El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, creó el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio Público Fiscal por el que se buscará la adecuación de los procesos administrativos y jurisdiccionales inherentes al organismo a la norma internacional ISO 9001:2015. Se trata de un mecanismo que releva, documenta y certifica el cumplimiento de requisitos que contribuyen a la estandarización de los procedimientos de gestión, a la mejora en el desempeño institucional y facilita las bases para la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible.

El programa fue puesto en marcha en febrero de este año cuando se acordó contar con la colaboración del Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por entonces se definió que las primeras áreas en las que comenzaría a implementarse el proyecto fueran la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). La resolución PGN 67/2018 -aprobatoria del SGC- reseña que en mayo se firmó un convenio específico junto al titular de la mencionada cartera del Poder Ejecutivo, Germán Garavano.

La política de calidad definida para el MPF

La dirección del Sistema de Gestión de Calidad estará a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional -que encabeza Juan Manuel Olima Espel- y quien delegó la tarea en el secretario letrado Armando Antao Cortéz, en tanto que la Dirección de Relaciones Institucionales -cuyo titular es Luis Lozano- revisará la documentación de los procesos que serán certificados, monitoreará avances y resultados y brindará soporte a las dependencias involucradas.

En particular, la resolución fija como objetivos: desarrollar de manera gradual prácticas de calidad en las áreas y procesos de trabajo; mejorar los estándares en la prestación de servicios y agilizar los plazos de los procedimientos involucrados con una gestión eficiente de los recursos; utilizar sistemas de medición eficaces para determinar progresivamente el grado de satisfacción de usuarios/as para conocer las debilidades estratégicas en la que concentrar los esfuerzos; optimizar los procesos a través del uso de herramientas de la calidad y tecnología informática; sensibilizar a magistrados, funcionarios y empleados en el conocimiento y la práctica de la gestión de la calidad a través de la autogestión en todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); dar confianza a la comunidad respecto al desempeño coherente y transparente del organismo.

Por otra parte, el procurador general interino Casal señaló que la prueba piloto respecto de los procesos que abarcan las investigaciones preliminares desarrolladas en la PROCUNAR, la gestión de datos de secuestros extorsivos en la UFESE, la atención telefónica a personas privadas de su libertad que realiza la UFEP y el desempeño de la mesa de entradas de la DATIP arrojó "muy buenos resultados preliminares". Los integrantes del MPF abocados a esta tarea comparten los lineamientos institucionales orientados a desarrollar de manera gradual prácticas de calidad en sus ámbitos de intervención. Por ese motivo, la resolución invita "a las distintas fiscalías y direcciones del Ministerio Público Fiscal a que, en la medida de sus posibilidades y sin afectar su correcto funcionamiento, se incorporen al Sistema de Gestión de Calidad del organismo".

El desafío encarado a partir de la Resolución PGN 67/2018 encuentra su fundamento en el compromiso institucional por optimizar los estándares en la presentación del servicio de administración de justicia que brinda la institución.

Qué es el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) apunta a relevar, documentar y certificar procesos de trabajo, en este caso al interior de las distintas dependencias del MPF. Se trata de una demostración independiente del cumplimiento de normas que contribuyen al desarrollo tecnológico de la institución, a la estandarización de los procesos de gestión y al incremento de la eficiencia del organismo.

La certificación está a cargo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), representante argentino ante la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), cuyos certificados tienen validez nacional e internacional.