el seguimiento de los casos en los que intervengan, y generar mecanismos de comunicación que habiliten un flujo eficaz y oportuno de la información, “sin implicar ello una interferencia, asunción o declinación de la competencia en el otro”. Asimismo, podrán desarrollarse estadísticas comunes, talleres y mesas de trabajo.