El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto a fiscales y representantes de los Ministerios Públicos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, participaron en la XL Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM). La organización del encuentro, que se celebró de manera virtual, estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República Oriental del Uruguay, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore (PPTU).
La jornada estuvo precedida por la Reunión de la Comisión Técnica, realizada ayer, en la cual se presentaron los informes y productos de trabajo de las comisiones y subcomisiones de la REMPM. También se abordaron las propuestas para el próximo programa de trabajo correspondiente al período 2027-2028.

La Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación (s) de la Fiscalía General de la República Oriental del Uruguay y parte de su equipo - Foto: captura de Zoom
El acto de apertura de la XL REMPM estuvo a cargo de la Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación (s) de la República Oriental del Uruguay, Mónica Ferrero, seguido del saludo de los Fiscales y Procuradores Generales y representantes de los países participantes y la aprobación del acta de la reunión preparatoria.
A su turno, el procurador general Casal agradeció la invitación y destacó la importancia de participar en este tipo de encuentros.
La jornada culminó con la firma de la “Declaración de Montevideo sobre la lucha conjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, mediante la cual las máximas autoridades de los Ministerios Públicos de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación regional para enfrentar estos delitos.
A través de este documento, las autoridades se comprometieron a priorizar la investigación penal estratégica de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con especial atención en la identificación y desarticulación de las redes transnacionales, sus estructuras operativas, logísticas y financieras, así como a la protección integral de las víctimas y de los derechos de las personas migrantes, objeto de tráfico ilícito.
También, acordaron impulsar la conformación y utilización de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) y el desarrollo de Órganos Mixtos de Investigación (OMI), fortalecer los mecanismos de contacto directo y de intercambio de información entre fiscales especializados, y adoptar medidas para identificar, localizar y asegurar los bienes y activos provenientes de las actividades criminales.
La REMPM constituye un espacio de coordinación y cooperación entre los Ministerios Públicos de la región, orientado a fortalecer las respuestas institucionales frente a las distintas manifestaciones de la criminalidad transnacional y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.