20 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervinieron la Fiscalía Federal N°1 de Morón y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN
Un predio que pertenece a una sociedad intervenida judicialmente en una causa por lavado será utilizado para establecer un centro de diagnóstico de COVID-19
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó en custodia al municipio de Pilar un predio de la sociedad “Pilar Bicentenario SA”, embargado en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

Un inmueble que pertenece a una sociedad investigada por lavado de activos será utilizado para llevar adelante un centro de diagnóstico del COVID- 19, que tendrá como finalidad detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente con la Nación y la Provincia de Buenos Aires en la prevención de la propagación. El predio está ubicado en la Autopista Acceso Norte Ramal Pilar, KM. 46, y las vías del Ferrocarril General Belgrano.

El juez Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal de Morón Nº3, había decretado el 20 de marzo de este año la intervención judicial de la sociedad “Pilar Bicentenario”, en el marco de un expediente donde se investigan maniobras de lavado de activos por parte de varios individuos. La decisión judicial había sido solicitada por el fiscal Sebastián Basso, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de esa jurisdicción -actualmente encabezada por Santiago Marquevich-, y por María del Carmen Chena, a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. 

Al decretar la intervención, el juez federal le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lo relacionado a la firma “Pilar Bicentenario” para coordinar tanto con el Municipio de Pilar como con las dependencias del Estado Nacional, ya que tenía obras relacionadas con una estación ferroviaria.

La AABE dictó ayer una resolución por la que le entregó el inmueble al Municipio en el marco de la Ley N° 27.541 de Emergencia Pública Nacional en Materia Sanitaria, entre otras, conforme lo dispuesto en los Decretos de Necesidad y Urgencia 260 y 297, ambos del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión se suma a lo dispuesto días atrás, cuando el mismo organismo asignó dos hoteles incautados en Salta a una banda narco para que sean utilizados para el aislamiento de extranjeros provenientes de zonas afectadas por el COVID-19.

En los fundamentos, la AABE hace hincapié en la “necesidad del Municipio de adoptar medidas de carácter urgente con el objeto de establecer un centro de operaciones conjuntas, de competencia interdisciplinaria entre las áreas de seguridad, salud e infraestructura municipales, para afrontar en el Partido de Pilar la pandemia del COVID-19, e implementar en dicho predio un centro de diagnóstico del COVID- 19, a fin de detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente con la Nación y la Provincia de Buenos Aires en la prevención de su propagación”.

La causa principal

El caso se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que encabeza el fiscal federal Diego Iglesias, a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a una pesquisa que se desarrollaba en Colombia, de la cual surgían sospechosos vínculos de José Bayron Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas en nuestro país. Piedrahita Ceballos figura en el listado de la “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalado como patrón de organizaciones narcocriminales colombianas, y por haber colaborado con la estructura criminal denominada “La Oficina de Envigado”, grupo que, a su vez, estaba vinculado con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.

De acuerdo a la investigación realizada en Argentina se pudo establecer que Piedrahita Ceballos y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba el abogado Mateo Corvo Colcet quién, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros bien diferenciados entre sí: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar ("Country Urbano", "Pilar Bicentenario" e "Ínsula Urbana"), y por el otro, la actividad de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades.

En agosto del año pasado, los fiscales federales Basso, a cargo de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), pidieron la elevación a juicio de María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y del ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. La solicitud alcanzó, en total, a nueve personas.