La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 11 de los imputados en la causa denominada "narco-arroz”, por considerarlos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes a ser comercializados fuera del territorio nacional en dos hechos. La resolución, firmada por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Guillermo Farah, resuelve además el procesamiento de otro de los acusados por los mismos delitos y por la tenencia ilegítima de un arma de fuego, al tiempo que dictó la falta de mérito a otra acusada.

De este modo, la decisión de los jueces dejó firme el procesamiento dictado en primera instancia por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°12, Sergio Torres. Más aún, en su fallo los jueces dieron por acreditada la idea que sustenta el trabajo desarrollado con intervención del fiscal federal Federico Delgado con asistencia de las procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en cuanto a la existencia de una organización trasnacional detrás de las maniobras de tráfico de estupefacientes bajo análisis, tratándose de una estructura delictiva estable y compleja, con roles, eslabones y jerarquías diferenciadas.

“Tal como hasta aquí se ha dicho, es claro que el auto de procesamiento ha partido de la existencia de una agrupación criminal orientada al tráfico de estupefacientes y, de ahí, a la lógica consecuencia de aunar sucesos que, lógicamente, no se presenta sino como un testimonio concreto de que tal agrupación existe y que ese es su fin”, señalaron los jueces.

Así las cosas, la organización contaría con distintas jerarquías en cuyo nivel superior de la cadena de distribución –que respondería a las directivas de la estructura asentada en Colombia, con participación de integrantes del ex cartel del Norte del Valle- se encontrarían quienes tienen a cargo la administración de los recursos, dedicándose principalmente al manejo del flujo de dinero obtenido del narcotráfico, solventando así las actividades. El grupo que funcionaría en Argentina contaría además con un sofisticado entramado de empresas comerciales a partir de las cuales administrar el flujo de dinero recibido como consecuencia de la distribución de la droga. En este sentido, la documentación secuestrada en los diversos allanamientos se encuentra siendo analizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con miras a determinar la existencia de maniobras de lavado de activos, para lo cual se habían solicitado previamente distintas medidas cautelares.

La investigación

Tras una extensa investigación, el 17 de septiembre pasado, agentes de Gendarmería Nacional secuestraron en el puerto de Rosario casi 40 kilogramos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz que tenía como destino Marruecos y las islas de Guinea Bissau. Los imputados en la causa en la que investiga a la organización criminal detrás del frustrado contrabando se encontrarían vinculados a una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes hacia otros países, principalmente de Europa. De hecho, el expediente que actualmente tramita ante el juzgado a cargo del juez federal Sergio Torres (Secretaría N°24 a cargo de Verónica Bresciani) es un desprendimiento de una pesquisa que comenzó en enero de 2011 a partir de información brindada por fuerzas de seguridad de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol) que daba cuenta del funcionamiento de una célula criminal dedicada al tráfico de estupefacientes e integrada en su mayor parte por ciudadanos colombianos. La instrucción, a cargo del mismo magistrado y con la intervención de Delgado, permitió dilucidar el desplazamiento de la droga en el país, así como su exportación a España y Nueva Zelanda, secuestrándose 8743 gramos de cocaína “con un alto grado de pureza”.

Esa misma organización está vinculada con el intento de contrabando a España de 229 litros de cocaína en fase líquida, cargamento que era disimulado en bins [contenedores] de biodiesel. Por ese hecho, fueron procesados cuatro integrantes de la banda, quienes actualmente se encuentran afrontando el juicio oral. En tanto, el 14 de agosto de 2014 la División Drogas de la Dirección General de Aduanas detectó en el aeropuerto internacional de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculto en envases de kétchup que portaba un pasajero con destino a Bangkok, Tailandia. Otro hecho en los cuales se habría materializado la actividad delictiva de la organización tienen que ver con el almacenamiento en un domicilio del barrio porteño de Palermo de 79 envoltorios compactados en forma de ‘ladrillos’ o ‘panes’, conteniendo sustancia estupefaciente elaborada a base de cocaína, y distintas bolsas con la misma droga, todo ello con un peso total estimado de 84.955 gramos.

“En efecto, nótese que aunque la conducta asociativa que se atribuye a los encausados no halló un encuadre jurídico distinto de los actos de trafico presuntamente cometidos desde aquella (tal como el previsto por el artículo 210 del Código Penal), no ha sido sino un actuar mancomunado, estable y organizado el que, ya descrito en el acto de indagatoria, fue específicamente considerado por el a quo para depositar en cabeza de todos la comisión de delitos de otra forma puramente particulares”, afirmaron los jueces en su resolución.

Nulidades rechazadas

A la hora de resolver la situación procesal de los imputados, los magistrados desecharon cada uno de los planteos de nulidad esbozados por las defensas de los acusados. Algunos de esos planteos tenían que ver, por ejemplo, con los fundamentos por los cuales se dispuso la prisión preventiva, la invalidez de los allanamientos y las intervenciones telefónicas o, incluso, diversos cuestionamientos referidos a una comunicación realizada por la Secretaría de Inteligencia. Uno de los letrados defensores edificó además un planteo de nulidad en base a que la “intervención de los Facebooks” de los acusados no habría sido ordenado ni convalidado por el juez, recurso que no prosperó porque “no supuso sino la mera recopilación de datos públicos”. En resumen, ninguno de los planteos prosperó, de conformidad con lo solicitado por la Fiscal General Adjunta Eugenia Anzorreguy.