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La fiscalía consideró a la también exintendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de sus deberes, defraudación al Estado y lavado de activos agravado. Solicitaron ...
Los acusados y acusadas llegaron a juicio por hechos cometidos en perjuicio de catorce víctimas, que incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez año, por ...
En el marco de un juicio abreviado, los acusados aceptaron su responsabilidad y fueron señalados como responsables de participar del traslado de un cargamento de marihuana desde Corrientes hacía Córdoba con la intención de proceder luego a su comercialización.
Para los fiscales, se trató de una organización criminal que “reflejó el desprecio habitual con el que se manejan los recursos del Estado en cualquiera de sus estamentos”. El alegato continuará el próximo martes 26 de diciembre
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...
Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz fueron hallados culpables de los hechos ocurridos en 1979 en una casa quinta ubicada en Guiñazú, utilizada por el Destacamento de Inteligencia 141 para la represión ilegal y que tuvieron como víctimas a tres personas, una de las ...
Los hechos ocurrieron en 1979 en una casa quinta ubicada en Guiñazú, utilizada por el Destacamento de Inteligencia 141 para la represión ilegal, y tuvieron como víctimas a tres personas, una de las cuales falleció a consecuencia de los tormentos. Los representantes del MPF indicaron que las condenas ...
El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba determinó que el condenado se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la víctima -con quién mantenía una relación de pareja- y la forzó a prostituirse para quedarse con el dinero de esa actividad.
